Vitoria - La gestión de la línea de autobús entre Vitoria y Bilbao se encuentra desde hace años en manos de la Diputación de Bizkaia, que en su última adjudicación otorgó la explotación a la compañía La Unión. La concesión, en realidad, finalizó en 2013, pero la empresa ha seguido ofreciendo el servicio prorrogado a la espera de que el ejecutivo foral vizcaíno pusiera en marcha un nuevo concurso que, finalmente y con tres años de retraso, se sacará a licitación el 29 de julio. Pero Álava tiene otros planes que, de una forma u otra, van a acabar chocando frontalmente con las intenciones vizcaínas. Y es que, tras años sin avanzar un solo paso al respecto, la Diputación Foral de Álava ha decidido reclamar la gestión de la línea Vitoria-Bilbao por la AP-68 porque, según considera, debe ser potestad de la institución alavesa, por mucho que Bizkaia sea desde hace décadas la beneficiara de una de las líneas de buses más rentables de Euskadi.
Según anunció ayer el diputado foral de Infraestructuras Viarias y Movilidad, el socialista Josu López Ubierna, el gobierno foral está dispuesto a llevar el caso a los tribunales para que la Justicia dirima cuál de las dos diputaciones es la legalmente responsable de gestionar el bus Vitoria-Bilbao. Antes de llegar a ese punto, Álava instará a la Autoridad Vasca del Transporte -que reúne a todas las instituciones vascas implicadas en este área- a posicionarse al respecto y aclarar si ha llegado la hora de que Bizkaia pierda su gestión en beneficio de Álava, aunque en el ejecutivo foral alavés no las tienen todas consigo, entre otras cosas porque la reunión del citado organismo en la que estaba previsto trasladar esta cuestión -que iba a celebrarse la próxima semana- se ha cancelado por problemas de agenda sin nueva fecha en el horizonte. Entre medias, la Diputación de Bizkaia, en una decisión que no ha gustado en el Palacio de la Provincia, publicaba la inminente fecha de licitación en julio del concurso para la concesión de la línea.
siete kilómetros más Como base para su reclamación, por ahora institucional pero que, salvo sorpresa, tiene todos los visos de trasladarse a los juzgados, el Departamento de Infraestructuras Viarias y Movilidad cuenta con un informe jurídico propio en el que se constata que la demanda dispone de fundamentos legales como aval para que la Autoridad Vasca del Transporte primero y -llegado el caso- los tribunales, se decanten a su favor. Por un lado, Josu López Ubierna puso sobre la mesa el hecho de que en Euskadi las líneas que transcurren por dos territorios deben ser, según la legislación, competencia de aquél que acoja la mayor parte del recorrido. Y ahí Álava gana, según las mediciones realizadas por el Servicio foral de Topografía, por un total de siete kilómetros de diferencia.
De este modo, tomando como referencia la distancia entre la estación de autobuses de Vitoria y la de Bilbao (Termibús), la medición foral establece que el autobús atraviesa 36 kilómetros por Álava, frente a los 29 kilómetros que recorre por Bizkaia. La distancia se amplía aún más en favor de Álava -hasta los 40 kilómetros- si en lugar de la estación de Euskaltzaindia se toma como referencia la parada de la Universidad, aunque para su reclamación la Diputación ha preferido circunscribir su demanda, con el apoyo de las Juntas, a la distancia entre ambas estaciones de buses.
“Nuestra intención es consultar primero a la Autoridad Vasca del Transporte como paso previo a la vía judicial. Esta semana les enviaremos una carta junto al informe que hemos elaborado”, adelantó el diputado socialista. Tras constatar que Bizkaia sacará el mes que viene a concurso la renovación de la línea, Ubierna ha dado orden a los servicios jurídicos forales de que inicien los trabajos para presentar la futura demanda judicial.
“Bizkaia considera que la gestión de la línea es suya y la va a defender, pero ahora tenemos un informe jurídico que avala nuestra postura y vamos a intentar hacer lo que durante los últimos años no se ha hecho desde esta Diputación”, subrayó el diputado sobre una cuestión que, de cristalizar, supondrá el primer gran enfrentamiento entre el gobierno de coalición PNV-PSE de Álava y su homólogo vizcaíno, también con ambos partidos al frente. “Cualquier medida que adopte en este tema dará prioridad a las necesidades y los intereses de los alaveses, como es mi obligación y el mandato de las Juntas Generales”, aseveró Ubierna en referencia a la moción aprobada en la cámara foral el 16 de marzo.
Además de los réditos económicos que supondría para Álava disponer de la titularidad de la línea de autobús entre Vitoria y Bilbao mediante la adjudicación de la explotación a una empresa -ahora La Unión, que realiza cerca de ochenta viajes diarios-, la Diputación alavesa tendría también en su mano la decisión final sobre una cuestión que hace dos años fue especialmente controvertida: las paradas que el autobús puede o no realizar en Vitoria más allá de la estación de autobuses de Euskaltzaindia. Algo que a finales de 2014 causó cierta polémica cuando, tras la inauguración de la infraestructura de Lakua, los autobuses de La Unión siguieron -como sucede ahora- parando y recogiendo a los estudiantes universitarios llegados de Bizkaia en la zona de la Universidad.
