vitoria - La crisis, el deseo de sillón o la oposición feroz han instalado a algunos políticos en una interesada interpretación de la situación económica de las instituciones que representan. En sus manos, los números dejan de ser objetivos para acomodarse a intenciones que no falsean la realidad, pero sí la retuercen hasta que parece otra. Por eso, cuando surge la polémica, como ha pasado en el Ayuntamiento de Vitoria, hay que mirar hacia un árbitro sin ataduras con ninguna sigla para que las cifras sean las que son, más allá de las consideraciones de los gobiernos de turno. Y ése aquí es el interventor, cuyos últimos informes, el del cierre del ejercicio de 2014 y el solicitado por el PNV para conocer la situación presupuestaria actual, evidencian que la situación de las arcas no es precisamente holgada. El primero concluye que el superávit, el ahorro neto, la tesorería y la deuda no son la maravilla que Javier Maroto vendió ayer mismo con una nota de prensa. Y el segundo reconoce que faltan 68 millones en las Cuentas para cumplir con las obligaciones de este ejercicio de aquí a diciembre, y si se cubrieran “nos quedaríamos mileuristas”.

Hace ya unos meses, a raíz de la prórroga presupuestaria del PP, los grupos de la oposición empezaron a mostrarse preocupados por la situación del Ayuntamiento. Sospechaban que los presuntos movimientos de dinero entre partidas y ciertas retenciones de créditos iban a dificultar el cumplimiento de las obligaciones económicas de la institución. Tras las elecciones, una de las primeras medidas del nuevo gobierno de Gorka Urtaran fue solicitar al interventor y al tesorero un informe-auditoría sobre lo gastado hasta la fecha de las cuentas de 2015 y las previsiones de evolución de gasto hasta final de año. El que ayer dio a conocer a todos los grupos políticos. “Una fotografía rigurosa y objetiva”, a juicio del PNV, que concluye que “el déficit asciende a 68 millones de euros”. Dinero que, se saque de donde se saque, afectaría a una administración que muestra una “insuficiente sostenibilidad financiera”.

El agujero se reparte de la siguiente manera: 15,5 millones correspondientes a la deuda que arrastra la sociedad Ensanche 21 y que hay que pagar ya; 18,3 millones de retenciones de créditos realizados a distintos departamentos, como Amvisa, cantidades que no están disponibles para gastar porque no se garantiza su ingreso por la vía de la venta de patrimonio conforme a las previsiones realizadas en el Presupuesto; 15,7 millones del capítulo de obligaciones derivadas de sentencias judiciales (11,2 millones corresponden al principal y 4,5 millones a los intereses al no haber sido abonadas las cantidades con anterioridad; 2,45 millones derivados de parte del IVA correspondiente a las nuevas oficinas municipales de San Martín y que no había sido consignado; y otros 21,65 que se corresponden con partidas de gastos en sociedades y departamentos que no tienen suficiente dotación presupuestaria, como sucede con la sociedad del transporte público, la factura del agua o el gasto en electricidad. Y a todos esos dinerales, el gabinete de Urtaran considera que hay que sumar “por prudencia” los casi 5 millones que supondría el abono del 75% de la paga extraordinaria de diciembre de 2012 que resta de abonar los funcionarios en respuesta a la resolución del Gobierno central de obligado cumplimiento.

La semana que viene, Urtaran reunirá a todas las formaciones en un nuevo encuentro para presentarles un borrador de su plan de saneamiento de las cuentas “que pueda ser compartido por toda la Corporación o con el mayor número posible de grupos políticos”. Sería extraño que el PP se sumara a la labor. Ayer por la mañana, horas antes de que se conociera la auditoría, Maroto ofrecía una rueda de prensa para asegurar que Urtaran había heredado unas arcas saneadas y para defender su gestión en sus cuatro años de gobierno. Destacó que había dejado un superávit de 2,7 millones tras recibir un déficit de 47 del Gobierno de Lazcoz, que logró reducir la deuda con las entidades financieras en un 26%, que dejó un ahorro neto “en junio de 2014” catorce veces superior al de 2010 y que multiplicó por tres el remanente de tesorería para gastos generales. Y para dar fuerza a su versión acompañó la nota posterior enviada a la prensa del informe del interventor de la Cuenta General del ejercicio de 2014 pensando, tal vez, que los medios no tendrían tiempo para leerlo. Era muy grueso. Pero lo hubo. Y su historia se desmontó.

Todos esos datos son ciertos, pero también parece que parciales. El superávit evidencia “un margen entre ingresos corrientes y gastos corrientes prácticamente nulo que ahoga la situación financiera del Ayuntamiento” y la aboca a depender “de subvenciones” para desarrollar proyectos. Que la tesorería, así en general, presenta un déficit de 35,43 millones. Que la deuda viva asciende a más de 115 millones de euros. Y que el ahorro neto, 7,6 millones, incluye partidas que no deberían incluirse ahí y no tiene en cuenta gastos devengados no imputados, lo que seguiría dejando una cifra positiva pero “insuficiente en términos financieros y de sostenibilidad”. Palabra de interventor.

PSE: “Maroto debe pedir perdón”. El primer partido en dar su opinión tras el encuentro fue el PSE. A la espera de hacer un análisis más profundo de la documentación, Peio López de Munain tachó de “lamentable que quien durante cuatro años se ha vendido como el gurú de las finanzas municipales nos haya dejado un agujero de más de 60 millones de euros y que lo tengamos que pagar entre todos”. “Debería pedir perdón porque ha vuelto a mentir”, subrayó el portavoz socialista.