VITORIA - La tormentosa relación de los últimos tres años y medio entre el Ayuntamiento de Gasteiz y las firmas FCC y GMSM, como encargadas del servicio de limpieza viaria y recogida de basuras, ha llegado a su punto final. Las previsiones más optimistas del gabinete de Gorka Urtaran apuntan al próximo mes de octubre de 2019, como fecha en la que la nueva contrata adjudicataria puede empezar a prestar sus servicios. Espera el equipo de gobierno afrontar una etapa de cuatro años, hasta 2023, exenta de las tensiones en forma de despidos de empleados, amenazas de huelga y escrupuloso seguimiento de los servicios prestados, que han marcado esta última aventura con las dos firmas.

rebaja de tres millones El pasado viernes día 14, anunció el regidor jeltzale el acuerdo sellado entre ambas partes para la rescisión de un contrato, vigente desde el 1 de julio de 2015 y con duración hasta 2023, con la opción de prorrogarlo durante otros dos años más. Se trata del servicio más oneroso para las arcas municipales al suponer cada año un total de 22,8 millones de euros. Fue precisamente ese precio ofertado por la Unión Temporal de Empresas (UTE) de FCC y GMSM uno de los puntos que ha terminado por motivar el desencuentro. En su afán por presentar la mejor oferta, rebajaron casi tres millones el coste, desde los 25 en los que salió a licitación. Ese desfase, motivó que la UTE argumentara hace ya más de un año las falta de rentabilidad y pérdidas anuales de más de tres millones de euros para desistir de la labor en las calles de Gasteiz y pretendiera dar por finalizado el contrato. En los primeros meses de vida de ese vínculo llegaron los problemas con la apertura de diversos expedientes por no cumplir con las condiciones fijadas en los pliegos de adjudicación.

Desde julio de 2015 y durante ese primer año, fueron un total de siete los procedimientos iniciados por un valor cercano al millón de euros. Cuestiones como no realizar de la manera establecida la limpieza de los contenedores o la ausencia de los dispositivos GPS en los vehículos a lo largo de sus rutas para comprobar su labor fueron causa habitual de enfrentamientos. Un reguero de multas y sanciones, algunas por una cuantía de 30.000 euros, elevaron la tensión entre las partes.

Con el comienzo del año 2017 se elevó en varios grados la tensión con el despido de hasta ocho trabajadores del servicio. Aparecieron en el horizonte las amenazas de una huelga de limpieza, algo inédito en las calles de Gasteiz desde hace casi 27 años. Los esfuerzos por rebajar las diferencias lograron desactivar aquel intento de huelga, fijada para el 6 de marzo de 2017. Desde ese amago y durante el año y medio siguiente se han sucedido otras tres convocatorias más de huelga en los meses de junio, septiembre y diciembre del presente. Todas ellas llegaron a desactivarse en el último momento y se evitó la desagradable imagen de Gasteiz con los contenedores rebosantes de basura y las bolsas desperdigadas por las calles.

Desde ese punto de los despidos de los trabajadores, readmitidos con posterioridad, Ayuntamiento y contrata acordaron un inicio de negociaciones para llegar a una rescisión amistosa y sin que supusiera tener que afrontar cualquier tipo de indemnización. En este medio tiempo, la comisión jurídica asesora de Euskadi dio la razón al Ayuntamiento sobre el abono por parte de la UTE de las jornadas de absentismo, las primas de jubilación y la antigüedad de los trabajadores. De haber emitido un dictamen desfavorable a los intereses municipales, el Consistorio hubiera tenido que abonar una cantidad cercana a 1,7 millones de euros más por año. Un total de 13,6 en ocho años.

no habrá gestión directa Consumada la salida de las dos firmas prestatarias del servicio, el ejecutivo Urtaran ya ha dejado clara su intención de volver a sacar un pliego de licitación para poner en manos de otra firma el servicio. Ha cerrado las puertas a las peticiones de las formaciones de izquierda presentes en el Ayuntamiento a poner en práctica una gestión directa del servicio. Argumentan desde la parte jeltzale del gobierno los elevados costes que ello supondría y el hecho de que la actual plantilla de FCC y GMSM se incorporara a la plantilla de funcionariado. Ante esta tesitura, los técnicos la están enfrascados en redactar unos nuevos pliegos para un periodo de cuatro años, hasta 2023, como estaba previsto en el contrato ya finiquitado. “No está contemplado que se pueda incluir una prórroga de dos años adicionales”, remarcó el viernes Gorka Urtaran al ser cuestionado por la vigencia de ese nuevo contrato que supone el pago más caro de cada año al Ayuntamiento, 22,8 millones de euros.