Vitoria. SOS Racismo presentará el martes en un juzgado de Vitoria su querella contra el diputado general de Álava, Javier De Andrés (PP), a quien acusa de injurias graves por haber dicho que este colectivo ha contribuido al fraude en las ayudas sociales y que es un "ejemplo de saqueo" a las arcas públicas.

En su querella, a la que ha tenido acceso EFE, el portavoz de SOS Racismo de Álava, Fede García, tipifica los hechos como un delito de injurias graves, al considerar que el diputado general hizo esas manifestaciones de forma reiterada, con publicidad porque fueron difundidas por los medios de comunicación y con conocimiento de que eran falsas.

En sus declaraciones, el dirigente popular acusó al colectivo de apoyo a los inmigrantes de ser un "ejemplo de saqueo de las ayudas sociales" por haber hecho hace años un empadronamiento "ficticio" de 1.252 inmigrantes, lo que podría haber costado al erario público 13 millones de euros anuales por el pago de estas prestaciones.

Para apoyar su querella, SOS Racismo incorpora recortes de publicaciones de distintos medios informativos que recogieron las palabras del dirigente popular.La organización de apoyo a inmigrantes pide al juez instructor que cite a declarar al diputado general y también a distintos directores de medios que publicaron o difundieron sus declaraciones.La presentación de esta querella se produce casi un mes después del acto de conciliación celebrado el pasado 3 de noviembre en el Palacio de Justicia de Vitoria, al que acudieron tanto Fede García como Javier de Andrés, pero en el que no hubo acuerdo.

Para lograr la conciliación García pedía al diputado general que dejara de divulgar "las tergiversaciones" sobre esta asociación, le exigía que se excusara a través de los medios de comunicación y que le indemnizara con 79.296 euros, la cantidad correspondiente al sueldo anual del alcalde de Vitoria, por los daños ocasionados, para dedicarlo a campañas de sensibilización por los derechos sociales.

De Andrés, sin embargo, se ratificó en sus palabras aludiendo a de la libertad de expresión e insistió en que facilitar la sede de este organismo como domicilio era falsear datos y que con ello se estaba contribuyendo al fraude.Fede García explicó que el empadronamiento social o ficticio fue reconocido en una resolución del INE en 1997 con el objetivo de que los inmigrantes que residen en un municipio y no tienen domicilio habitual puedan recibir la documentación para su posterior empadronamiento, aunque insistió en que SOS Racismo "nunca" ha solicitado una ayuda social.