gasteiz - La plataforma Errekaleor Bizirik, que representa a los jóvenes que ocuparon varias viviendas del barrio hace dos años, registró ayer en el Ayuntamiento de Gasteiz un informe firmado por una arquitecta colegiada en el que se asegura que los pisos, que el Ayuntamiento quiere desalojar por entender que son insalubres y peligrosos, son perfectamente habitables. Una representación de la plataforma se desplazó ayer hasta la Plaza Nueva para hacer entrega de este estudio, que viene a rebatir las conclusiones de un informe previo elaborado por la Policía Local en el que se advierte del peligro de que suceda algún incidente grave como consecuencia del estado de las viviendas. Dicho documento se elaboró el pasado 5 de febrero, después de que se produjera un incendio en un piso de la parte baja del barrio en el que murieron varios perros, una vivienda habitada en ese momento por una familia rumana.

Según Errekaleor Bizirik, el desalojo preventivo que defienden PP y PNV no está justificado, pues se han balizado y señalizado las zonas con peligro de desprendimientos, “del mismo modo que se ha realizado en otros barrios como el Casco Viejo o Salburua”, y con el inicio de la primavera se va a proceder a reparar los tejados dañados. Además, señalaron los jóvenes, se han eliminado las humedades de las viviendas, por lo que todos los pisos, aseguran, son recuperables, incluso aquel en el que se registró el incendio que precipitó los acontecimientos, “tal y como se menciona en el informe del perito”.

En todo caso, parece que el Ayuntamiento está dispuesto a ir a por todas. Desde el Consistorio se ha comunicado a los jóvenes que esta misma mañana, a partir de las 8.00 horas, los bomberos acudirán junto con la Policía Local para valorar el estado de las viviendas de los números 2, 4, 5, 8 y 26. En éste último portal se encuentra la primera vivienda que ocuparon los miembros de la plataforma. El alcalde, Javier Maroto, ya advirtió en su día de que no desalojaría a los okupas sin contar antes con un informe técnico, el que se va a efectuar hoy. Si de ese estudio se extrae que las casas son inhabitables, el alcalde instará al desalojo, pero primero tendrá que poder contar con esa documentación. Los integrantes de la plataforma aseguraron ayer que no dejarán entrar a nadie a las viviendas si no hay una orden judicial de por medio.

Los jóvenes, que cuentan con asesoramiento legal, recordaron ayer que viven en esas casas con permiso del propietario, el Ayuntamiento, y que por ello “técnicamente” viven allí “en precario”, y no como okupas.

“Queremos recalcar -señalaron ayer en torno al estado de las casas- que estos problemas no son un peligro inminente y que se pueden registrar por diferentes barrios de Vitoria, por lo que nos parece injusta la opción de desalojarnos de manera preventiva”. Además, según Errekaleor Bizirik, al ser Ensanche 21 la propietaria de los pisos el Ayuntamiento es el responsable directo de los problemas que presentan los bloques, pues el Consistorio “ha abandonado sus obligaciones como propietario, tanto en cuanto a su mantenimiento como por los tapiados que realizó de forma totalmente ilegal, incurriendo en delitos de mobbing inmobiliario, tal y como han denunciado los antiguos vecinos de Errekaleor por la vía penal”.

El pasado 24 de febrero, Ensanche 21 celebró una reunión extraordinaria de su consejo de administración para dar vía libre al inicio del proceso judicial para desalojar a los habitantes de las viviendas del viejo barrio gasteiztarra, que iba a derribarse para permitir el crecimiento de Salburua hacia el sur, un proyecto que la crisis inmobiliaria frenó en seco. De forma paralela, Ensanche 21 seguía apremiando a los propietarios que aún residen en sus casas, ocho a día de hoy, para que firmen la renuncia a su propiedad. La mayoría ya lo han hecho y ahora tienen tres meses para abandonar el barrio.

Mientras algunos propietarios se resistían a marcharse, y la mayoría aceptaba la permuta por viviendas en otros barrios de la ciudad, Errekaleor Bizirik emprendió una serie de proyectos para la mejora del barrio, como la recuperación del cine o el bar, la plantación de un huerto para autoabastecimiento, y la organización de diversos talleres, tertulias, o clases gratuitas de euskera. De forma paralela, se fueron rehabilitando las casas ocupadas. Se renovaron las instalaciones eléctricas o de agua corriente, se cambiaron ventanas, se derribaron tabiques y se crearon zonas comunes.

Con el paso de los meses, otros pisos fueron ocupados por familias nómadas que hasta entonces habían vivido en tiendas de campaña, y por personas sin recursos. Además, según señalaron a DNA desde la plataforma, la propia Policía Local remitía a personas sin hogar al barrio, e incluso se ha invitado a presos recién salidos del penal de Zaballa a irse a vivir a Errekaleor. El colectivo afirmó entonces que el barrio está abierto a todo el que quiera residir en él, pero señalaron que estas actuaciones pretenden “criminalizar” su proyecto social.

En el informe elaborado por la Policía Local se señala que “las viviendas no ofrecen ninguna garantía de salubridad e higiene”, y que “la corriente eléctrica llega a la vivienda mediante empalmes de los cables a los contadores de la vía pública, hechos de manera totalmente artesanal, generando un grave peligro a todos los habitantes de la casa”.

El informe policial. Tras producirse un incendio en un piso del barrio en el que vivía una familia rumana, la Policía Local emitió un informe que alertaba del peligro que a su juicio constituía habitar esas viviendas.

El informe de la arquitecto. Errekaleor Bizirik encargó otro informe a una arquitecto colegiada que certificó que las casas se encuentran en buen estado. Los jóvenes afirman que en breve iniciaran la reparación de los tejados en los que se han producido desprendimientos.