La guerra contra el fraude fiscal tiene muchas patas sobre las que sustentarse, pero no todas son capaces de aguantar bien el enorme peso que los defraudadores colocan sobre la mesa en forma de millones de euros evadidos al fisco. Para estrechar el cerco, o “achicar espacios”, como lo definió ayer el director del Departamento foral de Hacienda, Francisco Javier Arrazola, la Diputación ha puesto en marcha un nuevo plan de lucha contra el fraude. Un paquete de medidas en el que se reeditan algunas iniciativas de planes anteriores -“en estos temas tiene que existir cierta continuidad”, incidía Arrazola- e introduce acciones de nuevo cuño presentadas ayer por el diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, José Luis Cimiano. Actuaciones que, aunque abarcan a todo tipo de contribuyentes, deberían preocupar sobre todo a las empresas que operan internacionalmente y recurren a la famosa ingeniería fiscal para evitar cumplir con el fisco, o a las que tributan por volumen de negocio en distintas administraciones.

No porque actúen de forma ilegal, como subrayaba ayer Cimiano, sino porque echan mano de mil y un subterfugios -como los paraísos fiscales- para regatear por la banda y acabar metiendo un gol a la Hacienda alavesa. Un ejemplo: sólo el pasado año, el ejecutivo foral cerró ocho expedientes a empresas que tributan por volumen de operaciones en varios territorios. En total, 32 millones de euros que estas ocho firmas pretendían colar con diferentes trucos de magia tributaria.

Para tratar de evitarlo, el nuevo plan foral de lucha contra el fraude escudriñará con una lupa más grande a estas firmas para evitar la deslocalización de beneficios en países con presiones fiscales más bajas, controlando las transferencias de los empresas con domicilio en puntos diferentes, además de aquéllas que “desarrollen actividades económicas con rendimientos negativos o proporciones muy reducidas de beneficios que se desvíen significativamente de la media de su sector de actividad”. También crecerá la presión sobre las empresas mayoristas, los profesionales y negocios minoristas que desarrollen su actividad en sectores de elevado riesgo fiscal y “aquellos sectores que no han sido especialmente afectados” por la crisis económica, entre otras medidas.

En lo que a las grandes empresas se refiere, los encargados de su control serán los responsables de la unidad especial que la Diputación creó en su día para centrar el foco en las grandes firmas. El área que sí será de nueva creación en la Hacienda del territorio será el llamado Servicio de Recaudación, que actuará en el seguimiento de procedimientos concursales, el control de aplazamientos y fraccionamientos, la adopción de medidas cautelares en el cobro de deudas y la derivación de responsabilidades en los casos de sucesión irregular de empresas.

máquinas Dentro también del paquete de medidas de lucha contra el fraude, la Diputación trabaja actualmente en un proyecto específico para incrementar el control sobre las cajas registradoras en negocios donde exista un uso “importante” de dinero efectivo. Una iniciativa aún en estudio para la que, según apuntó José Luis Cimiano, está por definir el sistema que se implementará para ejercer ese mayor control sobre las máquinas registradoras. Las propuestas anunciadas se unirán así a otras ya acordadas, como el intercambio de información con las Haciendas vizcaína, guipuzcoana y navarra o con el Gobierno Vasco, y la publicación de un listado de morosos con deudas y sanciones superiores al millón de euros con la Hacienda foral.

De cara a este año, el Departamento dirigido José Luis Cimiano aspira también a lograr “un cambio cultural en la percepción” de la ciudadanía de las actividades que realiza Hacienda y la conveniencia de que cada contribuyente cumpla con sus obligaciones tributarias. Y quiere hacerlo, a tenor de los planes en los que se está trabajando, desde la infancia, pues la Diputación firmará un acuerdo de colaboración con el Gobierno Vasco para que en los colegios del territorio se traslade a los alumnos “la importancia de no defraudar a Hacienda y por qué es necesario pagar impuestos”.

Entre las formas de cambiar esa “percepción” social, el diputado mostró sin ir más lejos su desacuerdo con acciones como los famosos “días sin IVA” que algunas grandes superficies celebran con cierta asiduidad para atraer clientes. “Son cosas que no ayudan nada, porque dan a entender que cobrar o no el IVA es una decisión que las empresas pueden tomar por iniciativa propia. Nosotros les hemos pedido que dejen de utilizar esa terminología y hablen de días con el 21% de descuento”, explicó Cimiano.

más expedientes Además de avanzar las bases del primer plan de lucha contra el fraude elaborado por el actual ejecutivo, el diputado foral de Hacienda trasladó a los grupos junteros los datos del fraude fiscal detectado en Álava en 2015, que se saldó con 129,49 millones de euros aflorados en base a 3.717 expedientes -1.792 a personas físicas y 1.925 a personas jurídicas-, un 7,43% más que en 2014.

De la cifra total, 83,8 millones corresponden a la recaudación por inspección, con el IVA como impuesto en el que mayor fraude fue detectado el pasado año (58 millones de euros), seguido a mucha distancia del de Sociedades (doce millones de euros). El resto, 45,6 millones, corresponde al fraude hallado en actuaciones de gestión, que no requieren acudir al servicio de inspección, donde un único expediente sirvió para recaudar 1,7 millones de euros por emisión y recepción de facturas falsas. De cara a este curso, el plan de inspección marca como objetivo la comprobación de 3.500 expedientes y la recaudación de al menos 65 millones de euros.