vitoria - Nueve años ya y Vitoria sigue arrastrando la herencia envenenada que fue -y es- el arrendamiento del local de la calle San Antonio. El gobierno de Alfonso Alonso lo alquiló a sólo tres meses de las elecciones municipales de 2007, con la Mesa de Contratación cerrada a la oposición, sin decidir para qué lo iba a usar y por más de seis millones de euros a pagar en dos décadas cuando un año antes su propietario lo había comprado por 2,7. Por eso, al llegar los socialistas al poder y destaparse el pastel, la primera reacción de los grupos -salvo el PP- fue rescindir el acuerdo. La segunda, lamentarse. Una cláusula garantizaba al dueño, el empresario Gonzalo Antón, el cobro íntegro de la cantidad fijada aun rompiendo el contrato. Pero ahora, gracias a la sentencia del Tribunal de Cuentas, que sostiene que se realizó una operación “lesiva” para el patrimonio público, podría abrirse una puerta que permitiría al Ayuntamiento ahorrarse los cerca de 400.000 euros que le quedan por apoquinar.
O eso dice EH Bildu, al que no le vale con que Alfonso, Javier Maroto y otros siete exediles de aquella época tengan que pagar 393.862 euros como responsables directos de una “negligencia grave” que provocó “un perjuicio” a los fondos públicos. La portavoz de la izquierda abertzale, Miren Larrion, va a solicitar al gabinete de Gorka Urtaran que abra un expediente de anulación, que no de rescisión, del contrato en una moción que defenderá este mismo mes en el Pleno municipal. Leyendo el fallo ante los medios de comunicación, con el dedo puesto sobre las líneas que alimentan su argumentación, advirtió de que la sentencia del Tribunal de Cuentas “abre nuevas posibilidades” porque establece que el acuerdo “infringió la normativa aplicable” por incorporar “sin justificación acreditada estipulaciones lesivas para el patrimonio público”.
Al alcalde, a quien se le preguntó por la iniciativa de EH Bildu en una rueda de prensa posterior, no se le vio tan convencido de que esa posibilidad pueda prosperar. Pero tampoco la rechazó. “Yo tengo muy claro desde que llegué al Ayuntamiento en el año 2011 de que este contrato es muy perjudicial. Por eso planteamos soluciones desde un punto de vista constructivo pero, ante la soberbia de Maroto, tuvimos que acudir al Tribunal de Cuentas”, explicó. Ahora, el deseo del PNV es “cerrar esta fase” porque, aunque la sentencia deja claro que la operación fue dañina, señala con la misma precisión a los culpables, les obliga a pagar por el quebranto acumulado hasta 2013 y advierte de que incluso con la revisión a la baja del contrato ese año se siguió ocasionando un perjuicio, cabe posibilidad de recurso y el PP la va a aprovechar. Los populares continúan defendiendo la operación hasta el punto de asegurar que se hizo “por el interés general” de Vitoria y, además, cuestionan el fallo porque lo firmó “una consejera, no una jueza, designada directamente por el PSOE a propuesta de IU”.
“El Tribunal nos ha dado la razón. Ha habido negligencia grave, son responsables directos del daño causado a este Ayuntamiento y por eso se les condena a devolver 393.862 euros más intereses, pero sólo cuando termine del todo este capítulo buscaremos fórmulas para aminorar aún más el impacto”, insistió Urtaran. Una de ésas podría ser, según sugirió, meter mano en las cláusulas. Y, a partir de ahí, “ir más allá” si fuera posible “para evitar un mayor impacto”. El expediente de nulidad solicitado por EH Bildu sería, por tanto, una opción que cabría estudiar llegado ese momento, aunque no parece que la izquierda abertzale quiera esperar tanto.
Antxon Belakortu, colega de grupo de Larrion, advirtió del dineral que la ciudad seguirá perdiendo si continúa adelante con el contrato. Habló de una “sangría para las arcas públicas de 35.000 euros” al año, que es lo que le cuesta al Ayuntamiento el arrendamiento del local desde que en 2013, tras la comisión de investigación realizada en el Consistorio y la alargada sombra de la sospecha planeando aún sobre él, Maroto creyó que podía calmar las aguas negociando con Gonzalo Antón una rebaja del 30% en el importe de las cuotas y sustituyendo las subidas de hasta el 9% anual por la actualización limitada al IPC. “Por tanto, en caso de no anularse el contrato, éste supondrá un perjuicio añadido de 450.000 euros desde 2013 hasta su finalización”, calculó el edil. Por eso insistió y, ya de paso, anunció que hay un plan b. EH Bildu advirtió de que, de no romperse el acuerdo, exigirá que el PP “siga pagando” el daño causado a los gasteiztarras.
Hay ganas de seguir peleando. Y de forzar a que cada cual se retrate. Así que lo que es seguro es que el debate del próximo Pleno municipal, un prometedor monográfico sobre lo que unos consideran un escándalo y otros meras cuestiones contables, será de los calentitos. Larrion dio ayer un adelanto, al recordar las declaraciones de Maroto asegurando que el alquiler del local de San Antonio “no es un caso de corrupción”. La portavoz abertzale preguntó “cómo se describe entonces popularmente quitar en diez años más de 400.000 euros y dárselos a un amigo”, sobre todo en un partido donde el presunto mal uso del dinero público no es una excepcionalidad. Ahí están “otros casos en Valencia, en Madrid o en Granada, o aquí mismo con el pago de las sedes”.
También Urtaran se mostró muy molesto con el posicionamiento de Maroto, tanto por restar importancia a los hechos como por recurrir al y tú más con el caso De Miguel. “Poner el ventilador y ensuciar la imagen de todos los corporativos es desafortunado”, dijo. Por eso, él tiene claro que el que fuera edil de Hacienda con Alfonso Alonso, alcalde de Vitoria de 2011 a 2015 y ahora vicesecretario sectorial del PP con la llamada ruta social por bandera, que tacha a Bárcenas de corrupto pero da por bueno un contrato de alquiler abusivo firmado a espaldas de los propios técnicos municipales, “ya no puede encarnar la regeneración que necesita el PP y que se merece la sociedad”. El mandatario nacionalista cree que aquél al que arrebató el bastón de mando por votación de la mayoría de la Corporación municipal “no puede dar lecciones a nadie”, así que le aconsejó “humildad” y le pidió que reconozca que “lo hicieron rematadamente mal”.
El mismísimo Tribunal de Cuentas se vio forzado a emitir un comunicado un día después de la sentencia para recordarle al PP que ejerce funciones como órgano fiscalizador “con plena independencia y sometimiento al ordenamiento jurídico”. Sus miembros son elegidos por las Cortes, con el mismo modelo que el resto de órganos constitucionales, por lo que gozan de la misma inamovilidad y están sometidos a las mismas incompatibilidades que los jueces. Así pues, denunciar que sus sentencias están dirigidas obligaría a los populares a cuestionar también aquellos fallos en los que pudieran salir indemnes.
