vitoria - La Diputación Foral de Álava ha sellado acuerdos con hasta catorce municipios del territorio para colaborar con ellos en la inspección fiscal, facilitando el cobro y gestión de los tributos en sus respectivas zonas de influencia. Como adelantó DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA, la institución foral envió antes del verano una carta a todos los ayuntamientos del territorio para trasladarles la posibilidad de firmar un convenio con la Hacienda foral destinado, por un lado, a facilitarles la inspección tributaria, mediante el intercambio de información, del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y del Impuesto de Plusvalías, ahora oficialmente Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Por otro, propusieron un segundo convenio dedicado en concreto a dos impuestos: el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).

Pasado el verano, finalmente son catorce los municipios que se han interesado y han acabado firmando dicho convenio, aunque según señalan fuentes del gobierno foral aún hay tiempo de que otros ayuntamientos se unan a ellos. Así las cosas, los ayuntamientos que han optado por aceptar la propuesta de la Diputación son Dulantzi, Amurrio, Asparrena, Armiñón, Barrundia, Bernedo, Elciego, Lantziego, Lapuebla de Labarca, Legutio, Maeztu, Oion, Peñacerrada y San Millán. Además, también relacionado con los tributos, la Diputación ha sellado un acuerdo con el concejo de Comunión. De los municipios, once han optado por sellar los dos convenios propuestos por Hacienda -tanto el de intercambio de información como el del IAE y el ICIO-, y tres, Oion, Armiñón y Lantziego, se han decantado por solicitar uno sólo, Oion el de intercambio de información y el resto el del IAE y el ICIO.

Precisamente, hace apenas unos meses, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) anulaba los contratos firmados por Agurain, Amurrio y Legutio para la externalización del servicio de inspección de tributos, enterrando definitivamente, tras la demanda presentada por la Abogacía del Estado, la polémica privatización de un servicio que según la Justicia no puede ser acometido en forma alguna por empresas privadas.

tribunal de justicia Destapados en febrero de 2014 por este periódico, los casos de estos municipios alaveses, a los que la Delegación del Gobierno puso el ojo desde los primeros compases, acumularon un largo periplo por los juzgados hasta la sentencia del TSJPV. Los consistorios justificaban la externalización del cobro de tributos a las empresas de la zona en su escasez de recursos para acometer esas labores de inspección fiscal y perseguir así el fraude, con casos en los que los datos municipales sobre las firmas sumaban años desactualizados, lo que, entre otros motivos, supone que los municipios vean reducidos sus ingresos por esta vía.

Para evitarlo y mejorar los acuerdos que unen a los ayuntamientos con la Diputación en este terreno, el Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, liderado por José Luis Cimiano, elaboró una Norma Foral para la puesta en marcha de los acuerdos ahora firmados a los que cada municipio podía adherirse libremente.

Entre otras cuestiones, el documento establece la creación de una comisión de coordinación y seguimiento con cada ayuntamiento, formada por dos representantes nombrados por el Departamento de Hacienda y otros dos representantes designados por el municipio. La Diputación se hará cargo de solicitar a cada ayuntamiento todas las funciones que implica la inspección tributaria “con la información que estime necesaria”. El acuerdo, que para los consistorios que quieran ponerlo en marcha este curso tendría un periodo de vigencia inicial hasta el 31 de diciembre de 2017 renovable de forma automática cada año si las partes no se oponen, establece “como compensación por el coste que implica la inspección tributaria asumida por la Diputación” que cada ayuntamiento deberá abonar a la institución foral “un 35% de los importes de las deudas tributarias y sanciones que se liquiden y se cobren como consecuencia de dichos procedimientos”.

En los contratos sellados la legislatura pasada por Agurain y Legutio, ambos con la firma vizcaína Gesmunpal, ésta podía quedarse con hasta el 70% de las cantidades recaudadas a las empresas, en el primer caso, o hasta el 60% en lo que al segundo municipio respecta, cuando la inspección suponía además la incorporación de las empresas al padrón fiscal.