GASTEIZ - El impulso de la oposición en las Juntas Generales de Álava hará posible próximamente que las familias alavesas en riesgo de desahucio y que a la vez no pueden optar a la dación en pago al tener sus viviendas embargadas por la Diputación sean liberadas de esta última pesada carga. Tras mantener varios encuentros con la plataforma Kaleratzeak Stop Araba, que alertó a los grupos sobre la existencia de al menos dos casos de esta tipología en el territorio, PSE, PNV, EH Bildu y Ezker Batua negociaron la semana pasada una moción conjunta para su debate urgente en la Cámara alavesa en la que se instaba a la Diputación a elaborar una norma foral que regule el levantamiento de este tipo de embargos para facilitar así la citada dación en pago.
La oposición registró esta propuesta el viernes a primera hora de la mañana, justificando su urgencia en que "se puede hacer mucho más desde la Diputación para que las familias no pierdan sus viviendas". Cuál ha sido su sorpresa al comprobar que el ente foral presentó anteayer lunes en el mismo registro de las Juntas un proyecto de norma foral encaminado, precisamente, a cancelar estas cargas tributarias y facilitar la entrega de las viviendas a las entidades bancarias "como medida sustitutiva de la ejecución hipotecaria". Curiosamente, el informe económico que acompaña al proyecto de norma foral y que asegura que la cancelación de estas cargas "no tiene repercusión económica presupuestaria" está fechado el 31 de marzo. Además, el diputado general Javier de Andrés firmó el pasado martes 1 el certificado que da el visto bueno a la aprobación del proyecto y su remisión a las Juntas para su tramitación reglamentaria, quizá ya a sabiendas de que la oposición negociaba una moción para exigirle el impulso de esa norma foral.
"hacer bandera política" Cristina González, portavoz del PSE en las Juntas, se pregunta en declaraciones a este periódico por qué la Diputación no ha seguido el cauce habitual de aprobar la norma foral, darle publicidad y posteriormente registrarla en las Juntas Generales y lamenta también que intente atribuirse el impulso de esta iniciativa como una forma de "rivalizar" y "hacer bandera política" de un asunto en el que todos los grupos, salvo el propio PP que sustenta al ente foral, han hecho frente común estos días. A partir de ahora se abrirá el habitual plazo de presentación de enmiendas al proyecto, que posteriormente se someterá al debate en comisión y Pleno.
La propuesta, que advierte de que la cancelación de las cargas no implicará la renuncia al cobro de las deudas tributarias por parte de la Diputación, beneficiará a los propietarios de primeras viviendas que estén embargadas por la Hacienda foral y cuya entrega a la entidad bancaria correspondiente pueda servir para evitar la ejecución hipotecaria.
Los deudores no deberán ser propietarios o disponer de usufructo vitalicio en otra vivienda situada en el territorio y el importe de la deuda tributaria que pesa sobre el piso no deberá superar los 15.000 euros. El proyecto recoge que "en casos excepcionales" la Diputación podrá eximir del cumplimiento de este último requisito. Los deudores deberán presentar su solicitud ante la Diputación, especificando también un plan de pago tanto de esta deuda tributaria como de otras deudas pendientes que tenga con la Hacienda foral.
La entrada en vigor de la norma foral está fijada para el día siguiente a su publicación en el BOTHA y resultará también de aplicación a todos los casos que, aún habiéndose producido con anterioridad a su entrada en vigor, cumplan con sus requisitos. A la vista de la proximidad de las festividades de Semana y San Prudencio, el proceso de tramitación podría extenderse como mínimo hasta el próximo mes de junio, aunque no será un problema importante si finalmente se mantiene esa retroactividad.
Impulso conjunto. Tras conocer que al menos dos familias del territorio tenían embargadas sus viviendas por la Diputación y eso les impedía realizar la dación en pago, los cuatro grupos de la oposición negocian una moción conjunta para pedir a la Diputación una norma foral que regule el levantamiento de este tipo de embargos. La registran en las Juntas el pasado viernes 4.
Sorpresa. Este lunes 7, saltándose los procedimientos habituales de publicidad, la Diputación registra en la Cámara un proyecto de norma foral 'sobre la cancelación de cargas para facilitar la dación en pago como medida sustitutiva de la ejecución hipotecaria', en la línea de la propuesta de la oposición. Los informes económicos que la acompañan están firmados el 31 de marzo y el certificado del diputado general que le da el visto bueno, el 1 de abril.
Debate. El texto será trabajado en comisión y Pleno y sometido a posibles modificaciones. La oposición, en su propuesta, pedía al ente foral "que regule el levantamiento de embargos en los casos en que el bien embargado sea la vivienda habitual y esa situación impida la dación en pago".
