gasteiz - El rechazo de buena parte de la sociedad alavesa hacia Garoña es evidente. Y más, si cabe, tras comprobar el esperpento que ha acompañado al proceso ideado por el Gobierno central, en manos del Partido Popular (PP), para devolver a la vida a la planta atómica ubicada en el burgalés Valle de Tobalina, a escaso 40 kilómetros de la capital alavesa. Ayer, sin ir más lejos, decenas de personas volvieron a la calle para mostrar su hartazgo por todo lo que acontece en relación al recinto eléctrico. En concreto, las calles del centro vitoriano asistieron a la creación de una cadena humana de apoyo a una iniciativa Álava sin Garoña. Esta plataforma pide no contratar el suministro eléctrico con Iberdrola -una de las propietarias de Nuclenor, que es la firma que gestiona la central- y optar por cooperativas que apuesten por las energías renovables. Ibertrola, Araba no quiere tu energía. Cambia tu suministrador eléctrico- Garoña ez, Iberdrola Ez es el lema de esta iniciativa que la plataforma puso en marcha ayer entre la plaza de la Virgen Blanca hasta las oficinas que esta empresa eléctrica tiene en Vitoria.
El portavoz de este colectivo, Alberto Frías, recordó que Iberdrola, propietaria de la central de Santa María de Garoña junto a Endesa, ha solicitado la reapertura de la central hasta 2031 -cuando cumplirá 60 años desde su puesta en funcionamiento- en una decisión que calificó de “irresponsabilidad corporativa”.
Añadió que la reapertura de la central supone poner en peligro la seguridad de las personas que viven en el ámbito de Garoña y que por ello no se pueden quedar impasibles. Por ello, han promovido el cambio de suministrador eléctrico y la contratación de cooperativas que se comprometan a no utilizar la energía nuclear y en apostar por las renovables.
En otro orden de cosas, Amaiur solicitó también ayer al Gobierno central sendos informes para conocer las “medidas y protocolos de seguridad” que deberían aplicarse en la central nuclear de Garoña y le pidió que explique el grado de cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Europea.
En una pregunta registrada en el Congreso para su respuesta por escrito, los diputados de la coalición soberanista Xabier Mikel Errekondo e Iker Urbina reclaman, en primer lugar, el Informe Nacional correspondiente al Estado español, confeccionado por el Consejo de Revisión Inter Pares del Grupo Europeo de Reguladores de la Seguridad Nuclear (ENSREG).
Además, han pedido el Plan de Acción para el seguimiento de la aplicación de las recomendaciones de la revisión Inter Pares relativo a España. Por otro lado, a través de varias preguntas, Amaiur se ha interesado por las “medidas específicas” ordenadas por Nuclenor para garantizar la seguridad de la central nuclear ante “accidentes severos”, como terremotos e inundaciones, y cuáles de ellas han sido ejecutadas hasta la fecha.
También ha exigido que se informe sobre las medidas de seguridad para evitar explosiones de hidrógeno y limitar la cantidad de radioactividad liberada fuera del edificio de la central burgalesa.
Realidad judicial Todas estas iniciativas llegan en un momento en el que la continuidad de la planta castellana está acelerando en los despachos de los responsables del PP. Pese a ello, el portavoz de la iniciativa Araba sin Garoña, Alberto Frías, cree que la vía judicial para la no reapertura de la central nuclear burgalesa “está tan viva como siempre”. En un comunicado hace apenas unas semanas, el portavoz de esta plataforma analizó el auto del Tribunal Supremo, adelantado por DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA, que desestima la pretensión de las Juntas Generales de Álava de suspender de forma cautelar la actividad de la planta atómica mientras resuelve la denuncia contra el Real Decreto de reapertura de esta planta. Frías denunció que el auto “acaba poniendo los intereses económicos de las eléctricas, defendidos en este caso por el abogado del Estado, por encima del futuro, la seguridad y la vida de quienes viven en el ámbito de la vetusta central nuclear”.
En este sentido, advirtió de que en el apartado de las consideraciones económicas, el Supremo utiliza “falacias y datos contrarios a la realidad”. Frías explicó que “el Estado español tiene una capacidad de producción eléctrica sobredimensionada que se sitúa en los 104.000 megavatios, cuando el punto de mayor demanda nunca ha sobrepasado los 44.000 megavatios”. Por tanto, “ante cifra tan contundente decae cualquier tipo de argumentación relativa al derecho al suministro eléctrico”. Aunque calificó el auto judicial de “mala noticia” y opinó que el Tribunal Supremo “no cierra en absoluto la vía judicial emprendida, ya que además de no pronunciarse sobre el fondo del asunto, deja abierta la puerta a recurrir todos los actos de ejecución”. - DNA/E.P.
