Gasteiz. El alcalde de Vitoria, Javier Maroto, tendrá que volver a comparecer ante la comisión que investiga el alquiler por parte del Ayuntamiento al empresario Gonzalo Antón de un local de la calle San Antonio que le iba a costar a la ciudad más de seis millones de euros durante veinte años. Será la tercera vez que el primer edil se someta a las preguntas de los grupos municipales, y será así porque ayer PSE y EH Bildu (el PNV se abstuvo) decidieron volver a pedirle explicaciones después de que la concejal del PP Ainhoa Domaica no les convenciera de las suyas.

Domaica comparecía para aclarar si hubo o no interés de la Diputación en el local, un interés que en principio justificaba el sobreprecio de la lonja y que la misma Domaica sacó a la luz, ya que por entonces, entre 2006 y 2007, era diputada de Asuntos Sociales. La actual concejala en el Ayuntamiento de Vitoria dijo ayer que fue su departamento el que se dirigió informal e indirectamente a Antón (a través de la inmobiliaria Trinosa) para ver el local, pues buscaban una sede para diversos servicios del Instituto Foral de Bienestar Social. Domaica dijo que visitaron la lonja ella, su director de área (que hoy día sigue con Domaica en el Ayuntamiento) y el propio Antón. La actual concejal y anterior diputada afirmó, por otro lado, que hasta "ahora" desconocía que la empresa Sbayre (la sociedad que alquila el local) pertenece al empresario mirandés.

Según la edil popular, Trinosa les ofreció únicamente ese local. En la Diputación se lo tenían que pensar, pues había que hacer obra y la institución, asegura, buscaba un espacio provisional, y en el ínterin el Ayuntamiento se les adelantó. Domaica dijo haberse enterado meses después "por la prensa" de que el local ya tenía arrendatario.

El problema es que no hay constancia documental de esas gestiones de la Diputación, "muy incipientes", según Domaica, y el actual gobierno foral sólo confirma que Morgoitio (otra empresa de Antón) ofreció la lonja a la institución, y que ésta dijo que no le interesaba.

Por otro lado, Alfonso Alonso, alcalde en 2007 y actual portavoz del grupo del PP en el Congreso de los Diputados, aún no ha devuelto el cuestionario que se le envió para que aclare las dudas de los grupos con respecto al alquiler, que él firmó con Antón en términos diferentes a los estipulados por la Junta de Gobierno Local. Al órgano de decisión del equipo de gobierno llegó un contrato por diez años, y Alonso firmó veinte. Según el PP, el pacto fue por dos décadas y el borrador que llegó a la Junta de Gobierno era erróneo.