La unificación de Txagorritxu y Santiago en el nuevo Hospital Universitario de Álava (HUA) fue el comienzo de la pesadilla laboral para una de los facultativos que hasta entonces ejercía en la especialidad de digestivo. Se atrevió a decir que no a la nueva forma de trabajar que dicha fusión trajo consigo, la misma crítica que, como dice, habían hecho otros siete compañeros. “Creíamos que la asistencia que se empezó a dar no era la adecuada”, recuerda esta médico gasteiztarra que prefiere permanecer en el anonimato por temor a las represalias que a raíz de ese momento empezaron en su vida.
Primero, asegura que fueron hacia el personal eventual, “por ser muy vulnerable ante este tipo de situaciones, y luego hacia la plantilla de fijos”. Este último caso fue el de esta mujer quien, pese a tener la plaza indefinida, afirma que desde entonces sus superiores decidieron “quitar su contenido asistencial” que previamente había demostrado con creces. “Sufrí aislamiento y señalamiento, calumnias, como que no ejercía bien mi labor”. Todo ello, como declara, favoreció un ambiente laboral enrarecido. “Llegué a una situación de estrés, por trabajar bajo presión, y por una sensación como de amenaza persecutoria”. A estos problemas se sumaron sus dificultades para poder conciliar el sueño. De hecho, como reconoce, “a día de hoy sigo sin dormir”.
Toda esta ansiedad generalizada empezó a incapacitarla para llevar a cabo sus actividades cotidianas y laborales. “Decidí coger la baja para huir de ese entorno tóxico, pero cuando intenté conciliar con la empresa, ésta siempre niega el conflicto y ataca a la víctima”. Por eso, a esta facultativo sólo le quedó el camino de los tribunales para demostrar su verdad. “Nunca me había visto antes en esta situación, pero la defenderé hasta el final”. Decidió contratar al mejor especialista en este tipo de conflictos laborales, Juan Ignacio Marcos, el letrado que compagina su labor como coordinador del Observatorio vasco sobre Acoso y Discriminación. Y, el resultado, no pudo ser mejor: una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de 22 de marzo de 2016, condenó a su empresa, el Servicio vasco de Salud (Osakidetza), a indemnizar a esta profesional con 80.000 euros. El motivo de ello, como concluye el fallo, es que la empresa no puso todos los medios al alcance para resolver este tipo de conflicto que a su cliente le derivó en unos riesgos psicosociales. Y ellos quedaron probados mediante los informes médicos de un tratamiento psiquiátrico que todavía sigue en la actualidad.
Figura defensora Una hazaña, si se tiene en cuenta que la Administración tiene más recursos. “Es un gigante”, añade esta doctora que insiste en que su crítica “siempre ha sido constructiva porque peleamos por una buena calidad asistencial”. La misma que, según advierte, ha provocado que no sean raros los casos de compañeros que prefieren marcharse a la sanidad privada o a otras comunidades autónomas para poder ejercer su labor sin represalias. “Necesitamos una figura estatal que nos defienda a los médicos”, dice esta especialista, en alusión a las últimas declaraciones de la Organización Médica Colegial que pide que se proteja de posibles sanciones al médico que denuncie problemas en sus centros mediante la creación de una figura estatal.
Otra de las vías que ha contribuido a reducir la indefensión que hasta entonces sentían el personal de la Administración pública ha sido la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS) 36/2011 cuyo artículo 2 e establece que los funcionarios, al igual que el resto de trabajadores, pueden reclamar a través de esta jurisdicción “con más oportunidades en las que les dé la razón”.
Como letrado que es, Marcos ha visto el cambio que ello ha implicado. “Hasta el año 2012 había llevado por la vía contenciosa dos asuntos y ahora me llaman muchos funcionarios”, matiza. Actualmente, lleva más de 50 casos de los que 15 pertenecerían a este territorio. “Álava es un sitio importante. Aunque tiene menos población que otros territorios, el nivel de reclamación de su población trabajadora es alto”, explica Marcos, quien añade que “hay más acoso que antes. Pero no porque exista más, sino porque éste se ha empezado a declarar más”. Según precisa, se ha perdido el miedo a denunciar, como pasó en su día con la violencia de género. Sobre todo, desde la crisis, la época en la que se incrementó el número de denuncias. “También hemos notado que el personal de la Administración pública también se anima a reclamar”, añade el coordinador del Observatorio vasco de Acoso.
Sin embargo, él ya no reclama por acoso. Ahora expone los hechos y es el juez el que decide la calificación (hostigamiento, acoso...). Lo habitual ahora es que Marcos interponga la denuncia por conflicto laboral por riesgos psicosociales “porque la ley dice que la empresa es garante de la salud de los trabajadores”. De manera que ante un conflicto conocido por la empresa, ésta es la responsable de ponerle solución y de los daños de no haber puesto medios para remediarlo.
Como asegura este abogado bilbaíno, Álava está siendo pionera en haber hecho que la Sala de lo Social del País Vasco inaugure una nueva línea para el Estado, como es la de que la empresa pague por ese conflicto laboral. “Lo que sucede en todos los casos es siempre el mismo. Un riesgo psicosocial, previsible y evitable. Que si lo conoces y no le pones remedio, eres culpable”.
Marcos cita varias sentencias al respecto. La primera es la del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de 22 de marzo de 2016, anteriormente citada, que condenó a Osakidetza a abonar a una médico especialista en aparato digestivo que causó baja por ansiedad una indemnización de 80.000 euros por daños y perjuicios. “La sala condenó a tomar las medidas oportunas para evitar ese conflicto laboral que a día de hoy Osakidetza no ha tomado”, denuncia Marcos.
Él también fue el letrado que defendió en los tribunales de Justicia la sentencia que reconoció la invalidez absoluta por mal ambiente de trabajo a una enfermera, jefa de una Unidad de Atención Primaria en el medio rural de la comarca de Ayala, que cogió la baja laboral en julio de 2014 debido al “estado emocional y de ansiedad derivados de un conflicto laboral”. Los trastornos de su psiquiatra y facultativos que la atendieron relacionaron siempre su dolencia con el “contexto laboral”. Así lo señala el fallo judicial, lo que fue determinante para que el Servicio Vasco de Salud deba abonar a la demandante 144.046,91 euros.
Marcos añade que otra sentencia alavesa a destacar en este sentido es la de un profesor de Derecho de la Universidad del País Vasco al que le indemnizan con 44.545.49 euros “por incumplimiento por parte del empresario de sus deberes de protección de la salud del trabajador”.
De media un 50% de las sentencias dan la razón al trabajador que sufre estos riesgos psicosociales. “En general, cuanto más importante es el conflicto, más posibilidades hay de ganar, porque ha estado más tiempo de baja y hay más informes médicos”, precisa el coordinador del Observatorio vasco sobre Acoso.
de los casos. Es la media de los casos en los que el hostigamiento laboral fue causado por los superiores de las víctimas, según los cálculos del Observatorio vasco sobre Acoso.
