vitoria - La portavoz de Greenpeace para asuntos nucleares, Raquel Montón, cree que los trabajadores de la central de Santa María de Garoña tendrán su futuro “asegurado” para varios años, pese al cierre definitivo de la planta atómica. Montón piensa que la plantilla directa de la planta, algo más de doscientos trabajadores, podrá acogerse a jubilaciones o traslados.
La situación es más complicada para los doscientos empleados de empresas subcontratadas por Nuclenor, la propietaria de la central de Garoña, aunque la portavoz ecologista se ha mostrado convencida de que los servicios que prestan encajan en su mayoría con tareas que se tienen que seguir realizando durante el desmantelamiento, que puede prolongarse “durante quince o veinte años”. Montón recuerda las conclusiones del estudio que Greenpeace encargó a una consultora, que estimó que el cierre de todas las nucleares españolas generaría unos 100.000 puestos de trabajo durante los años que durara su desmantelamiento. En su opinión, el principal problema de un supuesto de este tipo es que el fondo que se creó para que la Empresa Nacional de Residuos (ENRESA) asuma el desmantelamiento y al gestión de residuos radiactivos no comenzó a nutrirse con fondos de las eléctricas propietarias y ahora es “claramente insuficiente”. - Efe
