VITORIA - La gestión de la contrata municipal de limpieza y recogida de basura que desempeña la Unión Temporal de Empresas (UTE) por parte de las firmas FCC y GMSM ha elevado la tensión entre la empresa y los trabajadores con una catarata de ocho despidos, y la amenaza de casi una veintena más, que ha puesto a la plantilla en pie de guerra exigiendo la readmisión de sus compañeros. La falta de acuerdo entre ambos ha desembocado con la convocatoria de una huelga de basura en la ciudad y el fantasma de ver las calles asoladas por desperdicios, en una imagen que no se contempla desde hace 25 años.

A una semana del 6 de marzo, ¿qué medidas se están llevando a cabo desde el Ayuntamiento para evitar ese escenario?

-El equipo de gobierno está trabajando en un escenario para que no haya huelga. Estamos manteniendo reuniones de forma intensa con todas las partes para que no haya huelga y se pueda resolver el conflicto, con la intención de que se pueda asegurar y garantizar, que dentro de 15 días no estemos en una situación similar. Hace falta que las condiciones laborales se normalicen y no tengamos la amenaza de la huelga latente y como una espada de Damocles sobre la cabeza.

¿Qué transmite el Ayuntamiento a los trabajadores y a la empresa en esos encuentros?

-La primera reflexión que hizo el alcalde es que esta situación no la genera el Ayuntamiento. Está claro que es un conflicto de primer orden, sobre todo si se llega a convocar la huelga, por ser un problema estético con un componente añadido higiénico-sanitario que supone un problema grave para una Administración municipal. Les hemos pedido que se reúnan, dialoguen e intenten llegar a un acuerdo. Somos conscientes de que las posturas son tan enconadas y drásticas que es difícil que se puedan poner de acuerdo. Por un lado, la empresa plantea como una herramienta necesaria los despidos para corregir su déficit económico, aunque también como remedio para evitar el alto absentismo que tiene. En la otra parte se sitúan los trabajadores que, además de reclamar cumplir con el convenio, por encima de todo, piden la readmisión de sus compañeros. En un escenario en el que la empresa no piensa readmitir a los trabajadores, sino que plantea más despidos, y los trabajadores plantean readmitir a los ya despedidos, difícilmente se puede llegar a un punto de acuerdo.

¿Qué se ha hecho mal para llegar a esta crítica situación?

-Para hacer un análisis certero de lo que está ocurriendo y extraer las conclusiones sobre la actual situación, no nos podemos remontar al inicio de esta contrata. Hay que analizar la contrata anterior, en la que FCC recogía la basura de la ciudad. Durante todos esos años se ha ido forjando una mala relación entre empresa y trabajadores. En otras legislaturas ha habido conatos de enfrentamiento que, por fortuna, no se llevaron a cabo, pero la situación entre empresa y trabajadores se ha ido enrareciendo cada vez más. Con el cambio de contrato teníamos un punto de inflexión y la oportunidad de que, si entraba una empresa diferente a FCC, quizá se podían retomar esas relaciones entre empresa y trabajadores para llegar a un punto de normalización. Una vez tenida la certeza de que la UTE formada por GMSM y FCC iba a ser la adjudicataria, todos aventuramos que esto iba a ser muy complicado y difícil de gestionar. Era un escenario previsible que se llegara a una situación de estas.

Al adjudicar la contrata actual, en 2015, usted mismo señaló a FCC con expresiones referidas a sus “incumplimientos”, “contribución a la conflictividad social” o “generalizada sensación de falta de limpieza”. Han sido proféticas esas expresiones.

-En todos los ámbitos, cuando hay una situación muy criticada en los niveles político, social y laboral y, de repente, esa empresa desaparece y llega otra nueva, se le concede el beneficio de la duda y un periodo en el que intentar que las cosas vayan mejor. Sin embargo, al producirse esa continuidad, como ha sido el caso de FCC, no se descuenta la historia anterior y llueve sobre mojado. El escenario actual era más que previsible.

El aviso de huelga es una situación atípica y que no se produce en la ciudad desde hace 25 años.

-Hay también un problema importante en todo esto, como es que el prejuicio de una huelga no es para la empresa o los trabajadores. Hay una población en la ciudad y la propia Administración, que van a ser los que van a tener que soportar las condiciones de la huelga, y eso es algo que desde nuestra perspectiva no se puede consentir. Por eso nuestro objetivo es que, pese al aviso, y estar, por decirlo de alguna manera, en el tiempo de descuento, la huelga no se llegue a plantear.

Es la medida estéticamente más impopular y que más llama la atención en una ciudad desde el punto de vista estético.

-Tuve la oportunidad de viajar a Málaga, por unas jornadas el año pasado, y coincidí con una situación de este tipo. La sensación para vecinos y visitantes es tan drástica y evidente que llama mucho la atención. No es sólo una cuestión estética sino que, al final, la basura, adentrándonos en fechas de primavera, se puede convertir en un problema higiénico-sanitario y es algo que desde el equipo de gobierno no nos planteamos bajo ningún concepto.

