Un grupo de vecinos de Trebiño, “al menos un autobús”, según el alcalde, Ignacio Portilla, acudirá a Madrid el próximo 18 de noviembre para estar presente en el Pleno del Congreso de los Diputados que acogerá el debate para la toma en consideración o no de la segregación del enclave de Castilla y León para su posterior integración en Álava. Ésa es la intención de los residentes de esta comarca a no ser que se vuelva a cambiar la fecha del trámite parlamentario, demorado ya en tres ocasiones para consternación de los dos municipios impulsores de esta iniciativa.

La primera fecha que se barajó para el trámite en las Cortes Generales atendía al 9 de septiembre, en el primer Pleno tras las vacaciones de verano. No obstante, el asunto se sacó a última hora del orden del día para retrasarlo hasta principios de octubre. Sin embargo, durante este mes, tampoco ha podido ser. De hecho, se anunció para los primeros días de noviembre, después para el 11 y ahora parece detenerse la cuenta en el martes 18. Al menos desde los servicios de la Cámara Baja así se lo han comunicado al alcalde.

Los retrasos, sin embargo, han logrado sumar apoyos a los partidarios de la segregación, tal y como señala el primer edil a este diario. De hecho, hay grupos políticos que consideran que si la propuesta no sale adelante ahora se mantendrá abierto el debate. “Buscaremos nuevos elementos de análisis para encontrar la solución”, aunque ésta está en el cambio de postura del PP castellano, que cierra filas para no perder ese territorio, aunque “saben que la decisión la tiene exclusivamente las Cortes Generales. Castilla y León no tiene esa capacidad en solitario”, según los últimos dictámenes recabados de expertos en legislación y territorio.

El 30 de mayo del año pasado los alcaldes de La Puebla de Arganzón y de Trebiño entregaron en el Parlamento Vasco las dos certificaciones de las respectivas actas de los plenos municipales celebrados el 8 de marzo en las que se manifestaba el deseo de ambos municipios de dejar de pertenecer a Castilla y León para integrarse en el territorio histórico de Álava. La reacción de los castellanoleoneses no tardó en llegar y lo hizo en forma de un informe elaborado por la Universidad de Burgos que aludía a las razones históricas y a unos supuestos servicios prestados en la comarca en litigio por el Gobierno de la citada comunidad autónoma, liderada por el popular Juan Vicente Herrera.

Según el Ejecutivo castellano, desde el siglo XI el Condado de Trebiño ostenta una identidad propia, formando parte desde el año 1200 de la Corona de Castilla, pasando por la división territorial de España propugnada por Javier de Burgos en 1833 -donde el Condado de Trebiño aparece con fronteras propias y asignado a la provincia de Burgos-, hasta la situación actual que, con el mismo fundamento, ha sido mantenida con el Estatuto de Autonomía de Castilla y León.

Con respecto a la tutela administrativa, el Gobierno castellano afirmaba que los habitantes del enclave de Trebiño se benefician de los servicios prestados por la Junta de Castilla y León y por la Diputación Provincial de Burgos, que despliegan, entre otras, sus políticas educativas, sanitarias y de servicios sociales y dependencia.

Dichas políticas e inversiones se desgranaron en un informe del jefe del Servicio de Cooperación y Planes Provinciales de fecha 27 de mayo de 2013 sobre inversiones subvencionadas en el Condado de Trebiño a lo largo de los últimos 15 años. Tampoco faltó un memorándum de la directora del Área de Bienestar Social de la Junta de fecha 27 de mayo de 2013 relativo a las actuaciones efectuadas desde 1998 en materia de servicios sociales ni la relación del Servicio de Asesoramiento Jurídico y Urbanístico a Municipios y Arquitectura sobre informes escritos formulados entre 1999 y 2013. Todo ello apareció junto a la relación de las consultas telefónicas efectuadas por el Servicio de Asesoramiento a Municipios durante el citado período, inventarios realizados y recuperación de archivos municipales llevados a cabo por la Diputación Provincial de Burgos. Al conjunto se sumó la relación del Servicio de Agricultura y Medio Ambiente, que citó las subvenciones otorgadas durante entre 1999 y 2012 o la relación emitida por el jefe de Fomento y Protección Civil sobre las actuaciones e inversiones realizadas en el mismo periodo. Por último, el informe castellano incluyó el listado de las subvenciones concedidas para la restauración de iglesias (1993-2012) y las acciones culturales para asociaciones, ayuntamientos, promoción turística, concurso patrimonio urbano rural e iluminación de monumentos (1997-2012).

Pero en el enclave ya nadie cree en esas argumentaciones. Por esa razón desde el Ayuntamiento de Trebiño se han denunciado los convenios de colaboración con la Junta de Castilla y León ya que, a su juicio, no sirven para la vida cotidiana de los vecinos, como se está viendo continuamente. “La realidad evidencia que la vía de los convenios no funciona; ni ha respondido en el pasado, ni responde en la actualidad, ni puede responder en el futuro a las necesidades y a la voluntad de los trebiñeses”, manifiesta el colectivo Trebiñu Araba da.

Este colectivo recuerda que los partidarios de la imposición administrativa esgrimían que la sujeción administrativa era acorde con la voluntad de los trebiñeses. Sin embargo, la consulta de 1998 evidenció que “hay una voluntad mayoritaria aplastante a favor de la integración”. Por esa razón, insisten, “la iniciativa acometida en los últimos meses por los ayuntamientos, que viene avalada por un motivado y fundado informe jurídico, y que se enmarca en las facultades que asisten al Parlamento Vasco para proponer la aprobación de leyes por las Cortes Generales, ha determinado la superación del bloqueo a la voluntad popular. Al igual que Castilla y León adoptó una iniciativa legislativa, que culminaría con la aprobación de su Estatuto de Autonomía, para vaciar de contenido el procedimiento de integración del enclave en Álava recogido en el Estatuto de Gernika, los ayuntamientos del enclave han promovido una iniciativa legislativa que permitiría la expresión de la voluntad de sus habitantes. Si bien desde la perspectiva legal ambas resultan factibles, desde la óptica democrática queda patente la legitimidad de la iniciativa presentada por los municipios, en contraposición con el derecho de veto al que quieren aferrarse las instituciones castellanoleonesas”.