el polvorín de Abetxuko, a pesar de las numerosas chispas que ha soportado a lo largo de los últimos meses, no ha llegado a estallar del todo y en estos momentos, tras desvelarse que el Ararteko trabaja en la resolución del conflicto de manera consensuada con el Ayuntamiento de Vitoria, vive un momento de calma tensa. Durante este tiempo, el pueblo barrio ha sido testigo de cómo su habitual unidad se desgajaba en dos frentes. De un lado, la familia Manzanares Cortés, llegada a la zona de forma ilegal el pasado verano desde Bilbao y que cuenta con el apoyo de un matrimonio mayor, con el de un vecino firmante de varios manifiestos y con el de los integrantes de SOS Racismo Araba, con el controvertido Fede García a la cabeza. En el bando opuesto, el resto de Abetxuko. Quienes defienden a los miembros del clan de los pichis aseguran que el barrio les repudia por su condición de gitanos y hablan abiertamente de racismo, pese a que en el barrio conviven pacíficamente desde hace décadas varias familias de esta misma etnia. Quienes no los quieren en Abetxuko recuerdan que se instalaron de forma ilegal en la casa de una de las vecinas de la zona, que protagonizaron un incidente con la panadera del barrio por el que fueron condenadas tres personas y que los episodios de amenazas y de enfrentamientos a pie de calle con los vecinos se han repetido desde que la familia se instaló en la zona. Tanto es así, que la plataforma creada por los vecinos para protestar por la presencia de este colectivo en Abetxuko enarbola el esclarecedor nombre de Delinkuentzia Kanpora. Un lema con el que quieren dejar claro que en Abetxuko no existe el racismo.

Después de una agitada temporada marcada por la tensión, la fractura social en el barrio, las broncas exportadas al Palacio de Justicia y el enfrentamiento -a veces con resultado de denuncia-, parece que las aguas, que se adivinaban a punto de descontrolarse en cualquier momento, se han apaciguado a la luz de las últimas informaciones reveladas por DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA. La oficina del Ararteko ha confirmado que trabaja conjuntamente con el Ayuntamiento de Vitoria en la reconducción del problema y que se realojará a los miembros de los pichis -no exclusivamente a los Manzanares Cortés- en una vivienda de alquiler social fuera de Abetxuko. La noticia ha tranquilizado a los residentes, quienes debido al grado de crispación que se había alcanzado no veían otra alternativa válida al margen de la reubicación y la salida del barrio. También, al parecer, ha dado pie a la aparición, esta misma semana, de más miembros del clan por la zona. Alrededor de ocho adultos que, con niños pequeños a su cargo y realizando papeleos con Fede García, se han dejado ver esta semana por Abetxuko.

En el marco de las negociaciones que se han llevado a cabo con todas las partes implicadas, los vecinos han accedido a suspender las movilizaciones callejeras que se llevaban a cabo de forma ininterrumpida desde hace meses. Los pichis también han accedido por su parte a aceptar las decisiones que se adopten a nivel interinstitucional y han aceptado, al parecer, desvincularse de uno de los elementos que mayor fricción dicen que ha causado en las relaciones con los vecinos: el responsable de SOS Racismo Araba, Fede García. De hecho, las dos disputas más agrias relacionadas con todo este asunto se han vivido en el Palacio de Justicia. Ambas después de la celebración de juicios y con voluntarios de la citada organización de por medio.

Precisamente en el edificio que alberga los juzgados es donde se han presenciado algunas de las escenas que mejor ilustran la tensión acumulada. Puesto que todo comenzó con la ocupación del número 52 de la calle de El Cristo por parte de los Manzanares Cortés, en un principio fue la Asociación de Vecinos Uribe Nogales la que lideró la respuesta ciudadana y la que organizó a los abetxukotarras para rechazar este acto que posteriormente se confirmaría ilegal por parte de una juez. Desde la primera cita en el Palacio de Justicia se vio que el barrio actuaba como una sola persona e incluso los funcionarios de Justicia se sorprendían al ver tanto público asistiendo a una vista pública.

