Vitoria - Desvanecida la amenaza nuclear, la sombra de Garoña será alargada y el camino hacia su cierre especialmente intrincado. En el mejor de los escenarios, su clausura definitiva se prolongará previsiblemente, según señalan fuentes del sector, hasta 2033 o 2034. Los precedentes son escasos, pero como bien recordó ayer José Ramón Armada, responsable de clausurar en su día el reactor nuclear de la central catalana de Vandellos 1, el proceso de descontaminación no será menor a quince años. Cristina Narbona, consejera del Consejo de Seguridad Nuclear hasta hace dos meses, ponía por su parte sobre la mesa el proceso de la planta de Zorita (Guadalajara), iniciado en 2006 y todavía sin concluir.
Por el momento, el encargado de acometer el principio del fin de Garoña, la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), anunció en un comunicado que está preparando la documentación necesaria para solicitar el desmantelamiento y la transferencia de titularidad de la planta, tras la denegación de la licencia de explotación anunciada el martes por el ministro de Energía, Álvaro Nadal. Sobre las tareas preparatorias para la clausura, Enresa subrayó que se llevarán a cabo “en conjunción con el actual titular de la instalación, Nuclenor”. Antes de que la sociedad participada a medias por Iberdrola y Endesa entregue la planta a Enresa para que ésta la desmantele, a Nuclenor le corresponderá la tarea de trasladar el combustible gastado, actualmente en la piscina de la central, al Almacén Temporal Individualizado (ATI) de la central, en principio como paso previo a su envío al Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas en Cuenca, que ni siquiera ha empezado a construirse a la espera de que el CSN apruebe el informe para su creación.
Mientras tanto, el ATI de Garoña, adjudicado a la ingeniería Idom por un coste de 10,5 millones de euros y que según los plazos iniciales debía estar finalizado hace unos meses, no está todavía completado en su totalidad -parece que no se retrasará más allá de este año-, pero cuando lo esté sus primeros contenedores -el proyecto contempla disponer de un total de 32 en el futuro- tampoco estarían preparados para acoger la totalidad de los residuos nucleares de alta actividad de Garoña.
Las opciones pasarían entonces por mantenerlos en la piscina, con el problema que supondría para el proceso de desmantelamiento, o trasladarlos a un almacén extranjero, con el coste económico que supondría. A este respecto, el portavoz de Ecologistas en Acción para temas de energía nuclear, Francisco Castejón, consideraba ayer en declaraciones a Efe que “no sería disparatado dejar los residuos en ATI de forma temporal ante la falta de una solución técnica satisfactoria”. El destino de los residuos de baja actividad está más claro, pues irán a parar a las instalaciones que Enresa mantiene a tal efecto en El Cabril (Córdoba).
A la espera de que arranquen los trabajos sobre el terreno, la central debe abordar un sinuoso proceso administrativo. Enresa debe presentar al Ministerio de Energía el denominado “estudio básico de estrategias para el desmantelamiento”, que se enviará asimismo al CSN, y solicitar su autorización al plan de desmantelamiento. En paralelo, presentará el estudio de impacto ambiental y la solicitud para recibir también la autorización del Ministerio de Energía. Una vez finalice el proceso burocrático, Enresa se encargará de desmontar la planta, retirar el reactor y descontaminar la zona, cuyos terrenos pasarán después de nuevo a ser propiedad de Nuclenor, que en principio podrá destinarlos al uso que considere oportuno. Aunque el reglamento de instalaciones nucleares y radioactivas no establece plazos concretos, el proceso de desmantelamiento debe arrancar unos seis años después de la parada definitiva del reactor, algo que en Garoña se produjo en diciembre de 2012.
El final de la vetusta central nuclear supondría un coste mínimo de 600 millones de euros, de los que Nuclenor, es decir, Iberdrola y Endesa, abonarían cien millones, quedando el resto a cargo de Enresa a través del fondo para la financiación de actividades del plan general de residuos radioactivos, que a cierre de 2016 disponía de un montante total de casi cinco mil millones de euros.
Con el futuro de sus cerca de 250 trabajadores por resolver -ayer celebraron una asamblea-, así como el de los empleados de las contratas que dependen de la central, el Partido Popular asegura sobre el futuro de la central, en palabras de su coordinador general, Fernando Martínez-Maíllo, que “al Gobierno, evidentemente, le hubiera gustado tomar otra decisión”. Sea como fuere, Garoña es pasado, aunque su historia tiene aún un largo futuro para llegar al final.
El coordinador general del PP achaca el cierre definitivo de la central nuclear burgalesa a que “en la situación política que vivimos actualmente no existía el consenso político necesario”.
La Empresa Nacional de Residuos Radioactivos será la encargada de desmantelar la central.
La hasta hace dos meses consejera del CSN asume que la clausura definitiva de la planta “tardará varios años en completarse”.
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El Almacén Temporal de Residuos (ATI) de Garoña fue adjudicado a la ingeniería Idom por 10,5 millones de euros.
