Vitoria. "En noviembre de este año Green Capital se agota el tiempo de mi mandato, pero no el tiempo de la Sindicatura, que queda en manos de nuestros regidores". Con esta velada reivindicación se despidió ayer Javier Otaola de la Corporación municipal de Vitoria al inicio del Pleno en el que el defensor vecinal presentó la memoria del trabajo realizado en el curso 2011-2012. Los partidos agradecieron su esfuerzo y defendieron también la necesidad de dar continuidad a esta figura, aunque ajustando el presupuesto de la Defensoría vecinal a los tiempos de crisis.
En una mañana de halagos y despedidas, Otaola coincidió en el salón de Plenos del Ayuntamiento con Idoia Martínez Peñalva -la secretaria general del Pleno que Maroto ha propuesto como sucesora, si la oposición respalda su nombramiento-. De ahí que las palabras del Síndico cobren mayor relevancia, si cabe, para que la oficina siga abierta.
Otros dos puntos clave en la última intervención del defensor vecinal ante el Pleno fueron la polémica tasa creada para gravar las viviendas vacías y la convulsa situación económica y social que vive el país. Tampoco olvidó mencionar que éste es el primer año en el que "no pesa sobre nuestra vida pública la amenaza del terrorismo".
Otaola arrancó su discurso con una crítica a las instituciones públicas y al papel de los políticos. Resalta el Síndico que en sus diez años al frente de la Sindicatura "el nivel de exigencia que la ciudadanía ha planteado para nuestra clase política es hoy mucho más alto". Una reivindicación que para Otaola tiene mucho que ver con la mala situación económica y social que se vive ahora. De ahí que censure la inercia con que a veces actúa la Administración: "No es la mejor forma". Sobre todo en un momento en el que el paro se ha disparado y miles de ciudadanos han salido a la calle para demostrar su descontento con los políticos y las instituciones.
En el caso de Vitoria, este hartazgo se manifiesta en el aumento de las incidencias (1.090 más que en la memoria pasada) que la oficina del Síndico ha atendido desde marzo de 2011 hasta febrero de este año. La mayoría proceden de vecinos del Casco Viejo y del Ensanche. Además, llama la atención que el Ayuntamiento únicamente acepte el 49% de las recomendaciones. Un hecho también denunciado por Bildu. "Nos preocupa", criticó la edil Iratxe López de Aberasturi. Y es que ésta es la mayor crítica que se ha hecho a los sucesivos gobiernos municipales durante los dos mandatos de Otaola: que no acaten sus recomendaciones.
Por lo demás, los partidos alabaron la labor del Síndico. "Esta Sindicatura ha removido conciencias", señaló el socialista Patxi Lazcoz. "La Sindicatura debe continuar, es un servicio necesario", apostillo el jeltzale Gorka Urtaran. "Su trabajo ha contribuido a mejorar la relación entre los ciudadanos y las instituciones", puntualizó la popular Idoia Garmendia.
tasa de viviendas vacías Otaola no quiso, sin embargo, finalizar su intervención sin mencionar uno de los asuntos de máxima actualidad. La polémica surgida por la creación de una tasa que grava a los propietarios de viviendas vacías. Un pago incluido en el recibo de la basura que se cobra a quienes no están empadronados en dicha casa a fecha 1 de enero de 2012. Un sistema éste, el del padrón, que centenares de ciudadanos han denunciado y que hasta el alcalde ha reconocido que es injusto, porque hay viviendas habitadas en las que nadie está censado. Dada la dimensión del problema, el Síndico pide a la Corporación que modifique la letra de esta ordenanza y exima a los gasteiztarras de pagar la tasa en caso de que demuestren que su piso sí está habitado.
Al hilo de esta cuestión, la edil del PP aprovechó para recordar que el gabinete de Maroto va a plantear este otoño en el debate de las ordenanzas fiscales que sea el consumo de agua el indicador que se utilice para fijar el precio a cobrar por las viviendas desocupadas.