El primer asunto judicial que tuvo en vilo al barrio fue el del lanzamiento cautelar de los Manzanares Cortés. Durante semanas, se especuló con la posibilidad de que la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Vitoria ordenara actuar y finalmente dio el paso. Lanzamiento judicial cautelar, es decir, desahucio obligatorio de la casa por haber accedido a la misma de forma ilegal. A finales de noviembre se anunció la medida, que abrió un paréntesis de tranquilidad en la zona. Fue fugaz, porque gracias a la mediación de Fede García, que trató con una de las vecinas de la calle y consiguió que les alquilara su casa. Una victoria moral para los pichis y para el responsable de SOS Racismo Araba, que ofreció una multitudinaria conferencia de prensa para anunciar que los Manzanares Cortés permanecían en la zona y, en lo que algunos consideraron el colmo de la ironía, colocaron una serie de carteles en la vivienda de la que acababan de salir agradeciendo a su dueña haber prestado su vivienda para que una familia vasca sin recursos pudiera subsistir durante unos meses. En aquel mismo momento, Arantxa, titular del inmueble, estaba siendo intervenida en el Hospital Txagorritxu a causa de una grave enfermedad.

Para cuando se produjo la segunda cita judicial, Uribe Nogales ya había dado un paso a un lado y la plataforma ciudadana Delinkuentzia Kanpora había tomado el relevo. La vista estuvo relacionada con una denuncia interpuesta por Sandra, la panadera del barrio, quien acusó a tres jóvenes integrantes del clan de haberla insultado y amenazado gravemente poco después de que los pichis llegaran al barrio. La citada denuncia se interpuso y se retiró en varias ocasiones debido a que la mujer aseguraba sentir miedo a las represalias por parte de los Manzanares Cortés. Finalmente y gracias al apoyo del barrio, Sandra la presentó de forma definitiva y el juicio se celebró. La juez falló a favor de la panadera y se impuso a las acusadas una multa conjunta de 180 euros. Ya entonces se presenciaron escenas de nerviosismo. La primera cuando en los pasillos de los juzgados el presidente de Uribe Nogales, Oskar González, recriminó a Pedro María Manzanares haberle empujado mientras pasaba. Fue Natividad Cortés, su esposa, quien reaccionó de forma más abrupta al gritar “payasos desesperados” a los vecinos. A la salida de la vista se produjo un segundo rifirrafe, esta vez entre González y Fede García, cuando ambos se encararon. Una voluntaria de SOS Racismo Araba acabó dedicando varios cortes de mangas a los presentes, lo que caldeó aún más los ánimos.

La tercera y más reciente cita judicial fue, sin duda, la más agitada de todas. Ni siquiera tenía que ver directamente con los Manzanares Cortés, sino con el esposo de la mujer que les arrienda el inmueble en el número 48 de El Cristo. Éste había decidido, en compañía de uno de los pichis, cambiar la cerradura de la vivienda. Al no poder acceder al interior, sus hijos, cotitulares de la propiedad, le denunciaron. Todo apuntaba a que el hombre quería dar a la propiedad un uso relacionado con los miembros del clan, por lo que Abetxuko volvió a estar presente en los pasillos de los juzgados. A la salida, se encontraron de frente a Pedro María Manzanares y a Fede García, acompañados de varios voluntarios de SOS Racismo Araba. Los vecinos interpretaron su presencia como una provocación y los ánimos se descontrolaron definitivamente cuando éstos se dirigieron despectivamente hacia la abogada de los vecinos, Pilar Castillo, y le advirtieron de sus intenciones de “callarle la boca”. Hasta que los servicios de seguridad del Palacio de Justicia intervinieron en la trifulca hubo agarrones, empujones, insultos y amenazas de todo tipo en el atrio del edificio.

A la espera de que se resuelva otro de los asuntos judiciales pendientes, la denuncia por presunta ilegalidad del contrato de alquiler que permite a los Manzanares Cortes residir en el número 48 de El Cristo -no cuenta con el permiso de todos los propietarios de la casa-, la paz puede llegar por vías institucionales antes de que un juez pueda volver a declarar una posible nueva situación de irregularidad habitacional de los pichis.