agurain - La Cuadrilla de Llanada Alavesa exigió ayer al Ayuntamiento de Gasteiz que deje sin efecto, al menos hasta final de año, la prohibición de uso del vertedero de Gardelegi a partir del próximo mes de mayo. En un par de semanas las cuadrillas tendrán que dejar sus residuos en la planta de biometanización y compostaje de Jundiz, un extremo que según el presidente de la cuadrilla, Gustavo Fernández Villate, se les ha comunicado sin tiempo material para buscar una alternativa.
La decisión supone, además, un importante quebranto económico para las cuadrillas, pues pasarían de abonar 45,05 euros por tonelada de residuos a 68,56 euros por tonelada al dejarlos en Jundiz. “Este cambio implica un importante incremento en la tasa de vertido no contemplado en los presupuestos ni en las ordenanzas fiscales actuales; en caso de aplicarse, como se comunica, de una manera inmediata, producirá una importante desviación presupuestaria”, criticaba ayer Fernández Villate. A su vez, el presidente de la cuadrilla censuró que el Ayuntamiento vitoriano considere a estas instituciones “clientes puntuales de unas instalaciones dimensionadas y financiadas para y por todos los alaveses”. Se trata ya del segundo año consecutivo, recordó, que Gasteiz toma medidas unilaterales que afectan a la gestión de residuos integral de Álava.
Por último, la Llanada solicitó al Ayuntamiento que inicie las conversaciones para alcanzar un acuerdo entre todos los municipios y las cuadrillas de Álava.
En Gardelegi las decisiones las toma un Órgano de Gestión en el que participan todas las instituciones implicadas, tal y como queda recogido en el Plan de Gestión de Residuos vigente en la actualidad. La cuadrilla de la Llanada se ha dirigido, por tanto, a la Diputación, en busca de mediación , ante su “falta de posicionamiento”.
La restricción a las cuadrillas en Gardelegi ha sido crucial para que la empresa adjudicataria del nuevo contrato del vertedero, FCC, ganara el concurso pese a presentar una baja temeraria. La empresa apeló, en un informe que el Ayuntamiento de Vitoria rechazó entregar a sus competidoras, a una importante disminución de la entrada de residuos para 2015 debido a esta medida, que los propios afectados por la misma y los competidores de FCC desconocían.
Sin embargo, el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales avala el veto a esta documentación relativa a la adjudicación, así como ha hecho también en el caso del contrato de la limpieza. Eso sí, en los dos casos el OARC destaca el “exceso de celo” del Ayuntamiento a la hora de proteger los intereses de FCC.
