Vitoria. En plena crisis, los gastos desorbitados e injustificados del Consistorio duelen más. Los grupos de la oposición reclamaron recientemente al gobierno que estudie la forma de rescindir el ruinoso contrato de alquiler del local de la calle San Antonio, firmado en los últimos meses del gobierno de Alfonso Alonso, ya que cuesta 600.000 euros al año. El desembolso, sin embargo, continuará. Javier Maroto, que era edil de Hacienda cuando se suscribió el contrato, dejó claro ayer que "no se puede romper", ya que de hacerlo habría que abonar al propietario, el hostelero alavés Gonzalo Antón, el resto de mensualidades hasta 2017. Por eso, el objetivo ahora es aprovechar al máximo el espacio, que desde hace meses sólo acoge urgencias sociales, con el traslado del Servicio de Participación Ciudadana y Juventud.
El alcalde desveló el devenir de la oficina de San Antonio tras ser preguntado en su rueda de prensa de los lunes por esta cuestión. No obstante, resultó especialmente curiosa la manera en que abordó el asunto, atribuyendo la existencia de este contrato a dos técnicos municipales pero intentando al mismo tiempo no criticar aquella decisión pasada. "El contrato se negoció por parte de Iñaki Díez Unzueta y Susana Vizcarra al margen del gobierno, que fueron directores con todos los alcaldes de este Ayuntamiento y son conocidos por la dureza de sus negociaciones".
Tras dejar bien claro este punto -posteriormente, volvería a repetir hasta en dos ocasiones los nombres de estas personas-, Maroto reconoció que ahora mismo se habrían hecho las cosas "de otra manera". Eso sí, "no quiero criticar esta decisión", matizó, para al mismo tiempo tratar de justificar el elevadísimo coste del contrato de alquiler. Según recordó el primer edil, una parte no corresponde al arrendamiento del local, sino al gasto de la obra de acondicionamiento del espacio, que se decidió abonar mensualmente hasta el año de extinción del contrato.
