Vitoria - La entrada en vigor del nuevo Decreto de Cartera de Prestaciones y Servicios tiene desde ayer como principal consecuencia que el derecho subjetivo a estos recursos sociales se encuentra ya plenamente garantizado para cualquier vecino de Álava y del resto de la CAV. Y es, por lo tanto, exigible ante los tribunales de Justicia, como también sucede con la vivienda desde el pasado 1 de enero. Ha sido un camino largo, que por fin da cumplimiento a la Ley vasca de Servicios Sociales (12/2008), y que derivará a partir de ahora en una completa reordenación del sistema y de las competencias que corresponden a cada institución en este campo. Competencias que en el caso de Álava están ya definidas en el también recientemente aprobado Mapa territorial de Servicios Sociales.

Sin embargo, y dadas tanto la complejidad de este proceso como la dificultad de los ayuntamientos para asumir nuevas obligaciones marcadas por la flamante normativa, la Diputación va a seguir prestando a partir de ahora, “sin ningún tipo de cambio”, los servicios sociales de competencia municipal que atiende en la actualidad en los municipios de menos de 20.000 habitantes. O lo que es lo mismo, todos salvo Gasteiz. Así lo garantizó ayer la diputada foral de Servicios Sociales, Marian Olabarrieta, que también remarcó que los consistorios “no se verán afectados” a corto-medio plazo ni en la prestación de estos servicios sociales ni en materia presupuestaria. En concreto, el ente foral ha establecido un periodo transitorio de dos años durante los que se establecerán los recursos jurídicos, económicos y técnicos para acordar con cada uno de ellos el traspaso de las competencias marcadas por la normativa y, de hecho, los presupuestos forales de 2017 ya recogen el gasto que deberá seguir asumiendo el ente foral por prestar estos servicios. Aunque estas decisiones no son nuevas, fueron ratificadas también ayer por el consejo foral de diputados, reunido de forma extraordinaria.

Cabe recordar que la Diputación alavesa ha asumido hasta ayer la prestación de la práctica totalidad de recursos sociales ubicados fuera de los límites de Gasteiz y la atención a las personas dependientes residentes en la capital, pero con la entrada en vigor del nuevo Decreto de Cartera los ayuntamientos deberán prestar ahora los servicios de atención primaria, entre ellos el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), las viviendas comunitarias o los Centros de Atención Diurna (CRAD).

En el caso de Vitoria, por ejemplo, la Diputación y el Ayuntamiento suscribieron el pasado 1 de diciembre un convenio que ha reordenado todas sus competencias sociales y ha determinado cuáles corresponden a cada una de las instituciones, pero debido a la complejidad del proceso de transferencia ambas se han dado también un periodo transitorio de dos años para cerrar completamente el trasvase de determinadas materias. Así, no será hasta el año 2019 cuando el Consistorio de la capital asuma por completo el SAD para los dependientes de grados 1, 2 y 3 -de momento, se queda sólo con los casos menos graves- o cuando el ente foral haga lo propio con las plazas de mayores dependientes del CIAM San Prudencio, que además va a ser sometido a un ambicioso proceso de reforma a cargo de la propia institución foral. Por de pronto, el grupo municipal del PP en Vitoria ha urgido ya al equipo de gobierno a iniciar los trámites para poner en marcha un nuevo CRAD en la ciudad y a reservar “los recursos económicos suficientes” para garantizar la atención a estos mayores dependientes, una situación que, según denuncia, se ve agravada por “la falta de plazas libres en Vitoria”.

“reflexionar” Esta moratoria de 24 meses sigue un camino similar al abierto ahora con el resto de ayuntamientos alaveses. La Diputación cree “necesario” tanto seguir trabajando con estos consistorios como se ha hecho en el último año durante la elaboración del citado Mapa de Servicios Sociales como “reflexionar” sobre el modelo de gestión utilizado para la prestación efectiva de los servicios sociales dentro del territorio, “dado que la diversidad de fórmulas utilizadas en cada uno de los municipios no pueden reconducirse y delimitarse en un único mecanismo jurídico”.

Según informó el ente foral, la Mesa Interinstitucional constituida para la elaboración del Mapa será la encargada de proponer los recursos técnicos, económicos y jurídicos necesarios para la efectiva prestación de todos los servicios sociales en el marco competencial que corresponda a cada uno, “que se irá implantando progresivamente”. La efectividad de este acuerdo quedará condicionada a la adopción antes del próximo 1 de febrero de la correspondiente conformidad por el órgano competente de cada municipio.

A partir de ahora, se pondrá en marcha el trabajo de carácter técnico para conseguir culminar “en el periodo de tiempo más breve posible” una adecuada reordenación de los servicios sociales alaveses, que al margen de garantizar “totalmente” este derecho subjetivo “respeta la autonomía local”, según la Diputación.