gasteiz - No por esperada la decisión de reabrir Garoña ha suscitado un sólo ápice de resignación o indiferencia. Desde que el pasado lunes Endesa, propietaria al 50% de la central junto a Iberdrola, anunciara que pedirá al Gobierno de Mariano Rajoy la reapertura de la central las reacciones de los agentes sociales y políticos no han hecho esperar. En lo que a Álava respecta el foco ilumina inequívocamente al diputado general, Javier de Andrés, cuya indiferencia y sumisión a las decisiones del PP en Madrid le han colocado en el centro de las críticas. No sólo por no liderar el clamor de los alaveses en contra del vetusto complejo nuclear situado a cuarenta kilómetros de Gasteiz, sino por negarse a apoyar cualquier iniciativa que ponga algún obstáculo a la alfombra roja levantada por el Ejecutivo central a las eléctricas para que la instalación suba de nuevo la persiana.
Una puesta en marcha que, por si fuera poco y según las previsiones de Nuclenor, se prolongaría al menos durante los diez próximos años, hasta 2024. Curiosamente, el pasado viernes, apenas un par de días antes de que Endesa dotara de carácter oficial a lo que era un secreto a voces, las Juntas Generales de Álava lograban que el recurso conjunto de toda la oposición -sin el apoyo del grupo popular- contra la reapertura de la central fuera admitido a trámite por el Tribunal Supremo. La iniciativa de la Cámara foral alavesa, adelantada por este periódico, tenía como objetivo conseguir que quede anulado el Real Decreto con el que en febrero el Gobierno modificaba el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas para que una central nuclear cuyo cierre llegara por motivos económicos disponga de un año, a partir de su cese de actividad, para solicitar la renovación de su explotación.
Así, Nuclenor dispone aún hasta el 6 de julio para poner negro sobre blanco la decisión anunciada el lunes por el presidente de Endesa, Borja Prado. Un objetivo que en principio pasaría sí o sí por la adecuación de Garoña a la nueva normativa europea mediante unas obras de reforma que superarían los 130 millones de euros. Con todo, la admisión a trámite del recurso de las Juntas Generales por el Tribunal Supremo es un notable primer paso hacia un fin ambicioso pero no imposible, como sería que el Supremo anulara el citado Real Decreto obstaculizando así la reapertura de la quinta central nuclear más antigua de Europa.
Sería un logro de las Juntas alavesas, pero no de la Diputación, pues el Gobierno foral del Partido Popular, que el 19 de marzo votó en contra de este recurso, no ha hecho durante los últimos meses sino mostrar una absoluta indiferencia ante al rechazo social a Garoña. Algo que otros grupos políticos y colectivos sociales no están dispuestos a perdonar a Javier de Andrés. "Le exigimos que defienda de una vez por todas los intereses de Álava y se oponga a la reapertura de Garoña" solicita el portavoz del PNV en Juntas Generales, Ramiro González, al tiempo que el grupo juntero socialista insta al diputado general a "unirse al recurso presentado por las Juntas y usar todos los medios jurídicos posibles para defender la decisión de la sociedad alavesa para que Garoña no vuelva a abrirse".
EH Bildu, por su parte, va un paso más y, a través de su portavoz en Juntas, Gorka Ortiz de Guinea, pide a De Andrés que "considere qué va a hacer para presionar a las empresas propietarias de la central y al Gobierno para defender la voluntad mayoritaria de los alaveses". En caso de no estar dispuesto a hacerlo, la coalición abertzale le solicita "que considere si su actitud es incompatible con el desempeño de su cargo y valore si está dispuesto a dejarlo".
"garoña debe seguir cerrada" El camino por el que ahora mismo transita el PP alavés al mande la Diputación, en sentido contrario a todas las instituciones vascas pero de la mano del Gobierno de Castilla y León, que ayer aseguró sentirse "agradecido a Endesa por su postura, en palabras del consejero de Economía castellano-leonés. Desde el Gobierno Vasco, su portavoz, Josu Erkoreka, subrayó en el hecho de que Santa María de Garoña "ha cumplido ya su vida útil y debe continuar cerrada por motivos de seguridad y obsolescencia".
El PSE registró ayer una moción urgente para que el Parlamento Vasco se pronuncie el mes que viene en contra de la concesión de la licencia de apertura, antes de que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) tome la decisión definitiva sobre la reanudación del complejo atómico, que aunque permanece parado desde diciembre de 2012 ha seguido recibiendo diariamente la visita de sus casi trescientos trabajadores para mantener vivas las cenizas con vistas a una apertura que ha iniciado ya su cuenta atrás.
El portavoz del grupo jeltzale en Juntas Generales, Ramiro González, pide al diputado general que "defienda de una vez por todas los intereses de Álava y se oponga a la reapertura de Garoña".
Tras felicitarse por la decisión del Supremo de admitir a trámite el recurso presentado por las Juntas, Cristina González insta a De Andrés a "unirse y usar todos los medio jurídicos posibles".
La coalición abertzale critica que el PP alavés "haya decidido acatar sin contemplaciones lo que les ordenan Soria y Rajoy" y pide a De Andrés que valore su continuidad en el cargo.
A la espera de que De Andrés muestre su postura tras el anuncio de Endesa de pedir la reapertura de Garoña, ayer la única reacción foral llegó de la teniente de diputado general, Marta Alaña.
2024
Las previsiones de Nuclenor, propietaria de Garoña, establecen que la central permanezca abierta al menos los diez próximos años.