La empresa alega un elevado índice de absentismo entre la plantilla y, sin embargo, no aplica las medidas de las que dispone.

-Las cifras de este apartado son complejas. Por un lado, la empresa habla de cifras del 25% y los trabajadores se mueven en torno al 8%. La disparidad radica en la manera de contabilizar el absentismo. La empresa plantea que aquel trabajador que no acude a su puesto se cuenta como absentismo, aunque sean horas sindicales o cuestiones como ir al médico o tener un día libre. Ellos suman todo, y por eso dan unas cifras en torno a ese 25%. Los trabajadores se refieren a situaciones de incapacidad temporal porque entienden que el resto de situaciones son temas de libranza o días de vacaciones, recogidos en el convenio colectivo. Ahí se hablan diferentes idiomas y eso provoca que las dos partes se puedan llegar a entender. Es cierto que la empresa tiene una obligación de prestación de servicio y que eso le obliga a, que si los trabajadores no acuden, cubrir esas vacantes. Dicho esto, también hay que contemplar que la situación de alto absentismo no ha surgido de repente y ya venía de la anterior contrata. Están cosechando lo que durante tantos años han sembrado. A partir de ahí, las medidas para reducirlo no se han implementado y es una de las cuestiones que les hemos planteado para que lleven a cabo. Me llama la atención, en los múltiples encuentros celebrados con trabajadores y empresa en las últimas semanas, que esas otras dos partes ni se han reunido ni han hablado. Eso demuestra hasta el punto en el que las relaciones están viciadas.

El pliego de licitación fija en 364 empleados el número de trabajadores que debe tener la empresa y en estos momentos son 320. Ahí también está incumpliendo.

-Se recoge un número de trabajadores equivalentes, en torno a los 372. La lista de trabajadores sujetos a subrogar era de 382 y la oferta de la empresa hablaba sobre los 364. Un trabajador equivalente es aquel que sale a la calle para cumplir con las horas que el contrato establece. Ahí se abre una discusión bastante farragosa sobre quién y hasta qué punto está cumpliendo, y depende de cómo se interpreten los números arroja unas cifras u otras. Como Ayuntamiento, y en el marco que nos ofrece el contrato, tenemos que velar por que los efectivos que deben salir en el día, estén operativos y salgan. Desde nuestra perspectiva, en este momento, por los despidos están incumpliendo ese número de 364 y consideramos que puede haber un déficit de seis trabajadores. Pero independientemente del número, parece que en una perspectiva en la que los despidos son una herramienta para corregir un déficit económico, eso no es una solución para que no haya huelga, sino un motivo para que tengamos asegurada la movilización de los trabajadores.

La plantilla teme que 18 despidos más puedan llegar en breve.

-Hemos cuestionado a la empresa en varias ocasiones su política en relación a los despidos y no hemos obtenido una cifra exacta. Se ha hablado de distintas posibilidades que, para una plantilla como la que contempla la ley para esta contrata, podría suponer incluso hasta 30 trabajadores, pero no sabemos si ése es el objetivo de la empresa. Sí tenemos claro que su objetivo ha sido dar un golpe de efecto, no sabemos si con intención de provocar la huelga, pero la respuesta ha sido clara por parte de los trabajadores exigiendo la readmisión de los ocho empleados despedidos y en situación de callejón sin salida.

Se aferra la empresa a pérdidas de tres millones anuales, cuando bajaron un 10% el precio de licitación.

-Tampoco hay una cifra exacta sobre el desequilibrio económico que alega la empresa. Tenemos claro que hay un precio de licitación que se plantea, de 25 millones de euros, y la empresa lo rebaja, en torno a un 10%, que viene a reconocer, por su parte, que son capaces de hacerlo en un precio más bajo que el que el Ayuntamiento había estimado. A partir de ahí, cuando no se ha producido ninguna modificación esencial en el contrato, que alguien te diga que pierde dinero, es para cuestionarle, como hemos hecho.

No llegar a esa cifra de 364 empleados le ha supuesto recibir a la contrata su octavo expediente, tipificado como muy grave.

-En este momento se están armando las bases para plantear el expediente. Se está cotejando la información aportada por la empresa respecto a la documentación del número de trabajadores y sus documentos de alta ante la Seguridad Social. También se analizan los trabajadores eventuales, como también se está analizando la prestación del servicio para saber si hay un resentimiento del mismo por falta de efectivos. Cuando tengamos ya todos los informes técnicos y jurídicos lanzaremos el expediente. El desafío que la empresa ha planteado con los despidos no nos deja más remedio que iniciar ese expediente por falta muy grave. Toda esa maquinaria ya está en marcha por nuestra parte. Si lo que alguien pretende es aclarar si el expediente está cerrado y hay una sanción en firme, todavía no, ya que el proceso se encuentra en fase de iniciación. También tenemos claro que ese expediente se va a recurrir inicialmente en vía administrativa ante los órganos municipales, como ha sucedido en anteriores ocasiones.