vitoria - Los Montes de Vitoria jamás habrían aspirado a una figura de protección si los pueblos que viven y trabajan en ellos no se hubieran preocupado por mantener una actitud respetuosa con la biodiversidad que les rodea. Por eso, no están dispuestos a aceptar el dedo acusatorio de los partidos políticos de la capital que querían un Parque Natural y han perdido la batalla, ésos que les están culpando de haber dado argumentos al Gobierno Vasco para detener el proceso. Ellos tienen claro que la responsabilidad de lo que pueda pasar, si es que algo malo sucede, es “de quienes iniciaron esto por la forma en que lo hicieron”.
Da igual a qué municipio preguntar. Todos lamentan la falta de comunicación que acompañó a la iniciativa desde sus inicios. “El Ayuntamiento de Vitoria empezó la casa por el tejado, trazando el plan sin hablar primero con nosotros, que éramos los principales afectados, los que tenemos allí nuestros terrenos”, reprocha Ángel Marcos, alcalde de Arraia-Maeztu. A él no le extrañó que el Gobierno Vasco paralizara el proceso y está convencido de que tomó la decisión por la falta de consenso más que por otros intereses. La postura contraria era demasiado aplastante como para obviarla. “El único municipio que estaba a favor era el de Gasteiz, pero sólo una parte, porque los concejos también rechazaban el Parque Natural”, recuerda. Javier Martínez, primer edil de Iruña de Oka, quiere creer que por una vez ha imperado la lógica de escuchar “a quienes estamos sobre el terreno y sabemos de lo que hablamos”. Él entiende que la capital quisiera blindar los Montes de tensiones urbanísticas y medioambientales, pero considera que había otras fórmulas para conseguirlo “sin trasladar la responsabilidad a otros y perjudicarles”.
Iruña de Oka se opuso a la declaración de Parque Natural porque le habría impedido construir un polígono industrial, proyecto contemplado en la revisión de su plan general, entre el futuro trazado del Tren de Alta Velocidad (TAV) y la N-I. “Es una iniciativa estratégica porque ese suelo se ubica en una zona privilegiada, un punto neurálgico y logístico clave”, explica. En Arraia-Maeztu, el inconveniente principal residía en la incompatibilidad del plan presentado con la actividad agroganadera, como le sucedía también a Bernedo. “A nosotros nos afectaba por Okina. Las familias se negaban en redondo a la figura tal cual estaba diseñada. Entendían que Vitoria debería haber contado con su opinión antes de tomarse la libertad de marcar los límites y presentarlos sin más y, si el interés era dar una protección, habría que haber tratado de buscar un equilibrio que la posibilitara. Por suerte, parece que el Gobierno Vasco supo entender la oposición frontal de éste y el resto de concejos alaveses afectados”, relata la alcaldesa de Bernedo, Juani Velasco.
Ni Marcos, ni Martínez ni Velasco se han sentido utilizados por Lakua para justificar la paralización del proceso de Parque Natural de los Montes de Vitoria. Tampoco creen que con su rechazo hayan dado carta blanca a posibles agresiones medioambientales, como una eventual explotación de fracking. Ellos mismos hablan abiertamente de la amenaza latente de la fractura hidráulica para dejar clara su postura. “Hace más de un año que Arraia-Maeztu se declaró un municipio libre de fracking y estamos convencidos de que nada puede hacer un Parque Natural para impedir esta práctica si el Estado la declara de interés general”, subraya su alcalde. Él ha sido testigo en primera fila de todas las presiones que ya ha habido en la zona -líneas de alta tensión, aerogeneradores...- y de cómo la mayoría se ha podido detener “gracias a la movilización ciudadana, no a una figura de protección”. Y no es la única arma de defensa a disposición de un ayuntamiento. El primer edil de Iruña de Oka cree que Gasteiz “puede poner freno a las tensiones con coraje político, desde su propio plan de ordenación urbana”. Eso no quita para exigir a Lakua más claridad. “Antes estaba a favor del Parque y en contra del fracking. Ahora en contra del parque y en el limbo con el fracking...”, reprocha.
Aunque la postura de los pueblos haya dado que pensar, ellos son los primeros interesados en que los Montes de Vitoria mantengan su riqueza natural. “Son la casa de muchos alaveses, vivimos allí, trabajamos en ellos... Pero lo que no se puede es hacer una figura de protección desde los despachos y sin asumir responsabilidades”, insiste Martínez. Velasco, otra acérrima opositora de la fractura hidráulica, tiene claro que agitar el fantasma del fracking “es demagogia pura” y cree que lo que toca ahora es trabajar para evitar su amenaza sin necesidad de perjudicar a los propietarios de los terrenos. “Bernedo dice sí a la máxima protección, porque queremos la conservación de los Montes, pero no al Parque Natural”, subraya. A su juicio, no hay forma de que esta figura permita la conciliación con la actividad agroganadera. Las experiencias previas, como la que le aguarda a la vuelta de la esquina, así se lo dicen. “Tenemos Izki bien cerca, sabemos los problemas que ocasiona en el día a día y cómo la gestión que lleva a cabo la Diputación alavesa deja mucho que desear”, sentencia.
Sin comunicación. Los municipios afectados se quejan de que el Ayuntamiento de Gasteiz inició el proceso sin contar con ellos a pesar de ser quienes viven y trabajan en los Montes de Vitoria, por lo que consideran lógico que el Gobierno Vasco haya atendido al sentir mayoritario.
El alcalde de Arraia-Maeztu recuerda que su municipio se declaró anti ‘fracking’ hace más de un año y que, hasta ahora, las presiones urbanísticas y medioambientales se han logrado combatir “a través de la movilización ciudadana”.
El alcalde de Iruña de Oka considera que el Ayuntamiento de Vitoria debería de haber recurrido a su plan de ordenación para proteger al máximo los Montes “en vez de trasladar la responsabilidad a otros perjudicándoles”.
La alcaldesa de Bernedo apuesta por la conservación de la biodiversidad de los Montes, pero cree que “el Parque Natural no es necesario y menos aún cuando llega impuesto de antemano y sin equilibrio, como hizo el Ayuntamiento de Vitoria”.
36
De las 51 entidades y personas que presentaron alegaciones a proceso de Parque Natural, 37 son ayuntamientos, juntas, concejos y particulares de la zona. Y 36 dijeron ‘no’ a esta figura de protección.
