Vitoria - El juzgado de refuerzo de Primera Instancia número 5 de Vitoria de cláusulas suelo ha ingresado desde junio hasta la fecha un total de 780 asuntos relacionados tanto con los intereses abusivos de hipotecas, así como con la reclamación de los gastos notariales, inscripción e impuestos de las mismas que hasta hace poco eran asumidos en totalidad por los clientes, en vez de ser compartidos por las entidades financieras. A raíz de estas demandas, según ha podido saber DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA, la juez encargada en la capital alavesa de esta problemática, Inmaculada Samaniego, ha dictado un total de 150 sentencias, que, por lo general, suelen fallar a favor del consumidor, si bien, la casuística suele ser variada.

El primero de estos reveses judiciales, aplaudidos por consumidores, comenzó después de que el 23 de diciembre de 2015, justo en las puertas de Navidad, viera la luz una sentencia del Tribunal Supremo en la que se declaró abusiva la práctica de imponer todos los gastos de formalización de las hipotecas al prestatario, es decir, al cliente. Fallos como éste han hecho que los hipotecados dejen de pagar todo lo relacionado con la tramitación de sus créditos relacionados con las vivienda. Así, “lo normal”, ahora, como detalla el juez decano de Vitoria, José Luis Núñez Corral, es que los gastos notariales se repartan a medias. Igualmente, esto sucede con todos los derivados de los honorarios de la gestoría con el fin de que haya una relación equilibrada también entre ambas partes, mientras que en el caso de los de registro (gastos ocasionados por la inscripción de la hipoteca en el Registro de la Propiedad) la cosa cambia, al concluirse que sea el banco el que los pague.

Respecto a las cláusulas suelo, el Consejo del Poder Judicial (CGPJ) puso hace cinco meses en marcha un plan de urgencia para hacer frente al previsible aumento de las demandas relacionadas, a raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), de 21 de diciembre de 2016, que anulaba los topes de esos intereses. Desde entonces, son cinco los magistrados que se ocupan de estos asuntos en la actualidad en Euskadi: tres en la capital vizcaína, uno en la alavesa y otro en la guipuzcoana. Se trata de jueces que terminarán su proceso de formación a finales de año, fecha en la que podrán concursar voluntariamente a otras plazas judiciales, según informan fuentes jurídicas.

En el caso de Gasteiz, por ejemplo, el Gobierno Vasco ha nombrado a dos funcionarios y el CGPJ a una juez de la Escuela Judicial, de la última promoción. En este caso, a Inmaculada Samaniego. A todo ello hay que añadir que, aún, en Vitoria quedan otros 140 asuntos pendientes por cláusulas suelo de añadir vista o lo que es lo mismo, de fijar la cita para el juicio, una vez verificada la imposibilidad de negociación. En este sentido, la fecha del último señalamiento previsto para Gasteiz es para el 1 de marzo de 2018.

Desde el principio de la especialización de estos juzgados se ha constatado una “entrada masiva de casos” y con una tendencia al alza, debido también al “efecto llamada”, que supone la resolución de esos asuntos. Como ejemplo, desde la puesta en marcha de estos juzgados el pasado 1 de junio un total de 5.049 asuntos han ingresado en Euskadi y se han celebrado casi 544 vistas y se han dictado más de 360 sentencias durante estos cinco primeros meses de funcionamiento, de los que Gipuzkoa (Primera Instancia número 6 de Donostia) es el único juzgado dedicado a estos casos, mientras que en el resto (el Juzgado de Primera Instancia número 11 de Bilbao, y Primera Instancia número 5 de Vitoria) hay un refuerzo sobre esta materia en los mismos.

Locales y viviendas El propio juez decano ayer por la tarde, y como ya ha intervenido en media docena de encuentros durante este año, con el fin de hacer más “transparente, eficaz y accesible” el poder judicial que representa, fue el ponente de unas jornadas organizadas por la Asociación de Propietarios Urbanos de Álava, que bajo el título de La eterna conflictividad entre locales y viviendas, tenían como fin aclarar dudas de las comunidades respecto a elementos comunes y privativos en la Propiedad Horizontal. “A cualquiera que me inviten, voy”, detalla Núñez Corral en respuesta a la pregunta de si lleva la cuenta de todas las jornadas en las que ha participado durante este 2017 y entre las que no han faltado la cota cero.

En este encuentro de Artium de ayer, con un aforo para 140 personas, se habló, por ejemplo, de cómo hay que leer muy bien los estatutos para saber qué es lo que comprende, en realidad, un local “porque muchas veces no es un desierto”. Así lo aclara la abogada y gerente de la Asociación de propietarios urbanos de Álava, Blanca de la Peña, en referencia al tema de la que será la última reunión del año para asesorar sobre lonjas y viviendas.

Sin embargo, ello no quiere decir que la problemática no se trate a partir de 2018. De hecho, la intención por parte de su agrupación es crear una especie de congreso, con dos jornadas, una jurídica (derechos y deberes de propietarios) y otra más técnica (rehabilitación o Inspección Técnicas de Edificios (ITE)) con el fin de que la población tenga “unas pinceladas”, de qué tiene que hacer. “En enero empezamos con charlas de ITE porque nos faltan 2.000 comunidades en Vitoria por pasarla”, lamenta De la Peña.