durante las últimas semanas, la Diputación alavesa en manos del Partido Popular se ha empeñado en sacar pecho por su supuesta buena gestión de los servicios sociales, una baza con claros tintes preelectorales que no ha gustado en absoluto a los trabajadores forales de este ámbito. El Gabinete de Javier de Andrés, sin demasiados triunfos de los que presumir durante sus cuatro años de gobierno, ha alardeado entre otras cosas, de la “mejora” de la atención a los dependientes, del aumento del gasto social en números relativos respecto a la legislatura anterior, del incremento de trabajadores de la sociedad foral Indesa o del “esfuerzo” realizado para mejorar la gestión de los servicios y reducir el fraude. Un mensaje triunfalista acompañado también por una vistosa campaña publicitaria que no tardó en obtener respuesta desde la Junta de Personal del Instituto Foral de Bienestar Social (IFBS), a través de una dura denuncia pública. “El arte del engaño tiene un límite y este Gobierno, con De Andrés y Marta Alaña a la cabeza, hace tiempo que lo ha sobrepasado. Vendan lo que vendan, estamos peor que cuando llegaron”, aseguraron recientemente, a modo de resumen, los representantes de los trabajadores.
A dos meses y medio vista de las próximas elecciones forales, a nadie se le escapa dentro del IFBS que la Diputación va a echar toda la carne en el asador para vender los presuntos logros de un Departamento que actualmente absorbe el 42% del Presupuesto foral y del que depende la atención de las personas mayores, de los menores no acompañados, de los dependientes o de las personas con discapacidad, entre otros amplios colectivos. Durante el último Pleno de control, sin ir más lejos, De Andrés se sacó de la manga varios datos estadísticos que avalarían su gestión de Indesa respondiendo, de ahí lo inaudito de la situación, a una pregunta de la portavoz del PP en las Juntas Generales, Ana Morales.
Que la sociedad foral que emplea a personas con discapacidad haya aumentado su facturación un 13% esta legislatura o que su plantilla haya crecido un 12% fueron datos exhibidos con orgullo por el diputado general, pero según denuncian fuentes sindicales del IFBS el impulso logrado por Indesa, donde no sólo trabajan personas discapacitadas, está directamente relacionado con la “precarización” del empleo en los servicios sociales alaveses y la privatización de distintos servicios.
Arkaitz Valentino, responsable del sindicato ELA en el IFBS, no ahorra en calificativos negativos a la hora de valorar la gestión del Gobierno De Andrés al frente de los servicios sociales. “Ahora está intentando maquillar en todos los ámbitos, pero el balance es pésimo al 100%. La gestión ha sido horrorosa, patética, y a nivel interno la institución está militarizada”, censura el representante sindical.
Los altos niveles de conflictividad laboral alcanzados en el IFBS, que tuvieron como punto culminante un encierro de 88 días de duración en la residencia Txagorritxu, dan fe del creciente descontento de una plantilla con una media de edad de 54 años y cada vez más sobrecargada. La movilización dio sus frutos y la gerencia de los servicios sociales forales dio marcha atrás en su intención de imponer los calendarios y las rotaciones de los profesionales, pero la plantilla del IFBS, un año después de alcanzarse esa paz social temporal, vuelve a estar citada esta misma semana a nuevas asambleas informativas donde se dará cuenta de la intención de la Junta de Personal de abrir un nuevo proceso negociador “para revertir la situación impuesta”.
Los representantes de los trabajadores exigirán el retorno de la jornada laboral de 1.592 horas, la recuperación completa de la paga extraordinaria de 2012 o de los días de licencia, así como un plan de recursos humanos y medidas urgentes para la creación de empleo, ante la nula perspectiva de que vaya a convocarse alguna OPE en los próximos años. Isabel Montero, presidenta de la Junta de Personal del IFBS, también suspende “con tarjeta roja” la gestión de los servicios sociales por parte del PP, un mandato donde la “burocracia para todo” se ha instalado en los recursos del IFBS y se ha dado una progresiva externalización de servicios hasta hace poco 100% públicos.
