Vitoria. Los recortes no han hecho más que empezar. La Ley de Estabilidad Presupuestaria impulsada por el Gobierno de Rajoy aprieta tanto al Ayuntamiento de Vitoria que en lo que queda de ejercicio va a ser difícil que afronte una sola inversión con dinero municipal. Y el panorama indica que en 2013 la ciudad deberá pelear por nuevas inyecciones procedentes de las instituciones vascas para no quedar paralizada. El interventor del Consistorio gasteiztarra, Alfredo Barrio, advirtió ayer de que el reglamento estatal obliga a financiar los gastos del año con los ingresos generados en ese mismo tiempo, cuando Gasteiz actualmente echa mano del remanente de la Tesorería o de dividendos generados en ejercicios anteriores. "Así que hay problemas para realizar inversiones", sentenció el hombre encargado de velar por el buen uso del dinero que gestiona el ejecutivo local, con la honestidad brutal que requiere su oficio.
Hay que generar estabilidad presupuestaria, por no hablar de la obligación de lograr ahorro neto, otro concepto de la ley estatal que el Consistorio vitoriano "no practica". Y ambas premisas deben cumplirse tanto dentro del presupuesto del propio Ayuntamiento, así como el que afecta a sus sociedades públicas y organismos autónomos. Fácil no va a ser: el desfase entre gastos e ingresos es en la actualidad de 30 millones a deber. La tijera a las inversiones es, por tanto, inevitable. Una solución que, desde los grupos de la oposición, se traduce en un claro castigo.
"Si tiene dinero, no lo ponga en funcionamiento, es lo que nos viene a decir esta ley", reprochó el concejal de Bildu Antxon Belakortu. Aunque es importante cuidar el remanente de Tesorería, el edil advirtió de que en plena crisis, si el Ayuntamiento tiene un dinero en la caja, lo conveniente es "utilizarlo para generar actividad económica". Por eso, para el PNV ha llegado la hora de reflexionar sobre el escenario que dibuja el reglamento estatal "poniendo sobre la mesa las prioridades globales de la ciudad", de forma que entre todos los partidos políticos se defina el camino de gastos e ingresos que debe seguir el Consistorio. Si no, "estaremos en la denuncia, explicando dónde y de qué manera inútil se ha gastado los recursos el PP", advirtió el jeltzale Borja Belandia.
Como cabía esperar, la intervención del PSE dio lugar al tradicional cruce de acusaciones entre el ex alcalde de Vitoria y el actual equipo de gobierno a propósito de las herencias recibidas. Patxi Lazcoz introdujo: "Esta ley castiga a todos los ayuntamientos por igual, con independencia de la deuda, y lo que intenta el PP es que ninguna administración se mueva para que no se vea que se pueda gestionar la situación de otra manera". Y luego atacó: "porque cuando entramos en el Ayuntamiento había 90 millones de euros de deuda generada durante la época de bonanza, por el gabinete Alonso, habiendo superávit". El concejal de Hacienda, Manu Uriarte, replicó que el Consistorio vitoriano no puede sentirse especialmente discriminado por el reglamento porque se ubica en la lista de los que "no están en buena situación económica". La culpa, dijo, es "de Lazcoz", que contrajo "94 millones de deuda durante su legislatura", convirtiendo Gasteiz en el consistorio vasco "más endeudado". "Dejamos 53", se defendió el socialista.
Números aparte, Lazcoz sí logró apuntarse un tanto al preguntar al interventor por si, dada la situación, hubiera sido mejor disponer de unas Cuentas que estar con una prórrogra presupuestaria. Barrio reconoció que "a un interventor nunca le gusta la prórroga". También, a preguntas del portavoz socialista, consideró "recomendable a todas luces", empezar a realizar informes de cada uno de los proyectos que se quieran ejecutar para saber si la administración es capaz de sostenerlos. Plan de Movilidad Sostenible, Casco Viejo, nuevos barrios... Hay muchas actuaciones prometidas por el Ayuntamiento sobre las que ahora se eleva un gran interrogante.