Álava promueve los asistentes personales para dependientes

vitoria - La Diputación presentó ayer el nuevo Decreto Foral que regula las prestaciones económicas del sistema para la autonomía y atención a la dependencia en Álava. Contempla la prestación económica de asistencia personal (PEAP), la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y el apoyo a cuidadores no profesionales (PECEF), así como la prestación económica vinculada al servicio (PEVS). Y abre la posibilidad a que cerca de 8.000 alaveses de todos los grados de dependencia puedan contratar un asistente personal. La titular de Servicios Sociales, Marta Alaña, explicó que también trata de profesionalizar la atención a los dependientes, fomentando el empleo, a la vez que se busca dotar de mayor autonomía a estas personas. “Y cómo no, acabar con la economía sumergida en este sector”.

El diputado general considera que hasta ahora la prestación económica para la asistencia personal ha estado restringida a aquellos casos que lo demandaban por razones laborales o educativas, es decir, básicamente jóvenes o menores de 65 años. Y no había muchos casos de personas con discapacidad menores de 65 que requerían de esta prestación porque los requisitos que se exigían eran grandes y disponían de otro tipo de ayudas. Sin embargo, “el 72% de las personas que tienen dependencia reconocida en Álava son mayores de 65 sin tareas laborales ni educativas”, y por tanto quedaban fuera. Con este decreto, publicado en el BOTHA del 1 de septiembre, se establece una regulación “más abierta y pormenorizada”, lo que permitirá el acceso de más personas dependientes a las ayudas, según De Andrés.

Además, fija un sistema de compatibilidad para todos los grados de dependencia entre los distintos servicios y prestaciones, lo que significa que no beneficiará sólo al grado III de dependencia, el más severo, sino también al II y I. Así, estas personas “podrán disponer de un profesional que le apoye y tendrán un apoyo económico de la Diputación”, opina el diputado general. Entre las cuantías que recibirán los dependientes están: los de gran dependencia (grado III), 775 euros; los de dependencia severa (grado II), 475 euros, y los de dependencia moderada (grado I), 325 euros. Pero esta nueva normativa no sólo regula la prestación económica de asistencia personal sino también la ayuda para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales y la prestación económica vinculada al servicio. “Las principales novedades vienen de la mano de la asistencia personal”, remarca Alaña. “Con esta modificación en las prestaciones queremos posibilitar que los cerca de 8.000 alaveses que se pueden ver beneficiados configuren la atención a su dependencia con mayor libertad y combinando distintos servicios y prestaciones”. Para la Diputación, “la regulación tan excesivamente rígida que había existido en este territorio, había hecho que, en los años anteriores, un único alavés se beneficiase de esta prestación”. Y aunque para el gobierno foral es todavía difícil calcular la demanda de prestaciones que habrá, prevé que será amplia puesto que “muchas personas ya tienen un asistente personal”, indica De Andrés.

ECONOMÍA SUMERGIDA A su vez, la diputada de Servicios Sociales declara que esta ayuda también supone un impulso por intentar fomentar y profesionalizar el empleo en un sector tan importante como es el de los servicios sociales en Álava. Una forma de reconocer que puede existir economía sumergida en este área laboral. En cambio, con estas prestaciones -dice- se exige la contratación y el alta de una persona en la Seguridad Social, y se establecen unos criterios de profesionalización de los trabajadores que van a prestar la asistencia.

Asimismo, el decreto permite que la contratación del personal que va a atender en este servicio se realice por tres vías. Primero, se podrá ejecutar con un contrato laboral entre la persona beneficiaria con el trabajador. Segundo, mediante un contrato de prestación de servicios con un trabajador que sea asistente personal en más de un domicilio. Y tercero, un contrato con una empresa que realice servicios de asistencia personal. “Se trata de configurar un sistema amplio y posibilista”, afirma Alaña. Por último, la diputada foral señaló ayer que es la primera vez que un decreto de estas características, de prestaciones económicas de la dependencia, se somete a alegaciones del tercer sector, ya que se enseñó en febrero a 41 asociaciones alavesas relacionadas con el ámbito de las personas mayores, la discapacidad y la enfermedad mental, para recabar sus sugerencias y aportaciones.

La prestación que recoge la nueva normativa entra en vigor el 1 de noviembre y aquellos alaveses dependientes que quieran modificar su atención a la dependencia para acogerse a esta nueva ayuda, tendrán que solicitar cita con el trabajador social de referencia para modificar su plan individualizado de atención del que hasta ahora se benefician.

A lo largo del pasado año, 1.015 personas dependientes percibieron las prestaciones denominadas PEVS. La media mensual de beneficiarios ascendió a 730, según los datos facilitados por la Diputación alavesa. El 70% de las ayudas fueron para mujeres y en el 83% de los casos para mayores de 80 años. - E.P.