gasteiz - Aún no se sabe -algunos intuyen- por qué Alfonso Alonso firmó siendo alcalde de Vitoria un onerosísimo contrato blindado por veinte años con el empresario Gonzalo Antón por el arrendamiento de unos locales que no estaba claro para qué se iban a utilizar y que acabaron costándoles a los vitorianos 50.000 euros al mes. Sin embargo, el presidente del PP de Álava y vicesecretario general del PP vasco, Javier de Andrés, considera “una inmoralidad” mantener vivo el caso de las oficinas de la calle San Antonio, que afecta además de al actual ministro de Sanidad en funciones al secretario sectorial del PP, Javier Maroto, en aquella época edil de Hacienda.
De Andrés, en una comparecencia ante los medios de comunicación ayer en Vitoria, respondió de esta manera a las preguntas de los periodistas por la audiencia previa que va a celebrar el próximo lunes el Tribunal de Cuentas por el citado caso, en el que se investiga tanto a Alonso como a Maroto por pagar al empresario Gonzalo Antón un alquiler superior al estipulado por los técnicos por el alquiler de las oficinas de San Antonio.
El presidente de los populares alaveses recordó que la Fiscalía de Álava archivó la denuncia existente sobre este asunto porque en aquel momento no vio ilícito penal alguno y porque este caso ya estaba siendo investigado por el órgano fiscalizador, aunque advirtió de que podría abrir diligencias si el Tribunal de Cuentas veía un posible delito. De Andrés insistió en que la Justicia “ya dijo que no había ninguna responsabilidad” y de ahí que vea “cierta inmoralidad” en el “ánimo de mantener vivo algo que sobre lo que la Justicia ha dicho que no hay nada”.
De Andrés considera “tan importante desvelar los casos de corrupción que se puedan producir” en diversos ámbitos de la vida pública, como “respetar a las personas que actúan honestamente”, como, afirmó, en este caso, en el que “ya se ha demostrado que no se han vulnerado en modo alguno los intereses de la Justicia y las obligaciones de la legalidad, como era preceptivo”. Lo que no dijo fue que el año pasado, el Tribunal de Cuentas ya impuso a Alonso y Maroto, junto a otros concejales del PP, una fianza conjunta de medio millón de euros por el “perjuicio” causado a las arcas públicas.
Por su parte, el alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, mostró su deseo de que, “de una vez por todas, se vaya resolviendo este asunto” de forma que se llegue “hasta el final”. El primer edil se comprometió a seguir defendiendo el interés general porque a su juicio “no se defendió el interés de la ciudad” al firmar un contrato que fue “absolutamente lesivo para Vitoria y beneficioso para un particular”. En ese sentido, confió en que el Tribunal de Cuentas llegue a la misma conclusión y la ciudad sea indemnizada. - DNA/E.P.