VITORIA - La máquina compactadora y el bulldozer llegarán el próximo mes de agosto al vertedero de Gardelegi, según ratificó ayer el concejal de Medio Ambiente, Iñaki Prusilla, y como se contempla en el contrato firmado con FCC y Yarritu en abril del año 2015. El responsable del departamento compareció ayer, a petición propia, para poner coto a las “acusaciones más graves que se pueden escuchar en un Ayuntamiento como son las vertidas por EH Bildu de sobrecostes irregulares abonados a la contrata”, espetó el jeltzale. Recordó Prusilla la rueda de prensa del concejal abertzale Aitor Miguel del pasado 19 de diciembre en la que aireó los “pagos de 37.000 euros” por la financiación de una maquinaria reflejada en el pliego de condiciones, pero que aún no ha llegado al vertedero en los primeros dos años y medio de vigencia del acuerdo. Aquella mañana avanzó el soberanista su intención de pedir la comparecencia del alcalde, Gorka Urtaran, para ofrecer más detalles sobre esta cuestión. Transcurridos 49 días desde esa fecha, “aún no ha pedido la comparecencia y por eso la he pedido yo, para instar a EH Bildu a la rectificación pública de una afirmación que carece de fundamento”, expuso con enfado Prusilla.

Desbrozó el contenido del extenso articulado y cláusulas para señalar que, de todas ellas, “ninguna especifica que la maquinaria debía estar al inicio del contrato”, espetó mirando a Miguel. Aludió a la “decisión técnica y loable” adoptada por los servicios técnicos municipales de “no incorporarlas en un primer momento y alargar la vida útil de la actual, así como generar ahorro para la próxima licitación”, concretó. Para su incorporación a Gardelegi debe requerir el Consistorio a la UTE dicha maquinaria y ésta debe comprometerse a entregarla “en un plazo de seis meses”, puntualizó Prusilla. Repasó las cantidades de un contrato que supone el desembolso anual para las arcas municipales de 1.008.507,50 euros “sin contemplar revisiones de precios y la incorporación de las máquinas, con independencia de la fecha en la que se acometa esa operación”, especificó. “Si se hubieran leído el expediente y el pliego nos hubieran evitado esta comparecencia”, recriminó el jeltzale en alusión a EH Bildu.

informe del interventor Esgrimió además Prusilla un nuevo elemento que respalda la actuación del gabinete Urtaran en esta cuestión. Desveló el contenido de un reciente informe del interventor general, fechado el pasado 26 de enero, en el que considera “justificada hasta la fecha el cumplimiento del contrato, así como la correcta actuación de los servicios técnicos municipales”, leyó el jeltzale.

Por su parte, Miguel reprochó al PNV “querer hacer batalla política de esta cuestión y la elaboración de informes a medida para defender los privilegios de FCC, poniéndose de su lado”, se defendió en una tensa comisión. Justificó no haber solicitado todavía la comparecencia del alcalde al estar “contrastando nuevas irregularidades”. Y volvió a poner sobre la mesa la “realización de una auditoría a los contratos de FCC en el Ayuntamiento” de la capital alavesa.