Vitoria. La polémica sobre los sobrecostes de las VPO de Arkaiate destapada esta semana por el PNV y corroborada posteriormente por el Ayuntamiento sigue creciendo. Si el martes se conocía que un total de 132 familias habían tenido que pagar casi 9.000 euros más por sus viviendas debido a un supuesto error de notificación cometido por la sociedad urbanística Ensanche 21, se calcula que son ya 328 los propietarios obligados a abonar más de la cantidad inicialmente acordada.

La indignación de los afectados crece al tiempo que se apresuran a ponerse en manos de un abogado para tratar de recuperar su dinero. La asociación Salburua Burdinbide, que lleva meses investigando lo ocurrido con estas promociones, va más allá y se resiste a calificar lo sucedido como un simple error, tal y como se refería hace escasos días el concejal de Urbanismo, Miguel Garnica. El colectivo vecinal acusa al Ayuntamiento de "falsedad documental" y al gerente de Ensanche 21, Alfredo Piris, de "mentir" en los informes redactados.

Como prueba aporta una carta escrita por el responsable de esta sociedad pública y dirigida al Gobierno Vasco en la que explica que la notificación a la constructora Montenegro comunicándole que se le habían adjudicado dos de las parcelas de Arkaiate se realizó el 1 de diciembre. "En la carta hay mentiras y de peso porque el PNV ha investigado y encontrado que realmente se notificó un día antes, el 30 de noviembre", explicó ayer el presidente de la asociación, Ioseba Martínez de Guereñu, que habló en nombre de los afectados. La fecha de notificación no es una cuestión baladí ya que hacerlo en el mes de diciembre supone dar luz verde a la empresa constructora para que pueda cobrar las viviendas en función de los precios establecidos en el año 2008, y no en 2007, tal y como contenía el pliego de condiciones.

Además, existen otras dos promociones que se han encontrado en situaciones similares, la adjudicada a Majuelo Garay, que ha acabado por interponer una denuncia en contra del Ayuntamiento, y la más reciente, la de Lagunketa, que implicaría a un total de 188 familias. Al parecer, el Consistorio asegura que existe un acuerdo que Ensanche 21 firmó en abril de 2008 con Uneca -la patronal de las constructoras-, por el que se permitía que Lagunketa cobrase el módulo de precio de VPO vigente ese año, en vez de 2007. El motivo, hacer frente a la entrada en vigor del Código Ético de la Edificación, que impone diversas mejoras en las viviendas.

Sin embargo, según la asociación de vecinos de Salburua, en las actas y en la grabación de aquella reunión mantenida por Ensanche 21 no hay constancia de que se produjera un acuerdo para permitir a las constructoras cobrar más. De hecho, tras preguntar a la sociedad pública sobre esta cuestión, los vecinos aseguran que el único documento que Piris aportó como prueba fue una hoja redactada en Word, sin sello de salida y sin membrete de Ensanche 21, en la que se informaba a Uneca del acuerdo. Por todo ello, el colectivo exige "el cese fulminante" del gerente de esta sociedad.

En relación a Lagunketa aseguran, además, que han detectado "muchas irregularidades y delitos" tales como la "falsificación documental" por parte del anterior presidente de Ensanche 21, Patxi Lazcoz, y el actual secretario, que firmaron un escrito asegurando que en el consejo celebrado en enero de 2008 -tres meses antes del supuesto acuerdo alcanzado en abril- ya se había autorizado el incremento del precio de la vivienda a la constructora. "Hemos revisado el acta de dicha junta y lo único que pone es que se abre el concurso para la adquisición de la parcela", añaden.

Por ultimo, los afectados exigen también responsabilidades al actual concejal de Urbanismo. "Garnica que no escurra el bulto ya que es ahora el presidente de Ensanche 21 y tiene que solucionarlo", señaló el presidente de Salburua Burdinbide.