burgos - El negociador, por parte de la Diputación de Burgos, del Acuerdo Marco logrado con la Diputación Foral de Álava, a través de Pilar García de Salazar, considera que el futuro del enclave de Trebiño debe ser un tema vinculado al del resto de enclaves del Estado por la vía de una ley orgánica. De momento, las dos administraciones han llegado a acuerdos de colaboración que deberán mejorar la vida de los vecinos de ese territorio y el tema territorial está aparcado en la negociación.

Han transcurrido varios meses desde la consecución del Acuerdo Marco entre Burgos y Álava. ¿Cómo valora ese acercamiento entre las dos administraciones?

-Como no puede ser de otra forma, de manera muy positiva. La iniciativa partió de la Diputación Foral de Álava, que nos propuso un encuentro para sentarnos a discutir sobre los servicios que se podrían prestar a los municipios de Trebiño. Por nuestra parte aceptamos la apertura de ese diálogo para tratar de mejorar la vida de los vecinos, siempre en el marco de nuestras respectivas competencias y en esa tarea seguimos.

Se trata de un acuerdo que finalmente se va a materializar en convenios concretos.

-Así es. Se trata de optimizar, de buscar la eficacia y la cercanía para acordar qué administración puede realizarlo con esos criterios. De acuerdo con las competencias que le corresponden a la Diputación de Burgos estamos preparando la colaboración en la integración y atención social a personas mayores, discapacitados y dependientes; los protocolos y coordinación en la lucha contra la violencia de género y las políticas públicas en materia de igualdad; las políticas públicas en materia de juventud; la protección civil y atención de emergencias, en particular en materia de prevención y extinción de incendios y salvamento; las infraestructuras de comunicación y transportes; los planes de vialidad invernal; los proyectos de conservación, mantenimiento y restauración de elementos menores de equipamiento e infraestructuras promovidos por los ayuntamientos; los proyectos de conservación, mantenimiento o restauración de bienes artísticos, calificados o protegidos con sistemas de protección cultural; los proyectos de protección del medio ambiente y de espacios singulares, recogida y gestión de residuos, protección e intervención en materia de aguas; la promoción y protección del medio rural, coordinando políticas dirigidas a fomentar la actividad económica en sí misma como al apoyo, desarrollo e impulso a las personas y a los proyectos que se ubiquen en el medio rural; la colaboración en la gestión de la recaudación municipal; facilitar la contratación administrativa centralizada de suministros y servicios, y la promoción de actividades culturales, educativas y aprendizaje y normalización euskera.

Otros asuntos quedaron fuera de este ámbito de negociación, ya que son competencia de la Junta de Castilla y León.

-No podemos entrar en materias que no son de nuestra competencia, como es el caso de sanidad, educación, servicios sociales o mantenimiento de carreteras. Incluso hay flecos de los temas que habíamos incluido en el Acuerdo Marco que deben ser revisados por la Junta de Castilla y León. Y de hecho los están estudiando en estos momentos.

Lo que quedó claro desde el principio de estos encuentros es que la territorialidad queda fuera de la negociación, aunque desde Burgos no se pondría impedimento a un proceso de segregación cumpliendo el procedimiento establecido.

-Nuestro punto de vista es muy claro y sencillo. Hay una clara pertenencia de Trebiño a Castilla y León, igual que desde Álava hay un deseo de integrar ese territorio. Pero es que, además, en Burgos queremos que Trebiño siga estando en Castilla y León. Por lo tanto, no vemos inconveniente en llegar a acuerdos de colaboración para prestar servicios, pero la territorialidad es un tema distinto, en el que no hemos entrado porque desde la Diputación Provincial de Burgos lo que corresponde es la defensa de nuestro territorio.

Pero no cierran por eso un proceso que se ajuste a la ley.

-Por supuesto que no. Entiendo que el procedimiento estatutario está agotado, pero hay vías. Sin embargo, el primer paso es que el que lo tiene que dejar no quiere hacerlo. Y para empezar hay que querer. Creo que la fórmula debe pasar por recuperar la Ponencia de Enclaves del Senado del año 1995, pero no solo para Trebiño, sino para los numerosos casos de enclaves que hay por todo el país.

Quienes están dirigiendo desde Trebiño los sucesivos intentos de segregación afirman que, en el trámite realizado para aprobarlo a través de una ley orgánica, está la resolución a este asunto.

-Así es, a través de una ley orgánica que defina el mapa territorial del país, pero insisto en que Trebiño es burgalés y aunque algunos vecinos quieren ser alaveses no todos están en la misma idea.

¿La situación que se está viviendo en Cataluña se puede trasladar al caso de Trebiño?

