Alguien ha tachado con pintura gris el Garoña ez que durante al menos un año decoró una valla a la entrada de Espejo. Un intento vacuo por difuminar la postura general de los pueblos alaveses que comparten con Burgos la inquietante proximidad de la central nuclear. Casi todos los vecinos de los municipios de Lantarón y Valdegovía llevan años deseando su cierre, tantos como los que ha vivido de más. Pero están hartos del debate. La experiencia les ha dejado claro que no les lleva a ninguna parte. "Pasará lo que los políticos y las eléctricas quieran", zanjan los partidarios del fin de la planta atómica. Así que si la intención ahora es reabrirla por al menos otros diez años, como apuntan los últimos acontecimientos, "eso es lo que sucederá". Lo afirman con la misma convicción con la que confiesan que nunca se tragaron el cese definitivo de la actividad de Garoña. Ni cuando se produjo la parada técnica en diciembre de 2012, ni con el cierre de julio de 2013. Unos hablan de paripé, otros de argucia, convencidos de que la secuencia de decisiones respondía a un descanso orquestado hasta que el Gobierno central cediera a ciertas pretensiones. Por eso, a ninguno le ha pillado por sorpresa que Endesa, multinacional dueña de la instalación a partes iguales con Iberdrola, haya anunciado públicamente que pedirá la vuelta a la vida de la instalación. Y esta vez, sí creen en su palabra.

"Hay muchos intereses, demasiados. Vamos a tener Garoña para rato", vaticina Luis María Borg, al otro lado de la barra del bar, en Espejo. "¿O no?", inquiere a un parroquiano. El aludido prefiere no pronunciarse. "Si yo hablara...", señala alargando con hartazgo los puntos suspensivos. Aunque Álava es mayoritariamente antinuclear, hay vecinos que prefieren reservarse su opinión para evitar polémicas. Es lo que tiene la crisis y el paro, que tienden a complicar las posiciones dentro del mismo pueblo. Joaquín Sousa, por ejemplo, reconoce que está "a favor y en contra" de la reapertura de la central. "A favor, porque supone dinero para el valle en una situación económica muy complicada. Y en contra, por una cuestión de salud pública", explica. El hostelero ha oído muchas veces esas argumentaciones. "Tal vez si a mí me dieran 3.000 euros sólo por aguantarla diría que siga funcionando, porque aquí lo que vale es el dinero, es de lo que vivimos, de la pasta... Pero, hombre, no a costa de lo que sea. No a costa de las personas", subraya. Él está convencido de que si la instalación se construyó con una esperanza de vida de 25 años, los 43 que arrastra no han podido sentarle bien. Por eso mismo, el indeciso Sousa aclara que sólo apoyaría la reapertura de la planta atómica si antes se realizan las actuaciones de mejora que exigió la Unión Europea tras los tests de seguridad propiciados por la catástrofe de Fukushima. "Porque se harán... ¿no? Las garantías de seguridad deben de ser máximas", apunta.

El interrogante está aún por resolver. El Gobierno de Rajoy busca desde hace unos meses algún subterfugio legal para librarse de las reformas Serían 130 millones de euros. Demasiado dinero. "Yo eso no lo sabía", confiesa Vanesa Galván, una joven de Puentelarrá que reside en Miranda de Ebro y trabaja en Fontecha. El hecho de que el padre de una amiga suya vaya a trabajar con tranquilidad todos los días a Garoña le había llevado a confiar en la invulnerabilidad de la central. "Pero si el test de seguridad concluyó que la planta tenía que realizar una serie de reformas, está claro que hay que hacerlas antes de que se ponga en marcha", afirma. Sólo así podría seguir manteniendo su apoyo a la instalación nuclear. "Es que da muchos puestos de trabajo y eso también hay que tenerlo en cuenta", afirma la chica, aunque sin la misma convicción que al inicio de la conversación. No es fácil recurrir al argumento de la crisis cuando hoy en día existen otras alternativas limpias que también podrían generar empleo sin extender una amenaza invisible.

"Está primando más el interés económico de unos pocos que la seguridad de todos. Y Garoña seguirá funcionando. Estos dos años de parada nunca fueron reales ", subraya Esther Bringas, tras el mostrador de la única charcutería de Bergüenda, la suya. Tras 57 años de vivencias en este pequeño pueblo abrazado por lomas verdes, recuerda bien el día en que vio pasar por la carretera "la comitiva con Franco y los reactores nucleares". "Yo era una canija, pero se me quedó grabado", apostilla. ¿Y qué se decía entonces sobre la puesta en marcha de una nuclear? "Entonces no se decía nada", replica, con un guiño. Miguel Ángel Turiso, "nacido y criado de toda la vida en Comunión", contesta igual. Y él, del mismo modo que su compañera de municipio, evoca como si fuera ayer aquel desfile irrepetible con el caudillo al frente. "Sí, me acuerdo muy bien de Patxi pasando por aquí", relata con cierta sorna, "y sobre todo de los mecheros, como dicen los trabajadores de Garoña, que iban dentro de unos camiones espectaculares".

Miguel Ángel llegó a trabajar con su hormigonera para la central nuclear, justo en sus inicios, cuando se estaban construyendo los depósitos para los residuos. "Para el tercer año estaban ya más que saturados", asegura el vecino de Comunión, preocupado por el colosal volumen de desechos que ha podido generar desde entonces la planta. Por eso, aunque él está a favor del cierre, de llevarse a cabo algún día "debería ser con todas las de la ley, porque si no sería peor el remedio que la enfermedad". También en eso coincide con la charcutera de Bergüenda, quien tiene claro que "para desmantelarla sin ningún tipo de cuidado y dejarla de la mano de Dios, mejor que siga funcionando". La gente tiene miedo, aunque viva sin pensar en él. No se fía de Nuclenor, ni del Gobierno central. No puede. Decisiones ad hoc como la anulación de la retroactividad del impuesto de residuos nucleares o el decretazo para modificar el reglamento de las centrales de forma que el lobby propietario de Garoña pudiera revocar su cierre se lo impiden por completo.

"Todo lo que ha sucedido desde diciembre de 2012 ha sido una estrategia", opina Miguel Ángel, quien se muestra "muy en contra de Garoña por todo". ¿Porque la central ya está amortizada, porque ha quedado obsoleta, porque parece insegura...? "Por todas las razones que se puedan dar. Y pedir el funcionamiento de la planta hasta 2024 es de personas sin juicio", critica. Del mismo modo piensa su vecino Vicente Junguitu, otro enemigo de Garoña de 76 años muy enfadado por las facilidades que el PP ha dado a Nuclenor. "¿A que a nosotros no nos perdonan ni un impuesto?".