Vitoria. La vaquería de Aretxabaleta denuncia que no se ha podido mudar a la nueva parcela de Gardelegi porque el Consistorio no ha agilizado los trámites para recalificar el terreno, pese a que ya han pasado siete meses desde que el pasado 9 de noviembre se hizo efectivo el desmantelamiento de la explotación.

Pero sus dueños, además de sentirse acorralados por tener que convivir con las molestas obras de urbanización del sector 19, donde se pretenden construir 166 viviendas protegidas, aseguran que aún no han cobrado un euro de la indemnización prometida, que ascendería a casi medio millón de euros, según la comunicación enviada por la Junta de Concertación el 15 de noviembre. Una cifra que, para los propietarios de la explotación, "no se parece en nada" a la oferta de 2,5 millones de euros que hizo pública en los medios de comunicación el anterior gobierno de Patxi Lazcoz.

Ante esta frustración, uno de los socios de la finca, Gerardo López de Suso, ha decidido no cesar su lucha. El 13 de mayo, en la recepción que el Ayuntamiento ofrece por San Isidro a las juntas administrativas, el ganadero pensó que era la ocasión ideal para preguntar a los grupos municipales por los avances de su caso. Y, para su sorpresa, los representantes de algunos partidos pensaban que la vaquería ya había recibido los 2,5 millones de euros. "Les contesté que sólo me los ofrecieron a través de los medios de comunicación, porque yo no he recibido nada".

López de Suso recuerda una conversación con un representante del PP en la que, según afirma, le transmitió que tenía una parte del dinero depositada en el Consistorio y otra en el juzgado. "Le dije que a mí no me constaba". También que la recalificación de los terrenos ya estaba aprobada y había pasado a Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco. "Extrañado, pregunté a EB, PNV y Bildu si recordaban algún Pleno municipal en el que se hubiese dado luz verde a la reconversión de la parcela de Gardelegi donde tengo previsto instalar la nueva granja y la respuesta fue que no recordaban haber tratado ese tema". Y, además, que "era ilógico", en referencia a las dificultades que está teniendo para el traslado.

Por eso, siete meses después del polémico cierre de la granja -con presencia policial y manifestantes a las puertas del pueblo-, López de Suso, se siente "acorralado" en su explotación, por la presencia de las excavadoras y sin saber cuándo podrá trasladar su vaquería. "He vendido una treintena de las noventa vacas que tenía porque así es imposible trabajar", se queja. Ahora, con el cambio de gobierno en el Ayuntamiento, dice que está obligado a dar al alcalde un voto de confianza, pero "sin tiempo ni paciencia para recibir más mentiras e hipocresía".