Vitoria. Estos datos se recogen en un estudio encargado por la Diputación alavesa en el que se analizan las cargas de trabajo de los servicios de atención básica de la zona rural alavesa y se proponen mejoras.

En un comunicado, la institución foral ha explicado que en la actualidad en los pueblos de la provincia hay 22 trabajadores sociales, de los cuales todas menos uno son mujeres, con una media de veinte años de experiencia y con más de 15 años en el mismo puesto. El pasado año estos servicios atendieron 5.660 casos.

El informe constata que Álava mantiene la ratio más alta de profesionales por población del conjunto de la Comunidad Autónoma Vasca, con una trabajadora social para 3.663 habitantes.

En 2014 y según los datos del Eustat, Álava también estaba a la cabeza de Euskadi con una profesional por cada 4.220 ciudadanos, frente a 4.327 en Gipuzkoa y 5.384 en Bizkaia.

No obstante, el estudio se constatan diferencias entre las distintas cuadrillas alavesas y para corregirlas propone el incremento de personal en algunas comarcas del territorio y la introducción de cambios organizativos para incrementar la eficiencia de la plantilla y su bienestar psicosocial.

Según el informe, las trabajadoras sociales dedican el 85 % del tiempo a las tareas propias de los servicios de base, como la gestión de casos, la valoración y la elaboración de planes individuales y seguimiento.

El 15 % restante de sus horas laborales lo destinan a funciones que corresponden a los servicios sociales municipales o a la administración municipal general.

El Departamento foral de Servicios Sociales ha trasladado este estudio a los grupos de las Juntas Generales de Álava, así como a la cuadrillas y ayuntamientos de la zona rural del territorio, con los que analizará en próximas fechas las conclusiones y las mejoras propuestas en el informeLos servicios sociales de base, que actúan como primer punto de acceso de la población al sistema vasco de servicios sociales, son de competencia municipal, aunque la Diputación financia gran parte del gasto que supone su mantenimiento para todos los ayuntamientos de la zona rural, que prestan este servicio de forma mayoritaria a través de las cuadrillas.