Vitoria - La aprobación del Mapa de Servicios Sociales de Álava el pasado julio y la más reciente entrada en vigor del Decreto de Cartera de Prestaciones y Servicios han generado un notable desencuentro entre la Diputación y EH Bildu. Las discrepancias entre el ente foral y su principal socio presupuestario a la hora de abordar la reordenación de las competencias en este ámbito fueron ya puestas en evidencia durante el verano, cuando la coalición soberanista votó en contra del Mapa diseñado en la Mesa Interinstitucional de Servicios Sociales, y ahora han vuelto a aflorar tras la decisión del gobierno provincial de decretar un periodo transitorio de dos años para que el territorio se adapte a la nueva normativa. Debido a la dificultad que entraña el traspaso de competencias y a la imposibilidad de muchos ayuntamientos de asumir nuevas obligaciones marcadas por el Decreto de Cartera, la Diputación seguirá prestando durante los próximos 24 meses los servicios sociales que ahora han pasado a ser responsabilidad de los municipios, “sin ningún tipo de cambio”, pero los alcaldes de EH Bildu observan vacíos importantes en esta declaración de intenciones que ahora deberá ser ratificada por los ayuntamientos.

Así lo hicieron saber ayer en Gasteiz durante una comparencia conjunta Txelo Auzmendi, alcaldesa de Asparrena, y Nekane Garaigordobil, primera edil de Legutio, respaldadas por Afro Olabe (Barrundia), David López (San Millán) y Gustavo Fernández (Zalduondo). En total, cinco de los nueve alcaldes que la coalición tiene en el territorio histórico. Los responsables municipales exigieron a la Diputación, fundamentalmente, “seguridad jurídica” ante este nuevo escenario, ya que entienden que el hecho de que la Diputación vaya a seguir prestando los servicios de competencia municipal puede no eximir a los ayuntamientos de culpa si se dan incumplimientos con el ciudadano y eventuales denuncias. Cabe recordar que, con la entrada en vigor del Decreto de Cartera, los servicios sociales se han convertido en un derecho subjetivo y, por tanto, reclamable ante los tribunales. “Queremos blindarnos jurídicamente ante la situación de indefensión a la que nos ha abocado la Diputación”, remarcaron Auzmendi y Garaigordobil.

EH Bildu ha solicitado un informe jurídico a la Asociación de Municipios Vascos Eudel para aclarar sus “sospechas” y, según denunciaron las alcaldesas, éste las “ratifica”, ya que concluye que “no es precisamente fácil definir de forma diáfana cuáles pueden ser las obligaciones o responsabilidades municipales derivadas de un cuadro tan heterogéneo e impreciso”. Por ello, las representantes de EH Bildu exigieron que en los acuerdos municipales que se firmen para que la moratoria de dos años sea efectiva “quede meridianamente claro que el Ayuntamiento no asumirá las consecuencias o responsabilidades derivadas de la actual situación”.

La coalición denunció también que la financiación municipal a través del Fofel “no se ha incrementado” a pesar de que los ayuntamientos han ido asumiendo nuevas competencias como estas y solicitó también que “se aclare” el destino del fondo de reparto previsto por el Gobierno Vasco, que asciende a 1,6 millones hasta 2019. “Lo que desde la Diputación se está vendiendo como un éxito no es sino todo lo contrario. Los recursos existentes son insuficientes y no cumplen con la universalidad y, en lugar de solucionarlo, se pide una prórroga dejando a los Ayuntamientos en una situación de indefensión e inseguridad jurídica”, zanjaron las alcaldesas.