-Tiene una cierta similitud. El derecho a decidir no es solo de los catalanes, sino de todos los españoles y en el caso de Trebiño también lo es. Así lo establecen las leyes y a eso hay que ajustarse hasta que haya una ley que diga lo contrario. De momento ése es un proceso lejano y ahora con lo que estamos es con los convenios de servicios.

Entre Burgos y Álava se han hablado de diversas prestaciones de servicios, pero hay otras que se deben negociar con la Junta de Castilla y León. ¿Conoce cómo está esa situación?

-La Diputación de Burgos es competente en muchas materias, pero en otras es la Junta de Castilla y León quien debe tomar las decisiones. En cualquier caso, nosotros, como Diputación, debemos informar a la Junta. Ése es un tema. Otro es que el nivel de competencias de la Diputación Foral de Álava es mayor que el nuestro como institución provincial. Y ahí es donde debe entrar la Junta. Pero, al mismo tiempo, hay temas que la Junta prefiere negociar con el Gobierno Vasco por considerar que ése es el ámbito competencial. En este caso, opino, que no habría inconveniente en que en la mesa en la que estén los gobiernos de las dos comunidades autónomas haya un espacio en determinados momentos para la Diputación Foral de Álava para tratar temas en los que tiene capacidad de gestión.

¿Cómo han sido las relaciones entre las dos diputaciones, la alavesa y la burgalesa? Durante mucho tiempo se ha trasladado una imagen de enfrentamiento o al menos de distanciamiento?

-Es cierto que parecía que había un cierto enfrentamiento, pero el clima actual es de diálogo y de transparencia. En este sentido sí que debo reconocer el papel conciliador y posibilista de Pilar García de Salazar, teniente de diputado general, que ha facilitado mucho la buena voluntad y diálogo entre las dos administraciones.

¿Y la relación con los dos ayuntamientos del enclave y con la Comisión de Integración?

-Los ayuntamientos reivindican ese espacio de toma de decisiones. En otros tiempos las relaciones eran más complicadas con La Puebla de Arganzón y ahora lo son con Condado de Trebiño, pero las competencias legislativas son las que son y a ellas nos debemos ajustar. Entiendo las aspiraciones, que pueden ser hasta legítimas, de los ayuntamientos, pero no podemos permitir que unos vecinos arrastren a otros tratando de lograr la integración en Álava. Con la Comisión de Integración nos hemos reunido y les hemos transmitido nuestra postura y el procedimiento al que se deben ajustar.

Las partes del enclave afirman que no tienen el mismo nivel de servicios que cualquier otra localidad de Castilla y León.

-No es así. Tanto la Diputación de Burgos como la Junta de Castilla y León ofrecemos los mismos servicios a todas las personas de nuestro territorio.

Y otros argumentan que las distancias son un problema, que Burgos está muy distante de Trebiño?

-Más o menos a la misma distancia que Miranda de Ebro, que es donde vivo yo. Las distancias son relativas para todos. Sólo en Burgos hay 371 ayuntamientos y el territorio de Castilla y León es trece veces mayor que el del País Vasco. Pero la prestación de servicios llega a todos por igual.

¿En qué estado se encuentran los borradores de convenios remitidos por la Diputación de Álava?

-Se encuentran en diferentes momentos administrativos. Unos están con las partidas abiertas para ajustar el gasto que requieren. De hecho, a la Diputación Foral de Álava le urge la concreción del gasto porque están con las comparecencias en Juntas Generales para explicar el Presupuesto para el año 2018. Otros convenios se han enviado para su consulta a la Junta de Castilla y León, bien porque hay aspectos relacionados con su ámbito competencial o porque hemos realizado la consulta para que esos convenios queden consensuados sin ningún tipo de controversia

¿Pero hay fechas previstas para su visto bueno?

-Por pura lógica tienen que quedar aprobados antes de fin de año, para que aparezcan reflejados en los respectivos presupuestos de las dos administraciones.

Dado el buen clima entre las dos administraciones, ¿no quedará algún contencioso coleando en algún tribunal entre Burgos y Álava?

-La verdad es que la Diputación de Burgos no ha recurrido nunca ningún acuerdo de los ayuntamientos de Condado o de La Puebla de Arganzón. Ha sido la Junta de Castilla y León la que promovió algunos, como los que han sido sentenciados en las últimas semanas referido a la solicitud realizada a la Diputación Foral de Álava pidiéndola la máxima implicación en el servicio de recaudación de impuestos y tasas en Trebiño, así como otros acuerdos en materias relativas a agricultura, transportes o plan de viabilidad invernal. Pero es que cada uno debe ajustar su trabajo al marco competencial que le corresponde. Estos temas han quedado resueltos con la sentencia judicial y con los acuerdos adoptados por los plenos cancelando esos acuerdos. Pero la Diputación de Burgos no tenía ningún recurso presentado.