- Si los plazos previstos se cumplen, Gasteiz tendrá antes del verano un nuevo programa de ayudas municipales con el que el Ayuntamiento pretende mejorar su respuesta a las necesidades de las familias que están atravesando por una situación de dificultad. Las prestaciones, que cubrirán parcelas básicas como la alimentación, el calzado, el vestido o la higiene, continuarán el próximo lunes los trámites hacia su aprobación definitiva mediante el debate de las enmiendas presentadas por la oposición, 62 en total, y han encontrado la voz más discordante en el grupo municipal del Partido Popular. Los populares han presentado la única enmienda a la totalidad del proyecto y han llegado a calificar este nuevo catálogo como la “RGI vitoriana de Urtaran”, al tiempo que han recurrido a viejos fantasmas como el “efecto llamada” y han censurado las supuestas “duplicidades” que se van a generar al sumarse a otras prestaciones.

Tras varias declaraciones públicas en esta línea desde las filas del PP, el responsable municipal de Políticas Sociales, Peio López de Munain, realizó ayer un llamamiento a la “responsabilidad política” y mostró su “preocupación” por estos mensajes, que a su juicio llevan a la ciudad “a escenarios pasados que sólo conducen a la división y la crispación”, en clara alusión a la etapa en la que Javier Maroto gobernaba Gasteiz. “La ruta social del PP es la ruta de la desinformación y las medias verdades”, criticó el también teniente de alcalde de la capital alavesa. A juicio de López de Munain, el discurso de los populares fomenta el mensaje del “miedo”, porque asegura que “las ayudas no llegarán a quienes las necesitan”, y también el del “enfrentamiento”, porque “vuelve a insistir en la división entre los de aquí y los de allí”. Sin embargo, según recordó, los criterios para acceder al nuevo programa de prestaciones son en su planteamiento “exactamente iguales para todas las personas”, mientras que un recorte de las mismas, como plantea el PP en su enmienda, “afectaría a todos los ciudadanos, incluidos los vitorianos de toda la vida”.

La portavoz de esta formación en Vitoria, Leticia Comerón, presentó el pasado miércoles una propuesta alternativa de prestaciones que plantea “eliminar las ayudas duplicadas”, llegar “a personas desatendidas que lo están pasando mal” como los autónomos que han tenido que cerrar sus negocios y “modificar los requisitos de acceso para introducir control”. Según detalló la portavoz popular en Políticas Sociales, Ainhoa Domaica, la piedra angular de este sistema pasaría por aumentar de seis meses a un año el plazo de empadronamiento para acceder a estas prestaciones, “salvo en casos de excepcionalidad como las ayudas para comida y farmacia”.

La propuesta plantea también exigir a los potenciales perceptores carecer de antecedentes penales por delitos graves, exigir la búsqueda activa de empleo, limitar el tiempo de cobro y reducir en un 50% la cuantía máxima que se puede cobrar por unidad familiar, hasta los 750 euros. Junto a la ya citada enmienda a la totalidad, el PP ha presentado otras 22 parciales sobre el total de 30 puntos que contiene la ordenanza. Aunque en su respuesta de ayer a las críticas populares López de Munain remarcó que “todo se puede hablar y debatir”, el responsable municipal incidió en que siempre debería hacerse “desde un discurso responsable”. “No vamos a consentir que nadie encienda nuevamente la mecha de la división y del enfrentamiento social. Es nuestra preocupación y, me consta que también la del resto de grupos”, advirtió.

“sin cambios” Yendo a lo concreto, López de Munain rebatió que el porcentaje del 175% sobre la RGI que el modelo municipal propone “es el mismo” que aplicó el gabinete Maroto en la anterior ordenanza, y que rebajar las cuantías propuestas “supondría dejar de cubrir necesidades muy importantes, principalmente las relacionadas con la vivienda”, lo que a su juicio derivaría en un incremento de los desahucios. López de Munain también aludió a los adelantos de la RGI y de la Prestación Complementaria de Vivienda que el PP hizo la pasada legislatura y que el actual Ayuntamiento “no va a hacer”, con lo que el Consistorio va a ahorrar un millón de euros al año. Fuentes populares, no obstante, matizaron tras la comparecencia que el Gobierno municipal seguirá manteniendo estos adelantos “por la vía de la excepción”.

El titular de Políticas Sociales insistió en el perfil eminentemente técnico de estas ayudas, que “no se apoyan en criterios políticos”, ya que serán siempre los profesionales sociales quienes determinarán qué modalidad de prestación será la más adecuada para cada caso. El concejal también negó que no exista un control sobre las ayudas, ya que todas necesitarán justificación salvo las de necesidad básica, con las que se realizará un seguimiento a través del cumplimiento de un Plan de Intervención Familiar. Respecto al efecto llamada, el teniente de alcalde censuró que se trata de “un concepto que se ha inventado el PP sin ningún dato”.

Requisitos. Los requisitos para acceder al nuevo catálogo de ayudas, si finalmente se implementan tal y como las ha diseñado el gobierno municipal de Gasteiz, serán ser mayor de edad, estar empadronado con seis meses de antelación a la solicitud, no disponer de recursos económicos y participar en un Plan de Intervención Familiar. El requisito de padrón y residencia efectiva de seis meses es una de las novedades del programa, con el que Vitoria se equiparará al resto de capitales vascas.