El Tribunal de Cuentas celebra el lunes la audiencia previa del caso San Antonio, en el que se investiga el alquiler de una oficina firmado por el ministro de Sanidad en funciones y presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, cuando era alcalde de Vitoria.
Vitoria. La vista previa tendrá lugar al mediodía en las nuevas instalaciones del citado tribunal en Madrid y a ella sólo tienen el deber de asistir los abogados de las partes y el Ministerio Fiscal, según han explicado a Efe fuentes de este órgano.
En esta audiencia se estudiarán los asuntos procesales y qué pruebas propuestas por los demandados y demandantes se admiten al ser pertinentes para el juicio público que tendrá lugar en una fecha sin determinar todavía, aunque podría celebrarse en el plazo de un mes.
El Tribunal de Cuentes acordó el pasado octubre celebrar juicio contra Alonso y otros ocho miembros de su equipo municipal de la capital alavesa en 2007, entre ellos el actual secretario sectorial del PP Javier Maroto, que era el concejal de Hacienda, al apreciar una posible "responsabilidad contable" en el alquiler gravoso de unos locales para albergar unas oficinas municipales.
El tribunal estimó que se pudo causar un "perjuicio" económico a las arcas municipales por el precio del alquiler, que se pactó con el dueño del local, el empresario Gonzalo Antón, por una renta superior a la recomendada por los técnicos municipales.
En concreto el alquiler se fijó en 12.500 euros más IVA mensuales, cuando los técnicos del consistorio lo establecieron en 10.168 euros, es decir se pagaron 2.332 euros más al mes.El alquiler incluyó asimismo, según constató el órgano fiscalizador, una "cláusula penal" que señalaba que si el Ayuntamiento rescindía el contrato antes de 20 años tenía que pagar la renta que faltara por cumplir hasta la fecha final, cuando los técnicos municipales fijaron esa obligación únicamente para 10 años.
Por todo ello, el Tribunal de Cuentas decidió fijar en marzo del pasado año de manera cautelar una fianza de casi medio millón de euros a los nueve miembros del equipo municipal al estimar que podría haber "responsabilidad contable".
El lunes las partes plantearán y resolverán las cuestiones técnico-jurídicas en este procedimiento en el que también están personados el Ayuntamiento de Vitoria, el PNV y el PSE-EE.
De hecho fue en el propio consistorio de Vitoria donde se inició todo el caso, después de que una comisión de investigación concluyera en 2014, con los votos en contra del PP que gobernaba entonces el municipio, que Alonso y Maroto tuvieron una "responsabilidad directa" en la firma de este contrato, que "fue claramente contrario al interés público".
De ahí el caso pasó al Tribunal de Cuentas y también derivó a la Fiscalía de Álava que en marzo del pasado año acordó archivar las diligencias abiertas al estimar que no existía "ilícito penal alguno".
El fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre, argumentó entonces que el caso estaba en manos del Tribunal de Cuentas de España y que si la Fiscalía de ese órgano detectaba algún hecho que pudiera ser constitutivo de ilícito penal le remitiría los datos para iniciar una investigación.
