vitoria. Dicen que no hay mal que por bien no venga, y parece que la Diputación alavesa ha encontrado un resquicio para la satisfacción incluso en un tema tan peliagudo como el supuesto desfalco de dinero público para las subvenciones al transporte público que habría ejecutado el exjefe de servicio de Transportes foral, Carlos Jiménez.

La causa, archivada recientemente por la Audiencia Provincial al no advertir indicios de delito en el presunto desvío de 1,3 millones de euros, provocó en noviembre de 2006 -año de la denuncia- un giro de guión en la metodología y la gestión de estas subvenciones por parte de la Diputación que, a priori, parece haber dado buenos frutos. Ayer el diputado general, Javier de Andrés, trasladó a los grupos junteros un informe que cifra en unos 680.000 euros el ahorro en el pago de subvenciones al transporte de las líneas regulares con el nuevo modelo de gestión impulsado tras la destitución de Carlos Jiménez.

El diputado general habló en su comparecencia de un ahorro de más de un millón de euros tras realizar sus propias cuentas tomando como referencia el cambio en el número de viajeros, aunque el informe establece una reducción de casi 700.000 euros en el gasto directo en subvenciones. De cualquier forma, los datos también hacen referencia a una estimable reducción de la subvención por pasajero desde la marcha del antiguo responsable del servicio de Transportes. Frente a los 7,3 euros por cabeza que abona el ente foral en 2006, la previsión para el pasado 2013 -aún resta cerrar el pasado ejercicio- sitúa el desembolso en 4,95 euros por persona. Todo a pesar de que el número de viajeros se elevó en casi 30.000 personas en el mismo periodo, de 2006 a 2012.

Así las cosas, parece que el despido de Carlos Jiménez y la consiguiente vuelta de hoja al modelo de gestión de las subvenciones trajo consigo la normalización de un servicio que, con todo, sigue siendo deficitario, aunque en menor medida que hace apenas cinco años. Ahora, el déficit por viajero en el servicio de transporte a la demanda es de 19,56 euros por persona, frente a los 33,80 euros de 2008. En total, el déficit anual rondaba en 2012 los 313.000 euros, 67.000 euros menos que 2008. El informe establece finalmente un balance ingresos-gastos negativo para el servicio de Transportes de la Diputación, con un debe de 1.649.905 euros en 2013.

palabras para los jueces El diputado general aprovechó también su comparecencia de ayer en Juntas Generales para trasladar a los grupos su opinión del archivo de la causa por desfalco contra el que en su momento fuera exjefe del servicio de Transportes, dirigido por el propio De Andrés durante su etapa como diputado de Transportes y Obras Públicas. Además de asegurar que el carpetazo judicial a su denuncia "no supondrá conste adicional a las arcas de la Diputación salvo los procesales y el tiempo que este empleado no ejerció su trabajo", lamentó no haber podido explicarse en un juicio.

"En algunos aspectos dos de los miembros del Tribunal han cambiado de criterio respecto a lo que decían en 2011, y me sorprende que el auto diga que en 2006 era algo común adjudicar a dedo contratos de menos de 200.000 euros. No sólo no era común si no que, antes y ahora, no es legal adjudicar algo así", valoró antes de subrayara que ha presentado un recurso de casación al Tribunal Supremo para reabrir el conocido como Caso Transportes.