VITORIA - La sucesión de despidos en la contrata de limpieza de Vitoria, que gestionan las firmas FCC y GMSM, añadió ayer otro capítulo con otros tres nuevos trabajadores que salen de la empresa. Con ellos se eleva ya a ocho el número de empleados que han perdido su puesto de trabajo en apenas dos semanas, y en el seno del numeroso colectivo se mantienen los temores e incertidumbre a la espera de que este reguero de bajas vaya a seguir incrementándose en las próximas fechas, según ha sabido este periódico.

La tercera remesa de empleados despedidos coincidió en la jornada de ayer con la comparecencia urgente, a petición del grupo EH Bildu, del concejal de Medio Ambiente, Iñaki Prusilla, en la que trató de ofrecer algo de luz respecto a esta situación que se vive en la gestión del contrato más oneroso para las arcas municipales, y que supone más de 20 millones de euros cada año. Se esperaba también la presencia de un representante de la Unión Temporal de Empresas (UTE) que se adjudicó el contrato pero, unas horas antes de la cita, se descolgó de la comparecencia al comunicar, mediante un correo electrónico, que no iban a estar presentes.

La comisión contó, además, con la presencia en sede municipal de cerca de una veintena de trabajadores del servicio de limpieza, que asistieron y escucharon las intervenciones de todos los grupos políticos.

falta muy grave Correspondió al jeltzale Prusilla informar de las acciones de control municipal que se han aplicado en el seguimiento del trabajo llevado a cabo por la contrata, para constatar varios incumplimientos por los que han sido ya multados, con importantes cantidades FCC y GMSM.

Avanzó la decisión que han trasladado a los representantes de la UTE de “solicitar la readmisión” de los ocho trabajadores despedidos en las dos reuniones que han mantenido con los directivos en la última semana. Espera el equipo de gobierno el movimiento “de forma inminente” de la contrata para readmitir a estos ocho empleados y en caso de que no se tome esa medida se procederá a abrir “un expediente sancionador por falta muy grave y que puede tener sus efectos a futuro”, espetó con rotundidad el responsable municipal de Medio Ambiente, además de la correspondiente sanción económica de 30.000 euros por este tipo de falta. Recordó que, en el pliego de condiciones, la contrata está obligada a tener un contingente de “364 puestos de trabajo fijos al cien por cien” y que si la cifra total “está por debajo de lo exigido y no se restituye”, empezará el Consistorio a dar los pasos necesarios con la apertura de un nuevo expediente sancionador.

Concretó Prusilla que, en los encuentros mantenidos hasta la fecha con la UTE, ha argumentado “motivos económicos” como razón que les lleva a prescindir de esos ocho trabajadores. “Nos comentan que están perdiendo 3,1 millones de euros al año, pero el Ayuntamiento no tiene constancia de esa situación”, remarcó el concejal.

Esgrimió también el máximo responsable de Medio Ambiente la “rebaja de 25 millones de euros iniciales, a los 22,8 que ofertaron” para ahondar en la contradicción de las pérdidas en las que puede estar incurriendo la contrata. Se escudan también en otras razones como el “absentismo” de la plantilla, y aludió también a la “ausencia de aplicación de ningún tipo de medida contra ese absentismo, como tienen contemplado en su oferta”, concretó. “El Ayuntamiento va a emplear todos los medios que el contrato y el ordenamiento jurídico nos deje para que esta situación deje de existir. La empresa ha tomado un camino errático para solucionar el problema”, finalizó Prusilla.

Desglosó el edil, además, las medidas regulares que ha llevado a cabo el Consistorio para vigilar de cerca el cometido y tareas de la contrata. Desde el mes de noviembre del año 2015 se han abierto contra la contrata un total de siete expedientes por diversas irregularidades, de los que cinco siguen su curso y dos han sido archivados. El último de ellos tiene fecha de enero de este mismo año y se refiere a la falta de información por las incidencias en lavado de contenedores.

Junto a los expedientes, también se han regularizado las facturas para abonar a la empresa los trabajos que ha hecho y procediendo a descontar aquellos que no han sido ejecutados. De esta manera, el total de descuentos entre ambos conceptos de servicios no prestados y descuentos en facturas no abonadas, el total asciende a 1,3 millones de euros.

vulneración de derechos Fue el representante de EH Bildu Aitor Miguel, como fuerza solicitante de la comparecencia extraordinaria y urgente, quien se empleó con más fuerza y contundencia para describir la situación. “Como responsables municipales estamos para garantizar unos derechos y no vamos a permitir que se vulneren los de los trabajadores”, comenzó en su intervención. Tuvo también alusiones a la “vergonzosa” actitud de los representantes de la contrata de no comparecer ayer en la sede municipal tras la oleada de “despidos indiscriminados”.

Relató las situaciones por las que está atravesando la plantilla de la limpieza en Vitoria “asistiendo a despidos por estar de baja con enfermedades graves como la diabetes o con una espalda cosida a tornillos”, narró. Relató también la reunión mantenida ayer por la mañana con otra trabajadora de FCC “con una lesión de rodilla producida en el desempeño de sus funciones y que fue despedida estando de baja”. Aludió también el representante abertzale a la distribución de la plantilla actual con una “ausencia de 50 trabajadores en la calle, mientras sobran otros 20 puestos en puestos de despacho”, indicó. Remarcó la postura de su formación de no permitir que los empleados “sufran el chantaje de una empresa que se reúne con el Ayuntamiento tras los primeros despidos para exigir más dinero”, indicó.

Por el bando del PP fue Alfredo Iturricha el que definió como “calidad no adecuada” los servicios de limpieza, al tiempo que criticó la “actitud pasiva” del equipo de gobierno.

Desde las filas socialistas, el teniente de alcalde Peio López de Munain fue claro al referirse al “pulso” que se ha lanzado desde FCC y GMSM al Ayuntamiento “en busca de la rescisión, para ver si caemos en la provocación y después venir con la segunda parte de exigencias de indemnizaciones”. Recomendó a todos los actores implicados “templanza e inteligencia en el manejo de esta situación”.

Juan Cerezuela, de Podemos, acusó a la contrata de “actitud chulesca y de hacer lo que le da la gana” en una cuestión de tanta relevancia como la limpieza de la ciudad. También desde Irabazi, su portavoz, Óscar Fernández, lamentó la situación generada. “Se concede dinero a una empresa que tiene objetivos economicistas por encima del servicio” Estas dos formaciones, coincidieron al señalar la idoneidad de apostar por una “gestión pública y directa del sistema para no vivir estas situaciones”, concluyó.

El responsable de Medio Ambiente espera que la contrata restituya a los trabajadores que obliga el contrato.

El edil popular insta al equipo de gobierno a buscar una solución.

El teniente de alcalde socialista aboga por la templanza e inteligencia para no derivar en huelga.

Desde EH Bildu se alerta de que aún puede aumentar la lista.

El edil de Podemos lamenta la “prepotencia” de la contrata.

El concejal de Irabazi recuerda de nuevo la posición de su grupo.

364

Puestos fijos al 100% es el número de plantilla que se contempla en el contrato que debe tener el servicio. De no llegar a esa cifra se abrirá el expediente.