Gasteiz - Vitoria y Álava siguen avanzando para destacarse como territorios de acogida para los refugiados que huyen de la guerra y la muerte en Siria, Irak o Libia. Representantes del Ayuntamiento, de la Diputación, de la Comisión de Ayuda al Refugiado (CEAR), de Cáritas y de Cruz Roja se reunieron ayer para coordinar el diseño de “un proyecto común” de acogida y atención a las personas refugiadas que aspira a convertir lo antes posible en hechos las buenas palabras de los últimos días.
Según informó el Consistorio, “en breve plazo” tendrá listo un proyecto compartido para “facilitar la mejor acogida y seguimiento” a las familias que lleguen a Gasteiz o a otras localidades del territorio “cubriendo todas sus necesidades básicas”, un paso más que se suma al anuncio del jueves del diputado general, Ramiro González, de que Álava activará su Fondo de Emergencia Social para atender a un mínimo de diez familias.
Técnicos municipales de los servicios de Convivencia y Cooperación, así como del Departamento de Políticas Sociales, han comenzado a elaborar ya un borrador de plan de acogida que, en todo caso, “se coordinará permanentemente” con lo que determine el grupo de trabajo constituido previamente por el Gobierno Vasco, Diputaciones y Ayuntamiento a través de Eudel.
En concreto, las instituciones alavesas y las ONG trabajan ya en un proyecto básico de estancia temporal de seis meses. Después de ese periodo, se analizarán las necesidades de permanencia de las familias refugiadas en función de la evolución del conflicto bélico del que hayan huido. Dentro de este proyecto se determinará el espacio físico que ocuparán, así como los recursos y servicios que se les facilitarían, y se llevará a cabo una búsqueda de colaboraciones de otras instituciones y colectivos para lograr que todas las iniciativas solidarias se lleven a cabo “desde la máxima coordinación”. Del mismo modo, el Ayuntamiento ha comenzado a canalizar a través de las oficinas de Atención Ciudadana, el teléfono 010 y el Buzón Ciudadano todas las aportaciones vecinales que están llegando en este sentido.
Los primeros pasos de este proyecto, que vendrá acompañado de una campaña de sensibilización y concienciación ciudadana, serán presentados este próximo lunes al resto de portavoces municipales para “contar con la opinión y participación de todos los grupos políticos”.
Los grupos políticos de perfil progresista en el Consistorio también tomaron ayer la palabra para proponer iniciativas que palíen esta crisis humanitaria sin precedentes recientes. En concreto, EH Bildu, PSE, Sumando e Irabazi solicitaron la convocatoria urgente de un Pleno extraordinario para que la capital alavesa se integre en la red de ciudades refugio auspiciada hace una semana por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y a la que ya han mostrado su disposición de unirse otras localidades como Madrid, Alicante, Cádiz, Huelva, Valladolid y Zamora, entre otras.
“trabajo conjunto” Las cuatro formaciones de izquierdas propondrán a través de una moción conjunta “trabajar conjuntamente con aquellos ayuntamientos” que tengan este mismo compromiso y el impulso de un grupo de trabajo con los servicios sociales municipales, CEAR Euskadi, Cruz Roja y otras organizaciones locales para definir qué medidas adoptar desde el Consistorio para acoger a los refugiados.
El PP, que no ha suscrito el texto, mostró por su parte su “total disposición a asumir responsabilidad y ayudar a estas personas”, pero mediante una respuesta “que debe estar coordinada con otras administraciones municipales y también de instancias superiores, ya que “el asunto trasciende lo local”. Según advirtió la edil Ainhoa Domaica, “es un drama humano y hay que estar a la altura de las circunstancias”, ya que a su juicio “esto no es una carrera de solidaridad, no se trata de llegar el primero y colgarse una medalla, sino de ofrecer una respuesta responsable y efectiva”.
La moción de la oposición propone la creación de un registro con posibles lugares de acogida, preferentemente de propiedad municipal, y la coordinación de acciones de acogida y ayuda que partan desde la sociedad civil mediante iniciativas particulares y ONG, así como la habilitación de una partida para las actuaciones municipales. Además, los grupos instan a todas las instituciones a adoptar “una actitud activa y solidaria” ante esta tragedia, hacen un llamamiento a la ciudadanía de Gasteiz a la “solidaridad y el apoyo” hacia estas familias y piden al Estado español que “rompa” el protocolo de Dublín.
Moción. Un día después de que el alcalde Gorka Urtaran anunciase que el Ayuntamiento está en disposición de acoger a diez familias refugiadas con el apoyo de la Diputación, EH Bildu, PSE, Sumando e Irabazi pidieron ayer la convocatoria de un Pleno extraordinario para concretar ya las medidas de acogida y para integrar a Gasteiz en la red de ciudades refugio propuesta desde el Ayuntamiento de Barcelona.
“Respuesta coordinada”. El Partido Popular, que no se sumó al texto, propone dar una respuesta “coordinada con otras administraciones municipales y también instancias superiores”, aunque mostrando su “total disposición a asumir responsabilidad y ayudar a estas personas”. A juicio de la edil ‘popular’ Ainhoa Domaica, “esto no es una carrera de solidaridad, no se trata de llegar el primero y colgarse una medalla sino de ofrecer una respuesta responsable y efectiva”.
Nuevas medidas. Casi simultáneamente a la presentación de la propuesta de la oposición, técnicos municipales de los servicios de Convivencia y Cooperación, así como del Departamento de Políticas Sociales, comenzaron a elaborar un borrador de plan de acogida que se coordinará “permanentemente” con lo que determine el grupo de trabajo constituido por el Gobierno Vasco con las diputaciones y los Ayuntamientos vascos. El alcalde se reunirá el lunes con los portavoces del resto de grupos municipales “para dar cuenta de los pasos que se van dado y contar con la opinión y participación” de todos los grupos, según anunció el Consistorio.
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Meses. El Ayuntamiento, la Diputación y distintas organizaciones sociales trabajan ya en un proyecto básico de estancia temporal de medio año, tras los que se analizarán las necesidades de permanencia de las familias refugiadas en función de la evolución del conflicto bélico del que han huido.