vitoria - Aunque no han pasado ni dos semanas desde que el Tribunal Constitucional sacudiera la legislación municipal del impuesto de plusvalías, sus consecuencias sobrevuelan ya las instituciones locales en todo el Estado. Vitoria no es una excepción.

Como publicó ayer DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA, los juzgados de la capital alavesa tramitan al menos una decena de recursos interpuestos contra lo que, sentencia en mano, se considera un cobro indebido de este impuesto por parte del Ayuntamiento, que sólo el año pasado deparó un ingreso de cerca de 22 millones de euros par a las arcas municipales. Además, se espera que, en breve, la Justicia dicte dos sentencias que afectarán directamente a la norma foral alavesa, sobre la que dos de los tres juzgados de Vitoria plantearon hace dos años su posible inconstitucionalidad.

Reformar la norma foral para hacerla “más justa y coherente” es, precisamente, en lo que según aseguró ayer el diputado general su ejecutivo trabaja desde que se conociera la sentencia del Constitucional el pasado día 17, anulando dicho impuesto al considerar ilegal que se cobre cuando la venta de un inmueble no ha producido plusvalía, sino minusvalía. Ésa es, al menos, la interpretación que se hace desde, entre otras, la institución foral alavesa, aunque fuentes legales consultadas por este periódico abren también la posibilidad a que la sentencia vaya mucho más allá, al considerar que “la resolución del Constitucional no establece que sea injusto pagar un impuesto en el caso de no haberse ganado dinero con la compraventa o con la herencia, sino que entiende que todo el impuesto en sí está mal planteado por no admitir prueba en contrario y que, por tanto, es inconstitucional cobrarlo en cualquier supuesto”, apuntan dichas fuentes.

De un modo u otro, el diputado general, Ramiro González, subrayó que la reforma de la norma foral en la que trabajan quiere ir más allá de los casos de minusvalías -minoritarios en el territorio, apuntó- y abarcar también los casos en los que la plusvalía a pagar sea desmesurada. “Podríamos haber preparado exclusivamente una reforma que sólo afecte a los supuestos de minusvalía, pero es mejor hacer las cosas bien para que el impuesto tenga coherencia, lógica y se sitúe en la normalidad, para que con la reforma también en los casos de plusvalía se pague un impuesto razonable“, valoró González.

Cuestionado sobre la reciente petición del Partido Popular de que el Ayuntamiento de Vitoria congele durante al menos tres meses el cobro de los recibos a la espera de que la Diputación ponga en marcha su reforma, el diputado general se limitó a apuntar que él “no le va a decir al Consistorio gasteiztarra lo que tiene que hacer”, entre otras cosas porque la Diputación “no es quien cobra el impuesto”. González también apuntó que la petición de los populares se basa “en la sentencia que obliga al Ayuntamiento de San Sebastián a ejecutar esa moratoria”, mientras en el caso de la capital alavesa no existe -aún- sentencia similar. “No se trata de darse mucha prisa sino de hacerlo bien, para que todas las situaciones queden convenientemente resueltas”, concluyó González.

cláusulas suelo Por otra parte, el Consejo de Gobierno Foral aprobó ayer la anunciada reforma del IRPF, elaborada de la mano de Bizkaia y Gipuzkoa, para evitar que los alaveses afectados por las cláusulas suelo se ven perjudicados a la hora de confeccionar la próxima declaración de la renta.

Cambio. Tras la sentencia del Constitucional, que anula el impuesto de Plusvalía, al considerar ilegal que se grave la venta de un inmueble cuando no se produce beneficio económico, la Diputación ha iniciado el desarrollo de una reforma de la norma foral de este impuesto.

El diputado general aseguró que él “no le va a decir al Ayuntamiento lo que tiene que hacer” al ser cuestionado por una posible moratoria en el cobro del impuesto municipal.