Vitoria. La Casa Consistorial se ha vestido de luces y estrellas, pero dentro escasea el espíritu navideño. El último Pleno del año 2013 será recordado como aquel en que el gabinete de Javier Maroto mandó a diecinueve vitorianos al paro. Son los trabajadores del 010, aquellos que han vivido una agónica cuenta atrás desde que el equipo de gobierno creó un plan de racionalización de recursos humanos para sustituir a los empleados de atención ciudadana, todos subcontratados, por funcionarios con los objetivos de optimizar recursos y mejorar el servicio. Si no se marcharon a la calle antes fue porque a principios de año el PNV puso como cláusula para acordar el Presupuesto que al menos hasta el 31 de diciembre continuaran en sus puestos mientras se buscaba alguna solución para ellos. El PP aceptó, sin intención alguna de prolongar su permanencia cuando acabara el pacto, y acabó relegando a los afectados a un habitáculo de las oficinas de San Antonio, sin nada que hacer, esperando y desesperados, tras décadas de una labor modélica copiada por las administraciones del entorno.

Cuando ayer los trabajadores del 010 entraron en la sala del Pleno para reivindicarse y recordar su ardua lucha eran perfectamente conscientes de que el 1 de enero habrán pasado a engrosar las listas del paro. La intervención del portavoz fue honesta, directa, apasionada, emotiva, el grito agónico de quien se sabe ya sin trabajo pero sigue sin entender por qué. Hay muchas voces en el Ayuntamiento que aseguran que al final ese plan de racionalización de recursos humanos ni ha logrado ahorrar tanto dinero ni ha mejorado el servicio, pero lo que sí ha conseguido ha sido dejar a 19 familias en una situación delicada. Los afectados creen que, con voluntad, se podría haber encontrado una solución legal para ellos. Si el Consistorio va a disolver Ensanche 21 y todos los empleados de la sociedad municipal que no son funcionarios van a conservar sus puestos, ¿por qué para ellos no puede haber también un final feliz? Tal vez, piensan algunos, porque supondría reconocer que las cosas se hicieron mal desde el principio.

El hecho es que EH Bildu presentó una moción instando al equipo de gobierno a buscar una vía para que los diecinueve sean integrados dentro del plan de atención ciudadana, el PSE apoyó la propuesta, el PNV se abstuvo aun estando dispuesto a estudiar soluciones ante la duda de que haya alternativas legales y el PP votó en contra. "No hagan caso de los cantos de sirena", dijo a los afectados el concejal de Hacienda, Manu Uriarte, "pues nada les puede garantizar sus puestos de trabajo ya que en la administración sólo se puede entrar por oposición". Eso sí, "se les llamará para cubrir bajas porque están en las bolsas de oficiales de control". Una amarga e irónica sonrisa afloró en la gente del 010. "Estamos hasta las narices de escuchar que queremos entrar por la puerta de atrás. No es así, pero la reversión de puestos de trabajo se puede hacer y se ha hecho", subrayaron.

Fue un debate sin debate, condimentado por las críticas de socialistas y abertzales, los intentos de los jeltzales por hacer entender su postura, mensajes de ánimo de toda la oposición y una cierta frialdad desde las filas del PP. La condena llevaba meses escrita. No obstante, los trabajadores no se quisieron marchar del Consistorio sin desplegar una pancarta y protestar por los despidos. "Retiren los carteles, tienen que marcharse", subrayó insistentemente la edil popular Ainhoa Domaica, que presidía el Pleno ante la ausencia del alcalde. Y lo hicieron, pacíficos como siempre, sentenciados por el mismo Ayuntamiento que siempre habla de la necesidad de generar y mantener puestos de trabajo. Un final triste, muy triste.