Vitoria - La jornada dominical de ayer estaba señalada para suponer el estreno de la participación ciudadana con la fecha designada por el alcalde, Gorka Urtaran, para celebrar la primera consulta popular en la historia de Gasteiz. La medida era consecuencia directa de la aprobación y entrada en vigor, el 6 de octubre del pasado año, del Reglamento Orgánico de consultas ciudadanas. Se articuló ese reglamento como el “instrumento de participación para conocer la opinión de la ciudadanía, mediante un sistema de votación sobre asuntos de interés público de relevancia general y carácter local, que le afecten y sean de competencia municipal”, según reza en el artículo dos. Marcó además una diferenciación entre ambas, en función del ámbito de los temas abordados. Se consideran consultas populares cuando su resultado y efectos afecten al total de la ciudadanía. Es posible también llevar a cabo consultas sectoriales o de ámbito territorial limitado, cuando su resultados y efectos afecten de manera exclusiva a un territorio limitado o una parte del mismo o el municipio.

la traba de las firmas En la extensa redacción del reglamento, otorga a la figura del alcalde la potestad de señalar, hasta dos posibles fechas en un año para que la población se pronuncie. Designó Urtaran la fecha de ayer, 26 de noviembre, como jornada para una cita con las urnas, aunque se han consumido todas las hojas del calendario y los vitorianos no van a tener ningún tema sobre el que expresar su opinión. Los movimientos ciudadanos resaltaron, hace doce meses, el hecho de haber abierto la puerta a la participación ciudadana, reconociendo, pese a todo, la dificultad burocrática y legal que supone cumplimentar durante nueve meses de trámites. El principal obstáculo que ha dificultado consumar una consulta se erigió en el número mínimo de firmas requerido. En las consultas populares se estipula que debe ser el 10% de las personas empadronadas y mayores de 18 años, mientras para las consultas de ámbito territorial se precisa de ese 10% de los empadronados en el territorio afectado, y mayores de 16 años. Esta condición marca un mínimo de firmas, para aquellas iniciativas presentadas por cualquier iniciativa ciudadana, que necesita recabar 19.000 apoyos perfectamente validados y que se deben recoger en un plazo de 90 días naturales, ampliables en otros 30 más siempre que existan causas justificadas.

Esta barrera supone una traba al requerir un número de rúbricas que, ni siquiera llegan a cumplir tres de las seis fuerzas políticas con representación en el Ayuntamiento. PSE, Podemos e Irabazi cuentan con concejales con unos apoyos en las urnas que se quedaron en mayo de 2015 lejos de esa cifra. Los socialistas recabaron 14.313 votos, Podemos logró 10.390 y la coalición Irabazi obtuvo un edil con 6.130 votos. Incluso el actual regidor rebasó de manera ajustada esa barrera al obtener el PNV un total de 19.945 votos. Para limar esa piedra en el camino, a lo largo de este año se ha intentado rebajar las cantidad y que toda aquella propuesta que alcanzara los 9.500 apoyos recibiera el respaldo de las formaciones para simplificar los trámites, pero tampoco hubo consenso en ese punto.

POLÉMICA DEL TRANVÍA Lo que parecía una puerta abierta a la participación ciudadana en temas de relevancia no ha terminado por convertirse, hasta la fecha, en un elemento útil. Al recurrir a esta herramienta, emergió como primer posible tema de consulta la celebración de la feria taurina de la Virgen Blanca en 2018. Sin embargo, las previsiones se evaporaron cuando las corridas de toros para la pasada edición no llegaron a celebrarse al renunciar el empresario al año de contrato que tenía firmado y quedar desierto el posterior concurso. Puede resucitar la idea, si se vuelve a convocar un pliego y concurren interesados en reactivar la fiesta en el ciclo festivo.

Ha habido propuestas lanzadas por formaciones como Irabazi, con respecto a una hipotética ampliación del estadio de Mendizorroza, que no pasó de mero sondeo. Desde Podemos siempre se abogó por vincular las consultas a los temas de movilidad. De hecho, desde la formación morada se dio el paso de empujar esta cuestión y plantear en Pleno, el pasado 23 de octubre, la celebración de una consulta. La idea, inicialmente, no iba alcanzar la mayoría absoluta necesaria de 14 concejales solo con los votos de Podemos, Irabazi y EH Bildu. Sin embargo, el radical cambio en el sentido del voto del PP en esa misma mañana, permitió alcanzar y superar esa cifra y desbrozar el camino para una posible consulta.

Desde el equipo de gobierno, con el alcalde, Gorka Urtaran al frente, se respondió de inmediato a esta decisión para anunciar la decisión de los ediles jeltzales y socialistas, de interponer un recurso ante el juzgado contencioso-administrativo. Estima el equipo de gobierno que esta decisión del Pleno afecta a competencias no municipales al tratarse de una cuestión que viene desde el Gobierno Vasco. Mientras se presenta ese recurso, la planificación para el comienzo de las obras que llevarán el tranvía a Adurza y al Campus de la Universidad ya esta en marcha. La ciudadanía de Gasteiz tendrá que esperar a la fecha del 25 de noviembre de 2018 para saber si llega a celebrarse esa primera consulta.

La responsable de Participación Ciudadana resalta el “hito de dotar a la ciudadanía de una herramienta para propiciar consultas de temas relevantes”.

El concejal popular acusa al alcalde “prohibir la celebración de una consulta que es legal”, según el mandato del Pleno municipal del pasado 23 de octubre.

Desde EH Bildu lamentan la “ausencia de voluntad política” en esta cuestión al “centrarse en temas superficiales y no en cuestiones estratégicas de Gasteiz”.

Desde Podemos se sienten “engañados” por la actuación del equipo de gobierno “de cara a la galería y que, si permite consultas futuras, será sobre los proyectos que le interesen”.

El edil de Irabazi acusa a Gorka Urtaran de “paralizar las iniciativas que no sean de su agrado como estamos viviendo con la ampliación del tranvía al sur”.

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Noviembre. El alcalde, Gorka Urtaran, ya ha fijado la fecha para la posible celebración de una consulta ciudadana en el año 2018 y de nuevo ha reservado el último domingo de noviembre.