Las Juntas Generales de Álava evitan el consenso para pedir a Rajoy que paralice su ley de municipios

Una cita que culminó sin acuerdo alguno -ni siquiera entre la oposición- para consensuar una moción que pidiera la paralización de una ley que, una vez salga adelante en el Congreso -que saldrá-, pondrá en peligro la supervivencia de las pequeñas entidades locales del Estado. Los pequeños ayuntamientos caminarán cual funambulistas por la cuerda floja a expensas de que el gobierno central pueda meterles mano en su financiación y su estructura interna en caso de ser deficitarios, o sin necesidad de serlo.

Con todo, el acuerdo alcanzado a finales de octubre entre el PNV y el Gobierno central permitirá que en Euskadi -y en Álava en algunos aspectos concretos- las enmiendas pactadas hagan respetar las particularidades del territorio histórico de Álava. De hecho, ésta fue, precisamente, una de las cuestiones que coparon ayer el debate entre los grupos junteros: ¿Se va a aplicar esta ley en Álava, sí o no? "Sí, pero la aplicarán las diputaciones, y eso es bueno", decía el PP a través de su portavoz, Ana Morales. "Sí, y además se aplicará directamente desde Madrid", aseguraba Gorka Ortiz de Guinea, de EH Bildu. "Claro que la ley se va a aplicar, pero con las enmiendas pactadas fruto del acuerdo que hemos alcanzado con el PP en Madrid", zanjaba por su parte Ramiro González, portavoz juntero del PNV.

Y es que la Ley de racionalización de las administraciones locales será una ley de obligado cumplimiento en todo el Estado. Una lupa graduada ad hoc para los intereses populares con las que muchas entidades locales, como en Álava los concejos y cuadrillas, estarían en peligro de extinción de no ser por el acuerdo PNV-Madrid, cuyas enmiendas "evitarán que esta ley se aplique en Álava".

"Son muy claras: los territorios históricos de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa organizarán libremente sus propias instituciones sin que les sea de aplicación las contenidas en la presente ley en materia de organización provincial", leía el portavoz jeltzale de la lista de enmiendas que pactaron en Madrid antes de envidar a mayor a Cristina González, portavoz del PSE, e instarle a que su partido las apoye en el Congreso. Justo antes, la representante socialista había jugado sus cartas animando a toda la oposición juntera a echar abajo los presupuestos forales de 2014.

Así, el antiguo pleno de Santa Catalina veía cómo los minutos pasaban pero los discursos se quedaban. Ninguna fuerza se movía de su sitio, especialmente un Partido Popular que deslizó de nuevo sus críticas contra las entidades locales alavesas. "Que hace falta reformar las administraciones públicas es un clamor que está en la calle. No estamos diciendo que las entidades locales no funcionen, pero el modelo es mejorable", apuntaba Ana Morales, que pasó de la sutileza de las generalidades al puntillismo de los ejemplos concretos. "En Álava tenemos a Llodio, que está perfectamente saneado, con un alcalde que cobra 30.000 euros, pero igual a ustedes les parece bien que en Salvatierra o Lantarón, con déficit, sus alcaldes cobren 50.000 euros", disparó la portavoz popular. Finalmente, PNV y EH Bildu consensuaron un texto contra la ley de Rajoy que fue rechazado por PP, PSE y EB, aunque todos los grupos estaban de acuerdo en pedir que Euskadi cuente por fin con una ley municipal, aún en proceso en el Parlamento Vasco.