Vitoria - Ha transcurrido una semana desde que se supo que los Montes de Vitoria no serían Parque Natural, y la repercusión de la noticia todavía se nota. De hecho, distintos ámbitos aún son incapaces de compartir y aceptar la decisión. Sea como fuere, el Gobierno Vasco, responsable de la paralización de los trámites, la atribuye a la contundente resistencia de los pueblos y los propietarios de los terrenos que iban a verse afectados por la nueva figura. Aunque determinadas voces coinciden en la existencia de importantes intereses económicos detrás de la medida, ciertamente el rechazo de quienes viven allí a la protección ambiental de la zona ha sido aplastante. La prueba está en las alegaciones presentadas al Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN), documento redactado por el Ejecutivo autonómico en la anterior legislatura sobre el que se habría sustentado el Parque Natural. De las 51 entidades y personas que participaron en el proceso, 37 son ayuntamientos, juntas administrativas, concejos y particulares de la zona. Y 36 dijeron no, sin matices, a la propuesta de configurar el espacio protegido.

La postura contraria de los pueblos constituye una obvia mayoría cuantitativa y el Gobierno Vasco ha hecho cumplir las matemáticas a rajatabla. Una justicia poética tan poco habitual en política que los defensores del Parque Natural no terminan de creerse. Ahondando en las alegaciones, salta a la vista que los ayuntamientos, concejos, juntas y particulares esperaban la reducción del campo de acción protegido y mejorar algunos puntos para facilitarse la actividad primaria. Doce de ellos pidieron la exclusión de los terrenos de los que son propietarios del ámbito del PORN, uno solicitó también modificaciones en algunos apartados del texto, otro reclamó tanto la disgregación como la retroacción del expediente, otro alegó inoportunidad del plan de ordenación por limitar competencias y no ser eficaz, y los restantes 21 todo lo anterior -excepto la retroactividad del expediente-. Eran todas reivindicaciones esperables. Las declaraciones de Parque Natural realizadas previamente en Álava siempre han causado recelos en el sector agroganadero, que no se ha visto protegido ni compensado, aunque la culpa no ha estado tanto en el documento guía sino en cómo lo ha gestionado después la Diputación.

Al posicionamiento de los pueblos en contra de la declaración se sumaron también los grupos municipales del PNV en el Ayuntamiento de Vitoria y de Iruraiz-Gauna. Ambos cuestionaron la inoportunidad del PORN, una línea de argumentación que los jeltzales gasteiztarras han seguido manteniendo tras conocerse la paralización del proceso con la famosa frase de “sí a un Parque Natural, no a este Parque Natural”. Curiosamente, el Gobierno Vasco, liderado por las mismas siglas, prefirió mantenerse neutral en el proceso de alegaciones antes de meter marcha atrás. Así lo dejaron claro tanto el Departamento de Sanidad y Consumo, como la viceconsejería de Transportes y Obras públicas, la Dirección de Desarrollo Rural y URA, que se limitaron a solicitar algunos cambios en el PORN. En ese punto intermedio se situaron también la Unión Agroganadera de Álava (UAGA) y la Asociación de Forestalistas de Álava. Los dos colectivos no rechazaron el Parque Natural pero se mostraron disconformes con algunas partes del plan de ordenación, lo mismo que, hete aquí otra sorpresa, la Dirección de Agricultura de la Diputación. A priori, habría que haberle presupuesto un apoyo incondicional a los deseos de su partido en Gasteiz.

Sólo cuatro alegantes proclamaron abiertamente el sí al Parque Natural de los Montes, aún pidiendo la revisión de algunos apartados del PORN: el Instituto Alavés de la Naturaleza, el área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Vitoria y un particular. Por último, Ekologistak Martxan y Equo se desmarcaron del resto con una postura intermedia entre la favorable y la neutra; esto es, crítica con respecto a la eficacia del plan de ordenación en relación con el cumplimiento de los objetivos de la ley de conservación de la naturaleza del País Vasco.

Protagonistas del ‘no’. Los ayuntamientos de Iruña Oka, Arraia-Maeztu, Bernedo, Alegría-Dulantzi, Elburgo y los grupos del PNV en Vitoria e Iruraiz-Gauna; las juntas de Azazeta, Virgala Mayor, Erentxun, Okina, Hijona y Otazu; los concejos de Junguitu, Bolibar, Monasterioguren, Gamiz, Zurbano, Argandoña, Berrosteguieta, Ezkibel, Ariñez, Armentia, Villafranca, Gardelegi, Subijana, Aberrasturi, Ullibarri de los Olleros, Castillo y Andollu; la Asociación de Concejos de Vitoria; y seis particulares de la zona.