Vitoria - La rueda de prensa que convocó ayer la patronal alavesa, esperadísima desde que el pasado viernes Gorka Urtaran pactó con la izquierda una mayor subida del IAE, empezó con una advertencia a los medios: “Vamos a proceder a la lectura de una declaración institucional. No atenderemos preguntas”. Y así fue. En su lugar, hubo amenaza directa al alcalde y puñetazo sobre la mesa. “De no producirse el cumplimiento estricto de acuerdo del 29 de octubre de 2015, SEA anuncia que, además de reservarse la adopción de cuantas medidas legales estime oportunas, suspenderá formalmente por primera vez en los 38 años de historia de esta organización las relaciones institucionales con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Los acuerdos están para cumplirse ”, sentenció el presidente del colectivo, Pascal Gómez, siguiendo al pie de la letra y con tono firme el documento que poco antes había aprobado por unanimidad la Junta Rectora en una reunión extraordinaria.
No cabía esperar otra reacción de los empresarios alaveses que la de aferrarse a aquel pacto suscrito públicamente y por escrito en la Casa Consistorial con el PNV, PSE y PP el año pasado. Los tres partidos se pusieron de acuerdo para mitigar la subida del 41% que Javier Maroto había aprobado durante su mandato de la mano de EH Bildu, a cambio de que la patronal pusiera freno a un contencioso que duraba ya más de dos años. Ese documento estableció para 2017 mantener el coeficiente de 2016, fijado en 1,7137, más las actualizaciones aplicables a los demás tributos. “Si atendemos a las subidas propuestas por el Ayuntamiento, la media no llegaría al 5%”, leyó Pascal, “pero SEA, en un claro ejercicio de esfuerzo y compromiso, trasladó que estaría dispuesto a asumir una subida máxima del 10%” para llegar al 1,88. No más. Y lo que se ha encontrado es aquella fotografía convertida en papel mojado y un 1,93 de tipo para el próximo ejercicio, lo que supone un incremento del 12,8%.
En lo que toca a la importancia de la palabra dada, la patronal lo tiene muy claro. “Además de un flagrante incumplimiento del acuerdo firmado, es un ataque sin precedentes a la solvencia y credibilidad política de nuestras instituciones”. Y respecto al nuevo impuesto, su objetivo es convencer a todo el mundo de que esa diferencia de menos de una centésima en el coeficiente entre ambos pactos puede traer terribles consecuencias para el municipio. El 1,93, dijo Gómez, supone “un ataque que rompe con la trayectoria fiscal de esta ciudad y de esta provincia, antes atractivas para la inversión e implantación de nuevas empresas y ahora lamentablemente lastradas por la incertidumbre de este tipo de decisiones, y por una sobrecarga fiscal que desmotiva el mantenimiento y la generación de nuevos proyectos y desincentiva posibles implantaciones, con la consiguiente repercusión en el empleo”.
Fue a partir de ahí cuando Gómez empezó a hablar de números, aunque sin explicar de dónde los saca ni cómo. Con la subida del IAE, “500 puestos dejarán de crearse en nuestra ciudad”. Y con la modificación del tramo de exención del impuesto a un millón de euros de volumen de operaciones, “se verán afectadas en torno a 3.000 empresas, de las que nueve de cada diez son pymes y autónomos”. Por tanto, “la evolución reciente del IAE en nuestra ciudad camina en contra del interés general”, que a juicio de SEA pasa por incentivar la actividad económica y generar empleo. “Multiplicar prácticamente por dos un impuesto como este en los últimos años no responde a ninguno de estos dos objetivos”, siguió el presidente.
La patronal quiso rematar su posicionamiento con dos puntualizaciones. Una tiene que ver con la misma esencia del IAE A sus ojos, es injusta porque “no grava los beneficios obtenidos sino que se fija exclusivamente en la facturación de hace dos años” para cobrar el impuesto en un presente donde en vez de beneficios puede haber pérdidas, “como está sucediendo en los últimos ejercicios y se puede contrastar con los datos en poder de la Diputación”. La otra se refiere a la sentencia que emitió el TSJPV a favor de la patronal tras aquel aumento del 41% “que decía que en un contexto de crisis de notable gravedad es irrazonable plantear incrementos”. Blanco leyó la frase con convicción para reforzar la amenaza que proclamaría justo a continuación, obviando que en la web de SEA hay una noticia en la que el secretario general presume de que la situación económica les hace ser “más optimistas”.
Y así, tras partir peras, los representantes de SEA se levantaron y se fueron de la sala dejando un ultimatum en el aire que nadie en el Ayuntamiento quiso recoger. El gobierno se retrotrajo a las declaraciones que Urtaran había hecho antes que la patronal para Radio Vitoria. Allí dio por hecho que el acuerdo “prácticamente se ha cumplido” con la subida del 12,8% y advirtió de que las familias van a tener que hacer esfuerzos mayores en otros tributos. EH Bildu no se pronunció, el PP recordó para DNA que ya había alertado de lo que podía pasar, Podemos usó Twitter para rechazar la amenaza y recordar que “con el 1,14 no se creó empleo” e Irabazi, el único grupo que mandó nota, tachó la actitud de los empresarios de “pataleta” y celebró la ruptura de relaciones.
El alcalde, Gorka Urtaran, unas horas antes de la lectura de la declaración institucional de SEA, aseguró que el Ayuntamiento “prácticamente ha cumplido” el acuerdo con la patronal, al establecer una subida de sólo un 2,8% más que el que contemplaba el pacto suscrito el año pasado en un ejercicio en el que se le va a pedir a las familias más esfuerzo en algunas tasas y precios, como el billete de autobús. A su juicio, se hace fundamental equilibrar la presión fiscal con repecto a las grandes empresas a la vez que se intenta garantizar el mantenimiento y la calidad de los servicios.
Podemos, que se abstuvo en la votación del acuerdo del IAE porque habría preferido una subida todavía mayor y una hoja de ruta hasta 2019 para llegar al tipo máximo permitido por la norma foral, 2,20, no mandó nota de prensa en reacción a “una rueda en la que no se aceptan preguntas”. No obstante, su portavoz, Jorge Hinojal, escribió un tuit demoledor: “Con el 1,14 no se creó empleo y ahora no se destruirá. No consentimos amenazas”.
Irabazi, coautor de la propuesta del IAE aprobada junto con EH Bildu, consideró “inaceptables” las declaraciones de SEA. A su juicio, “responden más a una pataleta que a la realidad”. Por tanto, si la patronal va a seguir proponiendo “cargar fiscalmente a las personas y a las familias y rebajar impuestos a grandes empresas y bancos, en una política neoliberal destructiva, celebraremos la ruptura de relaciones”..
500
SEA, asociación que vela por los intereses de las empresas, asegura que la subida del IAE acordada por Urtaran con la izquierda -por la que el coeficiente pasa de 1,88 a 1,93- y su aplicación a partir de un millón de euros de facturación conllevará que “500 puestos de trabajo dejen de crearse en nuestra ciudad”. A su juicio, se desincentivará la inversión de las empresas ya instaladas y se frenará la implantación de nuevos proyectos.