vitoria - Pedro Sánchez era el director de Formación y Garantía de Ingresos del Gobierno Vasco hace ahora tres años, es decir, era el máximo responsable de Lanbide cuando el organismo asumió, prácticamente de un día para otro, la gestión de las ayudas sociales, bajo el objetivo de ligarlas a la consecución de empleo. Él fue el encargado de hacer virar el trasatlántico, y en el empeño se dejó muchas horas de sueño, tanto él como los funcionarios que asumieron la tarea de gestionar decenas de miles de expedientes que hasta finales de 2011 habían tramitado los ayuntamientos vascos. Después, tras salir del Gobierno, realizó una investigación sobre el funcionamiento de la Renta de Garantía de Ingresos en los dos últimos años.

Ayer Sánchez acudió a la comisión especial sobre ayudas sociales del Ayuntamiento vitoriano para contar cómo eran las tripas, la maquinaria, de ese trasatlántico que tan torpemente se movía en aquellas fechas, pero sobre todo vino para explicar qué aporta la RGI en Euskadi, y para señalar cuál es el papel de los extranjeros en la misma y hasta qué punto esta prestación se encuentra afectada por el fraude.

La respuesta a la última de estas cuestiones fue rotunda. “Yo no detecté grandes bolsas de fraude de ningún tipo; sí situaciones puntuales pero llamativas”, explicó Sánchez en una comparecencia en la que fue autocrítico con respecto al traspaso de las ayudas a Lanbide, destacando las “prisas” que se metió a sí mismo un Gobierno que no se veía otros cuatro años en Ajuria Enea, pero que también achacó a la oposición las escasas facilidades que le puso al lehendakari López para llevar el barco citado anteriormente a buen puerto.

Según Sánchez, cuando los funcionarios detectaron esos “llamativos” casos, se contactó con la Ertzaintza, con las policías municipales vascas, y con los responsables de Extranjería del Gobierno central para tomar medidas. Había aparecido “algún caso de falsedad documental, pero nada que con aquel sistema de control y coordinación no se detectara”, remarcó el exresponsable de Lanbide, que no dudó en calificar el fraude en la RGI, al menos en la época en que él la gestionaba, de “anecdótico”, e incluso de “ínfimo”. De hecho, afirmó, el propio traspaso de las ayudas sociales a un sistema público de empleo contribuyó a implementar ese control sobre las ayudas, que llegaba al punto de comprobar la IP (la dirección del terminal) de los ordenadores desde donde se tramitaban las prórrogas de las ayudas para asegurarse de que el beneficiario no estaba “en Uzbekistán, por decir algún sitio”.

lo complejo y el “brochazo” En relación a la polémica que ha levantado el alcalde de Gasteiz, cuestionando el funcionamiento de Lanbide, Sánchez fue valorando cada una de las quejas y propuestas de Maroto, y en relación a lo que alcalde llama fraude social puso un ejemplo llamado a matizar las cosas. “Una persona que encuentra trabajo el día 18, lo comunica a Lanbide el día 20 y cobra todo el mes no es un defraudador, es alguien que se ha movido para encontrado trabajo”, señaló el exalto cargo del PSE. Lo que ocurre, remarcó, es que cuando se gobierna “es más difícil comunicar lo complejo que el brochazo”, y este tipo de explicaciones no llegan al ciudadano tan fácilmente como hablar de cobros (o pagos) indebidos sin entrar a explicar en qué consisten los mismos. “La realidad de esta prestación es compleja”, insistió en sentido Sánchez, que defendió la RGI, a pesar de sus disfunciones o necesidades de actualización, como “el sistema que diferencia a Euskadi de otros países y comunidades autónomas, una joya de este país que merece un respeto”. De hecho, afirmó, en el Gobierno Vasco hubo sospechas más que fundadas de que el sistema francés se montó siguiendo los planos de la renta básica vasca de 1989, reformada en 2011 y que Sánchez cree que no es oportuno tocar “hasta que no se saque del debate partidario”, un peligroso campo de acción en el que no ha estado hasta que Maroto inició el debate sobre los inmigrantes y las ayudas sociales.

el maroto de 2011 y el de 2014 Ayer Sánchez abogó por recuperar el consenso que todos los partidos, PP incluido, han mantenido hasta la fecha en torno a esta cuestión en Euskadi, y recordó cómo el propio alcalde Maroto, cuando hace cuatro años formó parte del grupo de trabajo que diseñó la nueva RGI, en un momento en el que realmente tenía el poder para influir en el diseño de la norma, tan sólo puso sobre la mesa una de las muchas propuestas que ahora difunde a través de Ayudas+Justas. “De todo lo que vengo oyendo la única medida que coincide con lo que decía entonces es la de alargar la exigencia del padrón”, señaló Sánchez, que en sus reuniones con el alcalde, celebradas incluso en el propio Ayuntamiento, jamás le oyó hablar, por ejemplo, de no excluir de la RGI a quienes posean un terreno baldío en el pueblo.

Una de esas medidas que Maroto propone ahora es la de sacar del sistema a los inmigrantes sin papeles, que Sánchez desaprueba. Según el experto, si hay inmigrantes irregulares es porque no se cumple la Ley de Extranjería, lo cual no es responsabilidad de ningún gobierno autonómico y, además, por esa regla de tres, Gasteiz debería negarse a empadronar a estos extranjeros irregulares. Por otro lado, esas personas, sin ninguna posibilidad de salir adelante, caerían en la delincuencia. “O gastamos en seguridad social o gastamos en seguridad policial”, dijo Sánchez, quien defendió la primera opción “por motivos humanitarios, pero también egoístas; no quiero que mis convecinos, que los compañeros de la ikastola de mis hijos, sean excluidos, no quiero zonas oscuras donde alguien tenga que cometer a actos delictivos”. Si se cortan las ayudas a esos irregulares, dijo, “que sea con nombres y apellidos, para que sepamos a qué niños vamos a dejar sin comer”.

El investigador, quien aludió a estudios académicos que niegan el efecto llamada, señaló que la RGI en Euskadi ha sido “una cama elástica” para los inmigrantes, que les impide caer y les impulsa en la búsqueda de un futuro mejor.

Traspaso de la RGI. Pedro Sánchez pilotó el traspaso de la tramitación de la Renta de Garantía de Ingresos al nuevo Lanbide cuando las políticas activas de empleo llegaron a Euskadi.

Fraude “limitadísimo”. Según Sánchez, el nivel de fraude en la RGI cuando él estuvo al frente de Lanbide era “ínfimo, limitadísimo”, y los instrumentos de control para detectarlo funcionaban correctamente.

Investigación. Sánchez ha realizado un estudio sobre el funcionamiento de la RGI en los dos últimos años.

El exalto cargo del Gobierno Vasco defendió la RGI como un recurso eficaz contra la exclusión y la delincuencia.

Sánchez desmontó algunos de los tópicos en torno a esta prestación.

En su opinión, mientras no se aplique la Ley de Extranjería, Euskadi debe proporcionar ayuda a todos los ciudadanos que viven aquí, irregulares o no.

251

Son los ayuntamientos que hay en Euskadi, y uno solo, el de Gasteiz, fue el que echó la persiana de la tramitación de la RGI el mismo día en que entraba en vigor el traspaso. La Ertzaintza tuvo que intervenir en las oficinas de Lanbide de Txagorritxu para contener la avalancha de perceptores que envió el Consistorio.