“La privatización a través de Indesa es lo más grueso, pero hay mucho más”, certifica Montero. Entre otras cosas, la presidenta de la Junta alude a la progresiva externalización de los talleres de tiempo libre, de las labores de farmacia, de los servicios de podología, de la rehabilitación en algunos recursos para mayores... “Si a eso se une que un tercio de la plantilla es interina y que en tres años va a jubilarse otro tercio, vamos a tener que la mitad de los trabajadores van a ser interinos”, advierte la profesional. La Junta de Personal del IFBS celebrará el próximo martes 17 un acto reivindicativo donde escenificará ese “suspenso” a la gestión foral de los servicios sociales.
“más empleo basura” Arkaitz Valentino, entretanto, pone su foco en la situación de Indesa, que ha servido para extender la creación de “más empleo basura” a cambio de reducir personal en el IFBS. Entre otras cosas, el centro especial de empleo ha asumido las riendas de la cocina y el mantenimiento de las residencias de mayores de Lakua y Abetxuko y también de los llamados gobernantes y los telefonistas, según enumera el representante de ELA, con trabajadores que ni de lejos llegan a percibir el salario de un trabajador del IFBS, y que en muchos casos además no tienen ningún tipo de discapacidad. “Son tan osados que no me extrañaría que la gestión de algunas residencias pasase también a depender de Indesa en unos años”, advierte Valentino.
El cumplimiento “estricto” de las políticas de recorte aplicadas en Madrid por Mariano Rajoy, en contraste con el resto de provincias vascas, se encuentra detrás de gran parte de los males que han azotado a los servicios sociales alaveses desde que el PP tomó el mando de la Diputación alavesa, a juicio de todas las fuentes consultadas. Una estrategia “supuestamente rentabilizadora de los servicios públicos” -según denunció la Junta del IFBS en aquella carta pública- a la que ahora ha seguido una “previsible maniobra de manipulación de datos” puesta en marcha por el PP para “enmascarar” su gestión. Carlos Fernández de Zañartu, presidente de la Junta de Personal de la Diputación alavesa, que hoy vivirá su tercera jornada de huelga parcial, no pasa por alto esta realidad. “Ha habido una sumisión absoluta a los recortes de Rajoy. Han querido hacer un alarde del cumplimiento de todos sus decretos”, advierte.
Los trabajadores y los sindicatos del sector tampoco olvidan la labor de Marta Alaña al frente del Departamento de Políticas Sociales y su actitud “prepotente y autoritaria, bajo un modelo industrial y sin la más mínima vocación de acuerdo”, que ha generado las mayores cotas de conflictividad de los últimos años en el IFBS. Valentino, por ejemplo, censura que haya sido “la primera diputada en la historia que no ha tenido la decencia de sentarse en una mesa para hablar con los sindicatos”, un “ordeno y mando que dice bastante de ella misma”.
El previsible deterioro de los servicios que podría producirse debido a estas situaciones ha sido paliado “gracias al esfuerzo de los trabajadores”, aunque según recuerdan los profesionales “todo tiene un límite”. Valentino denuncia que si las sobrecargas de trabajo persisten “acabará repercutiendo” en la atención y recuerda que la plantilla del IFBS “trabaja con tornillos, no con personas”.
La carta hecha pública por los trabajadores denunció también que Javier de Andrés “transfiere a la ciudadanía contenidos de atención de responsabilidad pública, promoviendo la privatización de servicios, la precariedad laboral y la desprofesionalización y manipula los datos atribuyéndose la iniciativa de servicios ya instaurados con anterioridad a su llegada, convirtiendo en mejora lo que es retroceso y, en definitiva, engañando a golpe de dato tergiversado y propaganda mediática”. A juicio de la plantilla, el actual Ejecutivo “quedará como referente de lo que no se debe hacer”.
