VITORIA - El trabajo y actividad en el interior de Garoña continúa 110 días después de que, el pasado 1 de agosto, el ministro de Medio Ambiente, Álvaro Nadal, certificara que la central nuclear no volverá a entrar en funcionamiento y marcara el comienzo de la fase previa al largo y costoso desmantelamiento del recinto. Como consecuencia de esa decisión, para los 226 trabajadores de Garoña, el reglamento de funcionamiento, aprobado por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), “establece que el número mínimo de trabajadores que deben permanecer en el recinto en la fase de predesmantelamiento son 108 personas”, explican representantes sindicales de Garoña a DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA. “Se ha optado por situar la cifra en 119 trabajadores en la actualidad y contar con un colchón de once más de los que marca la normativa por temas organizativos”.

salida de 118 trabajadores El convenio colectivo, que fija las condiciones laborales de los empleados, establece la salida de los mismos mediante las vías de la recolocación en otros recintos nucleares y la prejubilación cuando se trate de casos de predesmantelamiento. De esta forma dirección y parte sindical se enfrascaron en consensuar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que sentara las bases de los trabajadores que abandonaban el recinto burgalés, bien hacia otros puntos de producción, o entraban en las condiciones de prejubilación. “El 4 de octubre tres de las cuatro partes sindicales de la empresa procedieron a ratificar el ERE, mientras la cuarta de ellas lo sometió a una última revisión. Tras presentarse por la vía de urgencia máxima, en cinco días recibió la autorización para su aplicación”, relatan.

De esta manera se concretó en que fueron finalmente 68 los trabajadores que deben ser trasladados a otras centrales nucleares, “aunque se les propuso esa medida a más”, y otros 50 optaron por la prejubilación. A los empleados con cambio de destino se les ofreció moverse a centrales como las de Vandellós I, Ascó I II, Cofrentes y Almaraz I II, todas ellas plantas que controla Nuclenor, al igual que la de Garoña. “La incorporación de estos empleados en sus nuevos puestos ha sido también muy rápida, porque entre el 2 y 6 de noviembre tuvieron que incorporarse ya a los nuevos destinos”, concretan desde los sindicatos a DNA.

En cuanto a la lista de prejubilados se estipuló la franja de edad en los 57 años como barrera y cifra a partir de la cual los trabajadores que estuvieran dentro de esos límites pudieran optar por esta medida. “La edad mínima se marcó en esos 57 años, pero la mayoría de los prejubilados están en los 60 años y también por encima de esa cifra”, puntualizan desde las centrales. La gran mayoría de los prejubilados empezó a disfrutar de su nueva situación a comienzos de este mes. Sin embargo, “aún queda algún prejubilado en la planta, que saldrá a finales de año, y que por cuestiones de los puestos que desempeñan y la transmisión del conocimiento a quienes van a continuar con sus funciones están llevando a cabo esa función”, relatan.

Con los 119 trabajadores actuales que se mantienen en la plantilla se continúa “trabajando en cuestiones de mantenimiento y para compactar los residuos de media y baja actividad que aún hay, porque esto sigue siendo una central nuclear”, apuntan los representantes. Si que se nota, sin embargo, diferente ritmo de actividad en lo referido a las empresas colaboradoras y su personal que antes realizaban diversas labores. “Son unos 150 trabajadores que ya no están en la planta”.

Quedan por delante tres años de predesmantelamiento, hasta que la firma pública de Enresa, especializada en desmantelar centrales nucleares, asuma el control en Garoña y acometa las tareas propiamente dichas. Hasta entonces se regirán los empleados con el nuevo convenio colectivo firmado por unanimidad por las cuatro centrales.