los desahucios han dejado un reguero de pésimas noticias en Álava a lo largo de los últimos tiempos. Se trata, sin duda, de una de las caras más amargas de la crisis, una lacra que ha propiciado miles de dramas familiares y una marea de solidaridad ciudadana en respuesta al grito de Sí se puede. Ahora, una familia gasteiztarra acaba de comprobar que nunca debe perderse la esperanza, que realmente sí se puede por muy difícil que parezca salir del atolladero.
Óscar Pérez y su compañera, que son padres de tres hijos de 18, 11 y seis años, acaban de firmar una de las primeras daciones en pago con posibilidad de alquiler social que se producen en el territorio histórico, tras estar condenados al desahucio por el impago de su hipoteca. Ha podido haber más, pero es el primer caso del que tiene conocimiento desde su constitución la plataforma Kaleratzeak Stop Araba, que ha trabajado codo con codo con esta familia para encontrar una solución positiva a su caso.
A Pérez, que se ha reunido con DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA tras este pequeño triunfo, le asaltan ahora sentimientos encontrados, por un lado la alegría y el alivio de haber saldado una deuda insostenible con su entidad bancaria, de más de 246.000 euros, y por otro de tristeza por perder la vivienda que ha estado ocupando durante los últimos siete años.
Pérez y su compañera compraron el piso, ubicado en la avenida de Los Huetos, en un momento de estabilidad económica para la familia, como la mayoría de las personas que se han visto atrapadas después por la pesadilla de un desahucio. Ella trabajaba para una subcontrata de limpieza en uno de los gigantes de la industria de la ciudad y disfrutaba de una posición económica más o menos cómoda. Al menos, para pagar "de sobra" un crédito hipotecario que llegó a sobrepasar los 1.800 euros al mes cuando el Euríbor rozaba máximos históricos. Él se ocupaba del resto de obligaciones familiares.
No era, sin embargo, un trabajo lo suficientemente estable -sobre todo cubría bajas y vacaciones, de forma eventual- y la empresa de su compañera acabó por presentar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que se llevó por delante esa estabilidad que permitía sacar adelante a una familia de cinco miembros y pagar esa hipoteca. "Hubo un momento en el que tuvimos que elegir entre comer o pagar el piso, no había otra", recuerda ahora Pérez.
Así que acudieron a la oficina de su entidad, Caixabank -por aquel entonces La Caixa a secas-, para poner sobre la mesa su problema y tratar de buscar una solución. Hace ya dos años de esto, dos años que se han convertido en un "sinvivir" para esta familia.
Esa solución llegó, pero sólo a medias, a través de la firma de una carencia que en muchas ocasiones constituye un yugo aún más fuerte para quien la acepta que una hipoteca. Se trata, en concreto, de congelar el pago de las cuotas de la hipoteca durante un tiempo determinado y únicamente hacer frente a intereses. El problema es que, una vez expirada esa carencia, las mensualidades del crédito hipotecario son mucho más gravosas que antes porque la deuda total ha de pagarse en menos tiempo. Por ejemplo, si la hipoteca es a 35 años, ya se han pagado tres y la carencia ha durado otros tres, debería desembolsarse en 29 años lo pactado en un principio para 32.
Pérez y su familia no lograron solventar sus graves problemas, porque ella apenas pudo encontrar nuevos trabajos al margen de limpiar en algunos bloques de viviendas de la ciudad. Pagaban la carencia "a cachos, como se podía", hasta que la propia entidad bancaria contactó con la familia al ver las serias dificultades que tenían para hacerla frente. Recientemente, la propia Caixabank, en una decisión prácticamente inédita desde que estalló la crisis, ofreció motu proprio a la familia la dación en pago para saldar la astronómica deuda contraída. Este pasado viernes se produjo el acuerdo y la firma de la compraventa con subrogación de la deuda, que no es otra cosa que la entrega de la vivienda a cambio de perdonar lo que se debe. A efectos burocráticos, una de las inmobiliarias de Caixabank compra el piso por un valor mucho más bajo que el que se firmó en el crédito -164.000 euros- y condona el resto de la deuda a la familia. Lógicamente, ésta no va a ver un solo euro de ese dinero, pero sí logra desprenderse de la presión de la deuda. Pérez, además, aspira a quedarse al menos durante dos años más en la vivienda a cambio de un alquiler social que ya está negociando con la entidad crediticia, lo que sería otro enorme paso adelante. "Lógicamente estoy contento, pero también un poco apenado, porque nos hemos quedado sin el piso", reconoce Pérez. Txomin Lorenzo, uno de los miembros de Kaleratzeak Stop Araba que ha seguido más de cerca este caso, también cree que la dación en pago no puede considerarse como una victoria plena. "Hemos parado una hemorragia pero no estamos ante una opción idílica, sino ante un pequeño avance", advierte Lorenzo. "Dentro de lo malo, es la solución menos mala", asegura también en este mismo sentido Olga Uruñuela, otra integrante de la plataforma anti desahucios que se ha volcado en este caso.
La labor de la plataforma ha sido vital para ayudar a Pérez y a su familia, porque ésta no habría logrado la dación en pago de no haberse retirado del registro un embargo que la Diputación alavesa tenía sobre la vivienda. Kaleratzeak Stop negoció personalmente con el director foral de Hacienda suspender este embargo de forma temporal para poder acogerse a la dación.
Lorenzo, en la línea de no celebrar excesivamente este logro, recuerda que Pérez y su compañera "han pagado durante seis años una hipoteca de más de 1.200 euros al mes y ahora han perdido esos años de su vida", a pesar de haberse desprendido de una losa muchísimo más pesada. "Es cierto que la otra opción era condenarse para el resto de sus vidas", matiza.
La familia, recuerda Lorenzo, deberá a partir de ahora enfrentarse a otra de las lacras de la crisis, la falta de empleo, para lograr salir adelante en este nuevo horizonte vital. No será sencillo, desde luego. Kaleratzeak Stop, entretanto, pretende seguir ayudando a todas las familias con problemas que se presenten en la sede de la plataforma, aunque cree improbable que las daciones en pago se conviertan a partir de ahora en una constante. "Hay entidades con las que no hay manera de negociar", censura Consuelo Crespo, portavoz de la plataforma.