VITORIA - El Tribunal de Cuentas del Estado absolvió ayer a los exalcaldes de Vitoria, Javier Maroto y Alfonso Alonso, de la sentencia que les condenó, el pasado mes de mayo, a pagar una indemnización de 393.862 euros por el “alquiler gravoso” de los locales de la calle San Antonio. El fallo estimó los recursos presentados por ambos dirigentes del PP contra esa primera condena de hace siete meses e incluyó un voto particular, del consejero Felipe García Ortiz, presidente de la sala, que estimó que hubo una “infracción legal en el alquiler” del céntrico local, que ahora ocupan dependencias municipales y es propiedad del hostelero Gonzalo Antón.

En opinión de García Ortiz, el contrato firmado, en la época de Alonso y Maroto como mandatarios de la Corporación municipal, “vulneró los principios de buena administración” establecido por el artículo 111 de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, que contempla la “prohibición de pactar cláusulas contrarias a dichos principios”, apostilla en desde su punto de vista particular. El magistrado estimó que esta actuación de la firma del contrato de alquiler en el inmueble de la calle San Antonio “produjo daños a los fondos públicos por los diferenciales de actualización del Índice de Precios al Consumo de los años 2009 a 2013, ya que se llegó a pactar hasta un diferencial de nueve puntos”. Según el voto particular en la sentencia del presidente de la sala, y de la que fue ponente la consejera Margarita Mariscal de Gante, en “ningún caso se justificó ni motivó esta desproporción” en el precio de actualización, por lo que, consideró García Ortiz que fue “abusivo y existió un pago sin causa” que ascendió a 189.097,01 euros. Como consecuencia de este pago “debería condenarse a la Junta de Gobierno Local por la mencionada cantidad y estimarse el recurso del PP de forma parcial”, finalizó el voto particular que se incluyó junto a la sentencia de absolución desvelada ayer.

interés general Ya antes de conocerse la resolución a su favor del Tribunal de Cuentas, el actual presidente del PP Vasco, Alfonso Alonso, y uno de los implicados en el caso, se aventuró a emitir ayer su opinión oteando la aceptación de su recurso y el de Javier Maroto. El que fuera alcalde de Vitoria perseveró en la actuación “correcta y con arreglo al interés personal en el asunto” que llevó a cabo el Ayuntamiento de Vitoria. Remarcó cómo los servicios municipales de Vitoria son de “extraordinaria calidad y funcionan muy bien” para cubrir las necesidades de la cuidadanía, a pesar de que “a veces, son cuestionados”, concluyó el actual parlamentario en la cámara de Vitoria tras su paso por el ministerio de Sanidad.

En términos similares se expresó el PP del País Vasco que optó, en este caso, por escribir en la cuenta de la formación en Twitter una escueta manifestación ajustada a los 140 caracteres como máximo que permite la red del pájaro azul. En esa única manifestación pública se indicó la “satisfacción por la sentencia del Tribunal de Cuentas que acredita que se actuó de forma correcta y conforme al interés público”, se limitaron a concretar desde las filas populares.

Por su parte, el otro implicado en la absolución final que confirmó la sentencia de ayer, Javier Maroto, no realizó ninguna manifestación pública ni siquiera a través de las redes sociales en las que es tan activo. Se limitó a retuitear, a primera hora de la tarde, el mensaje de su partido, sin verter más opiniones referidas al desenlace jurídico del caso. Hay que recordar que Maroto era el responsable de las finanzas municipales y dio el visto bueno al documento de alquiler de las oficinas, siendo Alonso primer edil de la ciudad en esa época.

RECURSO DEL AYUNTAMIENTO La decisión de absolver a los dos anteriores máximos responsables de la Corporación llevó al actual equipo de gobierno, formado por PNV y PSE, a expresar su “respeto” a la sentencia dictada por el Tribunal de Cuentas. Se reconoció desde ambas formaciones, no obstante, estar “sorprendidos por el hecho de no tratarse de una resolución unánime”, al presentar el voto particular de uno de los tres integrantes de resolver el asunto. La Junta de Gobierno Local solicitó ayer mismo a sus servicios jurídicos que estudien “si cabe” recurrir ante el Tribunal Supremo. De confirmarse esa posibilidad, acudirá a esta vía “para seguir defendiendo el interés general y el patrimonio de los vitorianos”. El gobierno de la capital alavesa hizo hincapié, además, en que la sentencia “únicamente concitó el apoyo de los dos miembros del Tribunal de Cuentas que fueron propuestos por el mismo Partido Popular”.

Por su parte, desde el grupo de EH Bildu, su portavoz, Miren Larrion, se refirió a la “sentencia conocida” con la que se resuelve, por ahora, un caso en el que se produjo el “cambio en la configuración del tribunal con la inclusión de una exministra del PP”, en alusión a la figura de Margarita Mariscal de Gante. “Algunos, al perder un juicio no cambian de abogado, cambian de tribunal”, espetó la dirigente abertzale. Incidió en que, a pesar de la resolución, el contrato de alquiler sigue en vigor y el montante de la operación va a suponer a las arcas de Vitoria “pagar siete millones de euros por un local que no necesitamos y que el empresario compró por dos y medio”, finalizó. Por su parte la asociación contra la corrupción, Adi!, lamentó el “trato de favor” a los dos políticos al tiempo que instó a recurrir por la vía administrativa ante el Tribunal Supremo como siguiente paso.